A partir del pedido del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ec. Isaac Alfie, de que los directorios de las empresas del Estado como Ancap, UTE, OSE, Antel, elevaran al Poder Ejecutivo un estudio tarifario, es decir la pirámide de costos a efectos de determinar en qué punto se encuentran para analizar ajustes, se ha suscitado una airada respuesta de la mayoría de estos directorios, integrada por la administración anterior, es decir del Frente Amplio, basada en elementos de contenido político-partidario, al solicitar opinión a la dirigencia de la coalición de izquierdas, la que rechazó proporcionar esta información.
Es decir, que lo que aparece nítidamente es el tratar de esquivar eventuales costos políticos de un incremento tarifario, el que disponía el Frente Amplio en sus sucesivas administraciones a partir de cada enero, y aunque en este año electoral había anunciado previamente que “no era seguro” que habría incremento tarifario.
Bueno, con el resultado a la vista de las urnas adverso en noviembre, se decidió no ajustar las tarifas y dejar que esto lo hiciera el nuevo gobierno, pese a que existe un deterioro manifiesto, ya desde hace tiempo, de las cuentas del Estado, con números en rojo, es decir el criterio repetido por el Frente Amplio de utilizar a las empresas públicas como UTE, Antel, etcétera, como agentes de recaudación para volcar dinero a Rentas Generales.
Por supuesto, este recurso no lo inventó el Frente Amplio ni mucho menos, sino que ha sido un salvavidas que han utilizado con mayor o menor énfasis todos los gobiernos, mediante decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo, de acuerdo a las necesidades y evaluaciones del impacto que implicara cada ajuste tarifario en la inflación y la economía familiar, de las empresas y el escenario general.
Debe tenerse presente en este contexto que durante la Administración Vázquez, el propio presidente de UTE, Ing. Gonzalo Casaravilla, había indicado en su momento que desde el punto de vista de las necesidades de la empresa, no se necesitaba un ajuste tarifario, pese a lo cual sí se decidió un aumento debido al pedido del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de que el ente vertiera más de un centenar de millones de dólares a Rentas Generales para tratar de enjugar parcialmente el déficit.
Ello nos plantea en términos generales cual es la problemática de las empresas públicas y la eterna discusión sobre cuál es el papel que deberían jugar en la economía, porque se las reivindica como propiedad de todos los uruguayos, cuando en realidad –como lo reconociera incluso en su momento el excanciller Rodolfo Nin Novoa– las empresas son de los funcionarios, o por lo menos éstos así lo asumen, y su funcionamiento no es precisamente una apuesta al mejor servicio, sino en muchas instancias una forma de recaudación encubierta de impuestos para el Estado.
En este sentido debe evaluarse el entredicho con los directorios que cuentan con mayoría de la coalición de izquierdas, al no haberse renovado todavía las autoridades, y su rechazo a informar sobre su estructura de costos y tarifas a las nuevas autoridades, a la espera de las designaciones, en tanto con las tarifas atrasadas y la merma en la recaudación en términos reales se sigue incrementando el déficit fiscal.
El único organismo que decidió remitir la información requerida fue Ancap, presidida por Marta Jara, puesta en su cargo por el Frente Amplio pero que se desmarcó de la decisión orgánica de la coalición de izquierdas para cumplir con el requerimiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. En el caso de Ancap, con el antecedente de la gestión de Raúl Sendic y recapitalizada, debido a su déficit, en más de 600 millones de dólares, así como la gestión de reordenamiento de la administración de la empresa que llevó a cabo, debe tenerse presente que el organismo no ha subido los combustibles desde hace más de un año, más precisamente catorce meses, período en el cual, según la propia OPP, los precios al consumo han aumentado por encima del 11,75 por ciento, el dólar aumentó un 21,5 por ciento y los salarios en promedio prácticamente un 18 por ciento.
Igualmente, el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio se reunió para dar a conocer una declaración donde expuso estar preocupado por los nombramientos de las empresas públicas que debe realizar el nuevo gobierno y puso a disposición los cargos que actualmente tiene en los entes.
Consigna que el nuevo gobierno “tiene la potestad y la obligación de tomar las decisiones político-institucionales correspondientes a la gestión de las empresas públicas y manifiesta preocupación por la falta de señales para el nombramiento de los nuevos directorios” de las empresas públicas.
A su vez el Frente Amplio indica que es “diferente seguir integrando los directorios mientras se tramitan las venias para no dejar las empresas desprotegidas a asumir la gestión desde la nueva política pública que no conoce y no le corresponde definir”, a la oposición.
Por su lado el exministro de Economía y Finanzas Ec. Danilo Astori argumentó que “la responsabilidad de la fijación de tarifas en todo tiempo y lugar es del Poder Ejecutivo. Es el presidente con los ministros correspondientes el que tiene que decidir”.
Chocolate por la noticia. Es lo que han hecho el Frente Amplio en los tres períodos que le tocó administrar el país y los anteriores gobiernos de otros partidos, y naturalmente, no se trata de tarifas neutras que responden solo a los costos de las empresas, aunque sean ineficientes, sino que ha primado el criterio político, sobre todo el de la recaudación para el Estado por vía encubierta y a la vez tratar de ponderar ese sobrecosto tarifario con la incidencia de esos servicios en la inflación y la economía en general.
Por cierto, no costaba nada a los directorios de los organismos enviar la información requerida y si entienden que lo habían hecho ya, reenviarlas a pedido con las aclaraciones pertinentes, porque no se trata de personas y partidos, sino que son empresas que tendrían que tener transparencia y responder ante los ciudadanos, en lugar de que sus directores se encierren entre cuatro paredes y prestarse a juegos políticos.
No se requiere ser un experto en economía ni en política para inferir que este entredicho entre el Poder Ejecutivo y los directorios de empresas públicas que responden a la mayoría frenteamplista es puramente de carácter político-ideológico y que detrás subyacen además los intereses electorales, porque se trata de esquivar costos políticos y tratar de cargar el fardo al otro. En este caso claramente el Frente Amplio le dejó al nuevo gobierno el fardo de aumentar tarifas que tenían que subirse sí o sí para corregir los desvíos, pero sobre todo porque deja al nuevo gobierno un déficit fiscal de casi el cinco por ciento del PBI para lo que debe seguirse apelando por ahora, como lo estaba haciendo Astori, a sobrecostos tarifarios para remitir la diferencia a Rentas Generales, hasta que pueda reactivarse la economía y a la vez abatir el gasto estatal.
Y el nuevo gobierno, que promovía en su campaña electoral que debían bajarse los combustibles y los precios de la energía para reactivar el país, se encuentra por lo menos en esta primera etapa con que sí deberá incrementar estos insumos, para no tener aún más impacto en el déficit fiscal, a cuenta de otras medidas que sí apunten a mejorar la competitividad y reactivar el país.
Pero de lo que se trata es de plazos y expectativas a satisfacer, ante acciones que debieron haberse implementado ya hace tiempo. El escenario forma parte de la encerrona heredada por el deterioro de la economía y el escaso margen de maniobra, legado de una administración que hizo disparar el gasto público que hoy nos acorrala, pese a los eslóganes y las volteretas dialécticas de los que dejan el gobierno. → Leer más
UTE perdió un juicio con ribereños del lago del Rincón del Bonete y no podrá pasarse de la cota 80. Desde 2016, los ribereños están organizados y realizaron un juicio a UTE por el mal manejo del lago de la represa. En primera instancia, habían perdido el juicio, pero ganaron en una segunda instancia. La resolución se dio a conocer el 26 de febrero y a partir de ahora, UTE no podrá superar la cota 80 por orden judicial en el lago.
