Más de 20 empresas sanduceras comenzaron -entre lunes y martes- a gestionar el pasaje al seguro de desempleo de parte o la totalidad de sus trabajadores, en una de las primeras medidas que se están tomando ante el menor volumen de ventas que se registra en el comercio local ante la emergencia sanitaria y la sugerencia de restringir la movilidad para evitar la propagación del coronavirus Covid-19, según un relevamiento parcial realizado por EL TELEGRAFO en algunos escritorios contables. Estas gestiones se realizaron en el marco del seguro de desempleo tradicional, que contempla a los trabajadores que cesan circunstancialmente por más de 30 días y se les paga el 50% de su salario.
AL SEGURO POR MENOS DE 30 DÍAS
Sin embargo, ayer el Poder Ejecutivo resolvió crear un seguro de desempleo especial ante la situación de alerta sanitaria, por el cual se habilita por 30 días prorrogables por 30 días más, a los sectores que en principio se verían más afectados por las medidas de prevención, como el comercio, servicios turísticos, restaurantes y agencias de viaje, entre otros, al cual las empresas podrán acogerse hasta el 18 de abril o eventualmente por 30 días más si la crisis sanitaria y económica se mantiene. En este caso especial, el trabajador cobrará durante los hasta 15 días que no trabaje, el 25% del salario promedio de los últimos seis meses, según aclaró a EL TELEGRAFO el director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz.
Es un “subsidio por desempleo” parcial, por lo que se podrá solicitar el seguro de paro por lapsos menores a un mes, aunque también habilita que el trabajador pueda desempeñarse durante la mitad de su horario con el salario pagado por la empresa por las cuatro horas que trabaja, y el resto del horario -que no va a trabajar- lo paga el Banco de Previsión Social (BPS).
HABÍA 40.000 TRABAJADORES EN EL SEGURO
Si bien a nivel local no se lleva una sumatoria de las solicitudes presentadas ante el Banco de Previsión Social, ya que ingresan al sistema informático nacional, se estima que a nivel nacional las solicitudes de seguro de desempleo normal se mantenían ayer en poco más de 40.000, pero con el nuevo sistema aprobado por el gobierno, esa cifra aumentará sensiblemente.
Solamente en el caso de dos cadenas de zapaterías, Macri y Toto, los trabajadores que ingresarían a este sistema son más de mil en todo el país, a lo que deben sumarse los trabajadores de los comercios instalados en la veintena de shoppings que hay en el territorio nacional, que todos cerraron de común acuerdo.
El Banco de la República también decidió cerrar algunas de sus agencias, y en el caso de Paysandú la sucursal Río de los Pájaros, en la terminal, no atiende en forma personalizada, quedando solamente los cajeros y buzoneras automáticas para el servicio público. La sucursal del BROU en 18 de Julio y Montevideo se mantiene atendiendo al público normalmente.
Los hoteles sanduceros han tomado diferentes medidas, y mientras hay un caso confirmado donde cerraron y enviaron el personal al seguro de desempleo, otros casos han mandado a parte de sus trabajadores al seguro ante la disminución de la demanda, como el caso de un hotel que de sus cinco mucamas quedó con dos ya que -al menos hasta ayer- la ocupación bajó a un 50% de lo habitual. También hay quienes han recompuesto los horarios -por ejemplo, con menos gente en recepción- ante la baja de la demanda, pero sin enviar personal al seguro.
Un caso paradigmático es el del hotel Enjoy (ex Conrad) de Punta del Este que anunció que cerrará a partir de hoy hasta que pase la emergencia de coronavirus. Entre 700 y 800 empleados serán enviados al seguro de desempleo, según informó FM Gente, y otros 200 quedarán trabajando en tareas administrativas, guardias y mantenimiento, tanto en forma remota como presencial. Además, ofreció sus 300 habitaciones para usarlas como centro hospitalario, en caso de ser necesario.
EL PROBLEMA DE LOS TRABAJADORES EN EL MUNDO
Según Sergio Ferrari, corresponsal de ECUPRES en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, ya hay una “hipótesis sobre el impacto de la pandemia en el mundo laboral”, y destaca que además de la crisis sanitaria, según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicado ayer, “el COVID-19 podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas, superando así el efecto de la crisis financiera de 2008-2009”, cuando hubo 22 millones de desocupados, por más que en Uruguay prácticamente no se sintió.
El estudio sobre el efecto laboral de la pandemia oscila entre la visión “prudente”, con un aumento de 5,3 millones de desempleados, hasta la “extrema”, que calcula 24,7 millones de desempleados en el mundo producto de la actual situación sanitaria. Esto afectaría “de manera desproporcionada a determinados grupos más vulnerables”, dice el informe titulado “El Covid-19 y el mundo del trabajo: consecuencias y respuestas”.
Según el principal organismo laboral internacional, dichas pérdidas se podrían ubicar entre 860.000 millones y 3,400 millones de dólares estadounidenses cuando concluya el 2020. Lo que implicará la caída en el consumo de bienes y servicios, afectando a la producción, a las empresas y a las economías nacionales.
La OIT anticipa que, a pesar de la gravedad de la situación, “una respuesta coordinada a nivel internacional”, podría asegurar que el impacto sobre el desempleo mundial sea significativamente menor. Para reducir el impacto negativo, el organismo de las Naciones Unidas solicita que se adopten medidas urgentes a gran escala y coordinadas, que deben basarse en tres pilares; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; el estímulo a la economía y al empleo; y el sostenimiento de los puestos de trabajo e ingresos.
Al comentar el informe, Guy Ryder, Director General de la OIT, subrayó que en una coyuntura de crisis como la que se atraviesa, existen dos herramientas esenciales que pueden ayudar a mitigar los daños y restablecer la confianza política: el diálogo entre los trabajadores y empleadores y sus representantes, así como el respeto a las normas internacionales del trabajo, las que ofrecen una base de “probada eficacia” para respuestas que propicien la recuperación sostenible y equitativa.
