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Según el informe de situación en relación al COVID-19 publicado por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) y de acuerdo al último relevamiento, este domingo se confirmaron 23 nuevos casos positivos. En total, desde el 13 de marzo, fecha en que se declaró la emergencia sanitaria, hay 158 casos en todo el país.
De estos casos, la gran mayoría son leves. Hay una persona que se encuentra en cuidados intensivos. Desde el último informe de la jornada de ayer, se procesaron 205 análisis, con 182 resultados negativos y 23 positivos.
Hasta el momento son seis los departamentos con casos confirmados: Canelones, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo y Salto.
El Sinae también informó que 17 uruguayos que permanecían varados en la ciudad de Lima a raíz de la epidemia arribaron este sábado al aeropuerto internacional de Carrasco trasladados por un avión C-120 de la Fuerza Aérea Uruguaya.
El ministro de Defensa Nacional, Javier García, comentó a Informe Nacional algunas dificultades que se debieron sortear para concretar el viaje. “Lo importante es el final; y el final es que 17 compatriotas ya están en sus casas”, indicó. Ahora deberán permanecer en cuarentena, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Por otro lado, sobre las 20.30 horas de este domingo, los 79 uruguayos que estaban varados en Cusco, Perú, arribaron al aeropuerto Internacional de Carrasco, luego de estar varios días sin poder salir del país peruano por las medidas restrictivas que impuso aquel gobierno. Perú decretó hace un par de días el toque de queda, lo que generó una serie de inconvenientes técnicos, lo que hizo que el vuelo que el Estado uruguayo había coordinado para repatriar a estos compatriotas tuviera que ser pospuesto el pasado viernes. Los gobiernos de ambos países habían acordado la apertura de una “ventana” en el cierre del espacio aéreo, para así cumplir con la “labor humanitaria”.
JUNTA NACIONALDE SALUD QUIERE 900 CAMAS
(TELEMUNDO)
El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, Luis Núñez, advirtió que con esfuerzo Uruguay llega a las 700 camas de cuidados intensivos con 150 pertenecientes al sector público, aunque en promedio el 60 por ciento suele estar ocupada, por lo que el número real de camas disponibles ante una eventual explosión de casos de COVID-19 es bastante menor.
Al respecto, el diario El País informó este domingo que en una reunión entre autoridades de la Junta Nacional de Salud y los prestadores –ASSE, mutualistas y seguros– se los instó a elaborar un plan que permita aumentar el número de camas disponibles un 30%, lo que acercaría la cifra a las 900. No obstante, ese plan supone el incremento correspondiente de recursos económicos, humanos y equipamientos. Según informa el matutino, abrir una cama de CTI requiere un licenciado y un auxiliar de enfermería: el primero no puede tener a su cargo más de cuatro pacientes y el segundo hasta dos, medida que se flexibilizará durante la pandemia. Al respecto, la Federación de Funcionarios de la Salud Pública cuestionó esa intención, advirtiendo que con el límite actual de pacientes por personal de la salud ya son horas críticas de trabajo y estrés. Otro factor a considerar es que un paciente promedio ocupa cama de CTI por un período de 7 a 10 días, mientras que los afectados por COVID-19 suelen estar en ellas por entre 15 y 20.
PRIVADOS DE LIBERTAD FABRICAN TAPABOCAS
Avelina Borda –subdirectora técnica de la Unidad 20 de Salto– tuvo la iniciativa para que los reclusos fabricaran tapabocas. En un principio para cubrir la demanda interna de la Unidad. Ésto fue impulsado por la Subdirección Nacional Administrativa, poniéndose en contacto con los docentes que imparten clases allí a partir del convenio que existe con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) y el Sindicato Único de la Aguja (SUA) desde hace 5 años. De esta forma, el domingo 15 comenzaron a producir este elemento de protección tan necesario.
Posteriormente la Jefatura de Policía departamental propuso a la Dirección del establecimiento que se elaboraran tapabocas para el personal policial que se encontraba prestando servicio en la calle, entregándoles unos 400. Este trabajo continuó con la elaboración de barbijos para el personal de la Guardia Republicana que trabaja en Salto y se extenderá a partir de este fin de semana para cubrir parte de la demanda de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).
La directora de la Unidad, María de los Ángeles Machado, manifestó que la idea es que “mientras dure esta epidemia poder seguir sustentando de alguna manera o contribuyendo a las organizaciones que trabajan en la calle, que no se pueden quedar en su casa”. A su vez, aclaró que los internos no perciben ninguna retribución económica por esta tarea, pero que lo hacen con muy buena disposición, ya que son conscientes de que están colaborando con el cuidado tanto de ellos como de sus familiares.
