La tarea desarrollada por el Poder Judicial (uno de los tres poderes del Estado) constituye un pilar fundamental de la vida en sociedad en la medida que permite que los conflictos entre particulares puedan ser solucionados mediante la intervención de un tercero independiente (el tribunal) a quien la Constitución y la legislación vigente han designado y empoderado para entender en tales asuntos. Se trata nada menos que de la superación de la época del “ojo por ojo” y de la “justicia por mano propia” (cuando cada uno defendía sus supuestos derechos a través de la violencia pura y dura) por un sistema de resolución objetivo y pacífico. Visto desde esta perspectiva, la actividad judicial resulta vital para la justicia, la paz y la democracia. Como lo ha señalado el abogado peruano Wilbert Baca D’ La Zota “una sociedad sin un sistema judicial eficaz jamás podrá poner en vigencia las bases esenciales de una organización democrática, ni poner en marcha de manera adecuada los mecanismos de protección de los demás derechos fundamentales y ordinarios; ese mecanismo, es un elemento esencial dentro del sistema de protección de derechos fundamentales y, como ya se ha dicho, un derecho humano”.
Si bien la pandemia causada por la enfermedad coronavirus COVID-19 ha obligado a varios sectores públicos y privados de nuestro país a manejar un difícil equilibrio entre los cuidados sanitarios y la continuidad de sus actividades, es claro que la importancia de las tareas cumplidas por el Poder Judicial hace necesario que se facilite el cumplimiento de algunas de sus funciones a través de soluciones creativas y urgentes que garanticen su adecuado y efectivo funcionamiento. Desde mediados de marzo y hasta el 30 de abril inclusive el Poder Judicial se encuentra en feria judicial sanitaria, lo que ha disminuido casi totalmente la actividad desarrollada por las sedes judiciales en todo el territorio nacional. Como consecuencia de ello, se suspendieron audiencias, e inspecciones oculares entre otras diligencias ya programadas. Si bien se ha mantenido la actividad en relación con algunos temas específicos (acciones de amparo, materia penal, adolescente y de familia especializada) muchos de los juzgados competentes trabajan bajo un sistema de turnos o con un ritmo que lógicamente ha causado sensibles atrasos en las actuaciones que deben cumplirse. La Liga de Defensa Comercial (Lideco) alertó por la avalancha de escritos judiciales que se presentarían una vez terminada la feria judicial sanitaria, expresando que “los juzgados van a estar desbordados de casos” incluyendo “un incremento de los concursos de empresas por la interrupción de la cadena de pagos o por la baja de las ventas provocada por la emergencia sanitaria”. Todo esto tiene una consecuencia inmediata, tangible y perjudicial para quienes han recurrido o piensan recurrir al Poder Judicial, sin importar si son trabajadores que esperan por sus reclamos laborales, madres que aguardan por pensiones alimenticias, víctimas de accidentes de tránsito, empresas que necesitan lograr acuerdos con sus acreedores, etcétera. No se trata sólo de número de expedientes; se trata de personas de carne y hueso que financian con sus impuestos un poder del Estado que debe implementar cuanto antes las decisiones necesarias para cumplir con sus objetivos institucionales.
Si bien el Director General de los Servicios Administrativos, Ing. Marcelo Pesce, declaró el pasado 26 de marzo que “la actual emergencia sanitaria no hizo más que adelantar en nuestra planificación anual el envío inmediato y masivo de equipamiento, cuyo despliegue estaba previsto para los próximos meses, gracias a un esfuerzo especial de nuestra División Informática”, en muchos casos la realidad no acompaña esas buenas intenciones. No se puede desconocer que el desarrollo informático entre las sedes judiciales está muy lejos de ser uniforme en todo el territorio nacional y que los juzgados del Interior (y por ende quienes habitan fuera de Montevideo) resultan siempre los más perjudicados. Ni siquiera los actuales avances tecnológicos han permitido al Poder Judicial abandonar muchos aspectos de su tradicional centralismo, característica que lamentablemente comparte con el resto de los poderes del Estado.
Adicionalmente, existen otras medidas que el Poder Judicial debería instrumentar en la forma más rápida posible, ampliando la realización actuaciones a través de Internet. Mientras el mundo intenta continuar su actividad a través de plataformas que permiten la comunicación simultánea de personas situadas en diversos lugares, el Poder Judicial continúa con métodos propios del Archivo General de Indias, institución creada en la ciudad de Sevilla en 1785 por el Rey Carlos III. En este mismo sentido, y de acuerdo con informado la semana pasada por el diario “El País”, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Dr. Diego Pescadere ha manifestado que “para estos días la gremial terminará un proyecto de ley que habilita que se pueda realizar tanto la presentación de escritos por mail como la posibilidad de que se desarrollen audiencias a través de videoconferencias por la web”. El proyecto mencionado (del cual participan varios colegios profesionales del interior del país) incluiría normas claras que despejen la incertidumbre “sobre la forma en que deben computarse o no los plazos procesales, administrativos o sustanciales”, entre otros aspectos.
Históricamente y debido a los escasos recursos que se le asignan, el Poder Judicial de nuestro país ha sido considerado (con razón) como “la Cenicienta” de los poderes del Estado. Aún así, hay mucho que puede mejorarse.
Esperemos que en este momento de crisis sanitaria, económica y social donde su funcionamiento es tan importante para todo el país no se transforme, como se ha señalado en alguna ocasión, en “la Bella Durmiente”.