Más de 300 representantes de las filiales departamentales del Pit Cnt se reunieron en la sede central del movimiento sindical, en Montevideo, a fin de analizar el borrador de anteproyecto de Ley de Urgente Consideración. Una comisión conformada por asesores legales y técnicos del plenario intersindical elaborará un documento que presentará en la próxima Mesa Representativa Nacional Ampliada que se reunirá el 20 de febrero.
En la oportunidad, los delegados rechazaron algunos contenidos del proyecto de ley y, si bien no resolvieron medidas concretas, tampoco descartaron ninguna.
“Esta fue una reunión de varias, donde las diferentes gremiales, federaciones y sindicatos, realizarán puntualizaciones sobre las ramas a las que pertenecemos. Aportaremos la visión global de la ley y el perjuicio que puede provocar sobre las negociaciones. En una primera lectura, decimos que es restrictiva y va contra los avances del movimiento sindical”, dijo el dirigente del Pit Cnt Manuel López.
Explicó que “en primer lugar, es así en lo referido a las empresas públicas y particularmente Ancap, con la desmonopolización y la no instalación del tercer horno. No solo relacionado a los puestos de trabajo que pueden perderse, sino vinculado a lo que moviliza en su entorno. Algo similar sucede con las telecomunicaciones que, a pesar de ser una empresa de punta, pone el ojo sobre su desempeño”.
López señaló que 90 días no alcanzan para discutir 457 artículos, “en ninguna instancia parlamentaria ni con el resto de la sociedad. De hecho, tampoco conocemos las opiniones de los demás partidos que integran la coalición multicolor. Por lo tanto, cuando ingrese como un proyecto para su discusión, veremos que el tiempo no alcanzará para avanzar en su consideración”.
El dirigente recordó que “mucho de lo dicho durante la campaña, está contenido en esta ley. Por lo tanto, el movimiento sindical no descarta ninguna negociación o medida que nos permita posicionar nuestra visión y plantear alternativas”. López señaló la posibilidad de “asociarnos con organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo Fucvam por el tema de la vivienda, para procurar cambios a ley de urgencia”.
El 20 de febrero se efectuará la primera mesa representativa nacional ampliada del Pit Cnt, “donde recogeremos todos los planteos e integraremos comisiones con sindicatos y asesores. Ese día, además, se expedirá la coalición multicolor sobre las modificaciones que pretenderá incluir en el proyecto de ley de urgencia”, señaló.
DEROGACIÓN DE OCUPACIONES
En el primer análisis de la ley, la central no descartó medidas e incluso analizar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, o un referéndum contra la ley de urgencia, en caso de aprobarse tal como está. El designado ministro de Trabajo, Pablo Mieres, mantiene diferencias en torno a las ocupaciones de los lugares de trabajo y aseguró que “no es una extensión del derecho de huelga”. En su opinión, “en este gobierno ha habido una doble vara porque no se toleran las ocupaciones de las oficinas públicas, porque se desalojan inmediatamente, pero sí se aceptan las de las empresas privadas”.
Consultado al respecto, López señaló que “así como está planteada la ley es mucho más que eso. Las movilizaciones pueden ser intervenidas por parte de los ministerios públicos. Es imposible, desde el punto de vista de lo que dice la ley, mantener el criterio de llevar adelante las medidas de lucha como una ocupación, siempre y cuando se garantice para la otra parte –otros trabajadores y empresarios– el derecho a ingresar a los lugares de trabajo.
Es algo contradictorio que en medio de una medida puedan convivir dos o tres pareceres, con respecto a una medida resuelta. Si se aplica tal y como está planteada, no sabemos en qué puede terminar”.
De acuerdo al dirigente, “de cientos de empresas en el país, hubo doce ocupaciones. Y eso no representa un porcentaje siquiera visible en los números. Por lo tanto, el tema no son las ocupaciones sino la tendencia a reglamentar el accionar del movimiento sindical”.
NEGOCIACIÓN TRIPARTITA
Mieres se comprometió a que los Consejos de Salarios no sufran modificaciones y en tal sentido, López precisó que “hasta ahora existe voluntad de mantener la negociación tripartita tal como está”. Sin embargo, preguntó si “con todo esto sobre la mesa, los 76 grupos que vayan a negociación este año, tendrán garantías de que todo estará contemplado en función de sus propuestas. Porque, si hay reglamentación en algunos aspectos, también ponen dudas hacia dónde derivarán los consejos de salarios”.
En forma paralela, este año el Parlamento deberá discutir el presupuesto nacional. “Hay que ver las características de este presupuesto y se lo preguntamos a los legisladores, que deberán considerar tantos temas, como la ley de urgencia en 90 días. Además, una coalición que tiene mayorías, puede imponer el criterio de que esos 90 días no sean tales”.
PROPUESTA
López aseguró que en el movimiento sindical, “no agotamos ninguna medida. Después de la lucha que dimos por las empresas públicas y que hoy aparezca una ley que le saca el monopolio a una de las empresas que más defendemos, como Ancap, nos preguntamos quién puede negar que los trabajadores quieran imponer hasta con un referéndum, la defensa de esta conquista que es de la década del 90”.
Sin embargo reconoció que tal medida no está resuelta, “así como la manija que dieron algunos, de que el 2 de marzo el movimiento sindical saldrá a la calle. No se trata de eso. Pero cuando se agoten las posibilidad y no nos escuchen más, todas las medidas son posibles”.
