Como consecuencia de operativos en que hubo marcada presencia policial en las calles, han surgido ya cuestionamientos, a solo una semana de gestión del nuevo gobierno, que ni siquiera terminado de instalarse, de varios dirigentes frenteamplistas que manifestaron en redes sociales y en declaraciones a la prensa su “preocupación” ante los operativos del Ministerio del Interior, que valieron que la Institución Nacional de Derechos Humanos abriera seis expedientes por supuestos abusos policiales.
Así, el candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, la también candidata y senadora del Frente Amplio, Carolina Cosse, y el senador Oscar Andrade mostraron su “preocupación” ante la “posibilidad de que se empiece a armar un ambiente de militarización”, refiriéndose a operativos policiales que han tenido lugar fundamentalmente en Montevideo, pero que también se han dado en alguna ciudad del Interior, con el común denominador de una mayor presencia de agentes policiales en la vía pública.
Pero agitando cucos de la época de la dictadura –que las guerrillas de izquierda contribuyeron a traer– tenemos expresiones como las de Cosse, quien dijo que Uruguay “no quiere dar por hecho” un clima “que no es la forma de crecer ni de comportarse a la uruguaya”.
“Más que nunca unidas, más que nunca todos unidos para seguir construyendo democracia, y atentos a cualquier gesto que la violente”, comentó en declaraciones a radio Universal.
Por su parte Andrade comentó que hará un “seguimiento” de los casos que están a estudio en la Inddhh, y explicó que combatir el crimen organizado “parece tener poco que ver con combatir a quien hace malabares en la calle”.
Esas expresiones del legislador comunista son en relación al episodio que ocurrió el pasado jueves, cuando un efectivo de la Guardia Republicana redujo con un arma de munición no letal a un malabarista, que, según la información conocida, estaba generando “disturbios” en estado etílico, con los machetes que utiliza para hacer malabares en una plaza de San José. Incluso los operativos del Ministerio del Interior dieron lugar a la salida a la prensa del intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien le solicitara una reunión al ministro Jorge Larrañaga por entender que los procedimientos afectaban la convivencia ciudadana, en tanto Larrañaga respondió la invitación y dijo que lo que “afectaba” a la convivencia eran “los delincuentes”.
El jerarca consideró que “no se puede hablar” de lo ocurrido en San José como una situación en la que se vulneraron derechos “porque esa persona (el malabarista) estaba con machetes, en estado etílico y generando refriegas y disturbios”.
En este sentido dijo que lo que se hizo fue intervenir y que el operativo “estuvo bien”. “Tiene mi respaldo totalmente. La gente tiene que ayudar a la Policía para que todos podamos tener convivencia y paz en las relaciones humanas”, agregó. Por otra parte, y en referencia a la convivencia, Larrañaga reiteró: “Los que afectan la convivencia son los chorros, los delincuentes, los criminales, esos son los que afectan la convivencia”.
Además, señaló que no se puede empezar a “levantar una suerte de sospecha” contra la Policía y el Ministerio del Interior, pretendiendo “deslegitimar” lo que son los operativos para mantener el orden.
De eso se trata, precisamente, de la resistencia de la izquierda a ejercer la autoridad para proteger al ciudadano honesto, al vecino común, al que trabaja y se esfuerza por llevar el sustento diario a su familia, en tanto a la vez tiene particular contemplación con los delincuentes que azotan casas y barrios porque los sigue considerando “víctimas” de la sociedad, que con sus delitos e incursiones contra la propiedad privada pretenden en alguna medida resarcirse de la injusticia de la que supuestamente han sido víctimas.
Este escenario que se ha extendido durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, ha sido uno de los factores que llevaron al pronunciamiento ciudadano en las urnas, en el último acto eleccionario, en que se dio la mayoría a la coalición multicolor, y tiene razón el presidente Luis Lacalle Pou cuando al ser preguntado sobre el tema, dijo que respalda plenamente las medidas del Ministerio del Interior, “porque eso fue lo que prometimos en la campaña electoral, y lo estamos cumpliendo”.
Lamentablemente, el tema de la defensa de los derechos humanos en la izquierda ha sido siempre distorsionado y sesgado desde el punto de vista ideológico, con menosprecio de los derechos del ciudadano común, y no puede extrañar por lo tanto que sobre este tema en particular la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) informó que abrió expedientes por los presuntos abusos policiales ocurridos y algunos de ellos difundidos en redes sociales en los últimos días.
“La Inddhh informa que ha recibido varias denuncias relacionadas con la actuación de efectivos policiales, entre otras, las de público conocimiento ocurridas el día de ayer en la plaza 4 de Octubre de la ciudad de San José”, señaló oficialmente la institución en su cuenta de Twitter. Además, anunció que inició las investigaciones por todos los casos.
Juan Faroppa, director de la institución, dijo que se evaluarán estos casos en el Consejo Directivo y expresó que según las denuncias “hay una actitud de la Policía, según se nos comunica, con un exceso del uso de la fuerza o lenguaje inadecuado al referirse a las personas por su aspecto físico”. Por ejemplo, señaló que una de las denuncias fue hecha por alguien que llevaba una calcomanía del FA en la moto y al que supuestamente los policías insultaron y le dijeron “Se te acabó el recreo”, lo que no deja dudas sobre el origen ideológico de la denuncia.
Agregó que también se denunció la filmación de las personas que participaron de la marcha por el Día de la Mujer y que “es clarísima la Corte Interamericana en que se vulnera la libertad de expresión. Si veo que hay policía que me está filmando a efectos de qué, o qué pasa con esas imágenes, puede tratarse de una medida intimidatoria. Depende cómo se manejen las situaciones”, comentó Faroppa, que dijo que para filmar “tiene que haber un debido fundamento. La filmación de las personas en una marcha no tiene mucho que ver con actividades de inteligencia”.
Estos razonamientos lineales son de neto cuño ideológico, pero el ciudadano común, que es la víctima recurrente de la delincuencia cuyos “derechos” se han privilegiado durante los gobiernos de izquierda, evidentemente se siente más tranquilo con la presencia policial en las calles y por supuesto, el único que tiene que tener recelo cuando se le pide la cédula de identidad es el delincuente o quien tiene temas pendientes con la justicia.
A la vez, nadie en su sano juicio puede dudar que el vecino preferirá tener en la esquina a un policía que a un motochorro acechando, salvo en la particular visión ideológica asimilada al exministro del Interior del primer gobierno del Frente Amplio, José Díaz, quien liberó 800 delincuentes de las cárceles, sin preocuparle que estas personas iban derecho a delinquir y a hacer víctimas de sus tropelías al vecino indefenso, como efectivamente ocurrió.
