El designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, manifestó a la salida de una reunión con la futura ministra de Economía, Azucena Arbeleche en enero pasado, que la seguridad social “está absolutamente quebrada”. Alfie propuso como una “solución”, el incremento de la edad jubilatoria, en tanto en Uruguay “somos mucho más activos y podemos rendirle a la sociedad más tiempo”. El futuro jerarca se mostró confiado en “hacerle adecuaciones al sistema y adecuarlo a la realidad mundial”, señaló.
Consultado el director en representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, dijo a EL TELEGRAFO que una vez conocidas las declaraciones de Alfie, “hemos sido muy claros en desmentir que el BPS está quebrado o que la seguridad social en Uruguay esté quebrada”. Como representante social, “debemos decir que el instituto de seguridad nunca estuvo mejor que ahora. Es cierto que hay cosas para mejorar. El BPS necesita cambios que garanticen su viabilidad económica y financiera. Pero si lo comparamos con lo ocurrido históricamente, todos los indicadores del BPS han mejorado”. El equipo convocó a un “frente social”, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la discusión y defensa de los derechos adquiridos
NO ES URGENTE
Ruiz mencionó que la seguridad social cuenta con “la mayor cantidad de puestos cotizantes de toda la historia del BPS. Tenemos la mayor cantidad de jubilados cubiertos por el BPS y esos jubilados cobran mejores prestaciones que hace algunos años. Por supuesto que hay que seguir mejorando las jubilaciones mínimas y ojalá que en julio de este año, se continúe con la política de ajustes diferenciales para las pasividades más bajas”.
Recordó que “en 2004, la relación activo-pasivo era de 1,8. O sea, casi dos trabajadores por un jubilado y ahora tenemos más 2,5 trabajadores por cada jubilado”. Reconoció que con estos indicadores, igualmente el BPS “necesita una asistencia financiera importante”. Sin embargo, argumentó que “cuando el señor Isaac Alfie era ministro de Economía, la asistencia financiera que necesitaba el BPS era cuatro veces más que la que necesita hoy. Todos estos indicadores y otros, son los argumentos que tenemos para afirmar que el BPS no está quebrado. La seguridad social necesita una reforma, pero no es urgente”.
Un estudio actuarial muestra las proyecciones realizadas por el BPS sobre su propia situación económica y financiera. Allí señala que “recién dentro de dos décadas, el BPS comenzará con un deterioro si no hacemos nada ahora. Entonces, tenemos tiempo para discutir en un diálogo social amplio, una reforma integral de la seguridad social para que dentro de 20 años no ocurra lo que hoy dicen las proyecciones. Por supuesto, en ese diálogo hay que incluir la discusión de una edad de retiro a los 65 años, como plantea Alfie. O si es conveniente la comisión de expertos que tiene que tratar los temas de seguridad social”, resaltó.
COMISIÓN DE EXPERTOS
Ruiz opinó que “los temas de la seguridad social no deberían estar en una ley de urgente consideración. Primero por el número de artículos que se tratan y puede ocurrir que los temas relacionados a la seguridad social no se discutan con la profundidad y cuidados debidos. Como una definición muy general, decimos que los artículos referidos a la seguridad social, deberían tratarse en el diálogo y no en una ley urgencia”.
La Ley de Urgente Consideración propone que una comisión de expertos aborde los cambios a la seguridad social. No obstante, “una comisión de expertos no es el diálogo social. Esa comisión puede resolver aspectos que cambiarán las reglas de juego, tanto para trabajadores, jubilados o empresarios. No sabemos cuáles. Y sin participación de esos sectores sociales, nos parece que no es el camino correcto para una reforma de la seguridad social”, dijo Ruiz.
ECONÓMICA Y SOCIAL
El equipo en representación de los trabajadores considera que esta reforma “debe preocuparse por la viabilidad económica y financiera, pero también por su viabilidad social. Un sistema puede ser perfecto desde el punto de vista económico y dar superávit, pero quizás no esté legitimado por la gente que entiende que aporta pero no recibe en relación a su esfuerzo”.
Un diálogo social convoca a “todas sus partes; trabajadores, empresarios y jubilados. Además, facilita la discusión parlamentaria”, en tanto llega a un consenso por mayoría.
FRENTE SOCIAL
La representación de los trabajadores mantuvo reuniones con la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) y la representación social de los pasivos en el directorio, a fin de crear “un frente social”.
Ruiz reconoció que le “hubiese gustado discutir esta reforma en el período anterior, pero no hubo condiciones para hacerlo. El deterioro de la economía y el enlentecimiento del Producto Bruto Interno le dio al gobierno saliente otra preocupación. Los trabajadores nos habíamos preparado para discutir ésto en cualquier escenario, pero no debemos hacerlo solos”.
Enumeró un plan de actividades que comenzará el 8 de marzo, con la secretaría de género del Pit Cnt “porque las mujeres tienen una cantidad de inequidades para resolver”. En abril será junto a la secretaría de la discapacidad del Pit Cnt, en mayo con los sindicatos del sector rural, en junio o julio será con trabajadores migrantes y en agosto, “lo haremos junto a las trabajadoras domésticas”. En estos casos, “donde no se habilite la negociación colectiva y comience a campear la informalidad, tanto los rurales, migrantes, las personas con discapacidad y las domésticas serán los primeros en sufrir las consecuencias de esas dificultades”, dijo Ruiz.