La Justicia condenó al maestro de 31 años que fue hallado responsable de filmar a alumnas menores de edad en la Escuela 76 de Paso Castell de Corrales, hecho ocurrido en noviembre pasado. Contando con varios elementos probatorios –entre ellos los videos hallados en el celular del docente– y la confesión del delito, fue celebrada una audiencia que terminó en juicio abreviado, donde se resolvió condenarlo a 16 meses de prisión que cumplirá mediante el sistema de prisión domiciliaria total y libertad asistida vigilada. Además se le impuso la prohibición de ejercer funciones públicas o privadas por el término de 10 años.
Próximo a las 10 de la víspera, se dio ingreso a la sala al denunciado, G.M.S.D, carente de antecedentes penales. Dentro lo aguardaba la jueza penal, Gabriela Aspiroz; la fiscal encargada del caso, Cecilia Irigoyen; las abogadas defensoras y el abogado de las víctimas, Eduardo Piaggio. Luego se habilitó que pasaran los padres denunciantes. Si bien las audiencias son públicas, se permitió el acceso a la prensa a tomar imágenes antes que pasaran los involucrados; pero no se dejó permanecer en calidad de oyentes ya que –según explicaron– “se trataba de un tema sensible y que involucraba a menores de edad”.
Según pudo saber EL TELEGRAFO, el docente ya había sido denunciado ante autoridades del Instituto de Formación Docente en 2009 por compañeras de estudio, debido a actitudes impropias para con menores en la escuela donde se desempeñaba como practicante. En esa oportunidad habría sido sometido a una junta médica para dictaminar si estaba apto para tratar con niños. Sin embargo en 2010 logró graduarse como maestro.
DIJO TENER “PROBLEMAS” PARA CONTENER SU LIBIDO
Tal como informara EL TELEGRAFO, una noche de noviembre pasado dos alumnos entraron al único baño habilitado para ducharse. Lo hicieron luego de sus compañeritas. En ese momento vieron que el celular del maestro estaba colocado cerca de donde dejaban los cepillos de dientes, con el foco hacia el área de duchas. La curiosidad los llevó a tomar el dispositivo y espiar qué había en una grabación que estaba corriendo.
La sorpresa fue grande al encontrarse con imágenes donde se podía ver claramente a dos compañeritas de 10 y 12 años duchándose. Conscientes de que eso no era correcto, los niños fueron a contarle a una de las protagonistas del video, que al enterarse entró en una crisis de nervios y pidió a la directora que llamara a sus padres.
Si bien los niños accedieron a un solo video, se sospechaba que hubiera más, lo que luego se comprobó por policías de Delitos Informáticos donde se identificaron a otras dos niñas filmadas en igual situación. Una vez advertidos los padres, éstos fueron contra el maestro a pedirle explicaciones, ocasión en que el docente dijo que usaba el celular desde hacía un tiempo para medir el tiempo que demandaba cada ducha y así calcular el gasto de agua, de acuerdo a un proyecto sobre escuela sustentable que estaba desarrollando en beneficio de la institución. La respuesta, carente de fundamentos, no conformó a los padres que optaron por denunciar el hecho ante la Comisaría 10ª de Tambores.
En el proceso de las averiguaciones, G.M.S.D, reconoció ante la fiscal haber tomado las imágenes y que eran para su satisfacción.
“Confesó que en dos oportunidades había filmado a niñas de la escuela donde él cursaba como maestro, niñas de 4º a 5º año, y que aprovechando la oportunidad de que estaba haciendo un proyecto para una escuela sustentable, de cronometrar el uso del baño y la luz eléctrica, había colocado su celular y con eso filmaba a las niñas. En la audiencia que tuvimos en Fiscalía (en diciembre), él se mostró arrepentido acerca de sus hechos y manifestó a través de sus abogadas que desde ya quería comenzar un tratamiento porque al parecer tenía alguna problemática”, dijo la fiscal Cecilia Irigoyen. En el celular, comentó la doctora, “se encontraron dos videos en que se ven las niñas en el baño sin ropa”.
JUICIO ABREVIADO CON PENAS ACCESORIAS
Una vez acordados los términos, la Justicia dispuso la formalización de la investigación y posterior juicio abreviado respecto a G.M.S.D, imputado y condenado por “dos delitos de fabricación o producción de material pornográfico utilizando imagen de personas menores de edad en reiteración real”, imponiéndole como pena 16 meses de prisión las que se cumplirán en régimen de libertad vigilada con las siguientes medidas: la obligación de fijar residencia y no mudarse sin previo aviso al Tribunal; la prohibición de cualquier tipo de contacto, acercamiento, comunicación y relacionamiento con las víctimas menores por el término de 180 días; 8 meses de arresto domiciliario total, con la sola excepción de salida a los efectos de realizar tratamiento médico psiquiátrico; 8 meses posteriores de presentación a la comisaría de su domicilio, una vez a la semana; la obligación de someterse a tratamiento psiquiátrico para atender su problemática, debiendo acreditarlo en forma mensual ante la sede; y la prohibición de salir del país.
Además se dispuso “la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, así como la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud y todas las que impliquen trato directo con niñas, niños o adolescentes o personas con discapacidad o personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o la salud por el término de 10 años”. Y el resarcimiento económico a las cuatro víctimas directas, es decir las niñas que aparecen en los videos, por doce salarios del que percibía al momento del hecho.
Consultado sobre las denominadas penas accesorias, la fiscal Irigoyen precisó que son sanciones establecidas por la ley de género que es “importante considerar”. “Las penas de prisión efectiva no son las únicas que nos van a resolver y le van a dar satisfacción a la población en general. Cuando hay condenas accesorias como esa, realmente van a ser una limitante para la persona. Él admitió el acuerdo, y aunque no lo hubiera hecho, esas sanciones accesorias se iban a aplicar. Esto nos valió para poder establecer una pena no privativa de libertad total, es decir mixta, pero consideramos que sí será una gran sanción para él la de no poder ejercer ningún cargo público o privado en el área educativa o salud que involucre a niños, niñas y adolescentes. Lo otro que también se dilucidó, pero no fue solicitado por Fiscalía –aunque se impone por la ley– es la sanción de tipo pecuniaria que es una retribución patrimonial a las víctimas solicitando que para asegurarse el cumplimiento ya se asegurara una condena respecto a los bienes del imputado y la jueza hizo lugar a ello”.
