Estamos en un país en receso por la pandemia de COVID-19, incluyendo la actividad parlamentaria, y por lo tanto los legisladores están prácticamente desocupados, cobrando sus privilegiados salarios sin mover un dedo –hay excepciones, naturalmente– pero desde la oposición, concretamente desde el Frente Amplio, se ha puesto el grito en el cielo porque el Poder Ejecutivo ha tenido el atrevimiento de enviarles, para que vayan leyendo, el proyecto de Ley de Urgente Consideración, aunque sin que entren a correr los plazos correspondientes en las cámaras para su aprobación.
Es decir, la idea del presidente Luis Lacalle Pou es que los legisladores de todos los partidos vayan “hojeando” de qué se trata, cosa de que no pueda decirse que ingresa una ley desconocida cuando realmente se le dé tratamiento formal, y de esta forma adelantar camino.
Sin embargo, desde la coalición de izquierdas, se ha recibido con “indignación” la iniciativa del mandatario y hasta se le ha tildado de una práctica antidemocrática (¿?) por tratar de acelerar el paso cuando se está en plena pandemia, como si por culpa de la pandemia ahora son incapaces de leer nada que no tenga que ver con el Coronavirus.
Así, el Frente Amplio dio a conocer una declaración en la que rechaza que el presidente Luis Lacalle Pou haya dado a conocer este proyecto en medio de la emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa Uruguay por la propagación del Covid-19.
La coalición enfatiza que lo “urgente es la vida” y “enfrentar la situación sanitaria de la población”.
“El país vive una emergencia sanitaria que ha producido una emergencia social y económica, situaciones que no están aún controladas y resueltas y cuya duración e implicancia no es posible establecer con precisión”, subraya. Para el FA, presentar en estas circunstancias un proyecto “tan amplio” y que “contiene profundas transformaciones”, con un plazo acotado para el debate, “impide la amplia discusión democrática necesaria siempre”.
Resulta “notorio”, señala, que el Gobierno incluya este proyecto en el marco de una “enorme incertidumbre” que hay a nivel internacional.
“Consideramos un profundo error la remisión formal al Parlamento del proyecto de ley de urgente consideración. Ello atenta contra el esfuerzo necesario para enfrentar la crisis sanitaria, retacea el derecho de la sociedad y los parlamentarios a debatir ampliamente sus contenidos, y conspira contra la posibilidad de encontrar las mejores soluciones a los problemas que deberá enfrentar el país tras los impactos de la pandemia en todo el mundo. Hoy lo urgente es la vida”, finaliza la declaración.
Luego del anuncio de Lacalle Pou, Javier Miranda, presidente del FA, mantuvo una reunión con Fernando Pereira, presidente del Pit Cnt, para conocer posiciones.
A la salida del encuentro, Miranda dijo que la reunión fue parte del “diálogo habitual” entre su partido y las organizaciones sociales, pero enfatizó en que esta tuvo una “preocupación” adicional por el anuncio de que “probablemente se envíe el proyecto de ley urgente al Parlamento”.
El dirigente frenteamplista señaló que este anuncio genera un “problema de calidad democrática” y destacó que, “si ya era dificultoso” su tratamiento por ser un régimen de urgente consideración, ahora “parece mucho menos razonable”. “Eso deteriora la calidad democrática”, reiteró.
El apuro en condenar la iniciativa gubernamental en realidad denuncia precisamente dónde radica el deterioro en la calidad democrática, que no es otra cosa que en anteponer la ideología y los intereses político-partidarios para oponerse a todo lo que se intente hacer desde el gobierno.
Según esta visión, como existe una amenaza de epidemia hay que dejar de hacer todo, incluyendo disponer una cuarentena total para que la economía se destruya, al punto que también hay que dejar inactivas las neuronas de los cerebros de los parlamentarios, cosa de no correr peligro de extensión del virus por efectos del “hojeo” del proyecto, que contiene los elementos que el gobierno ha considerado prioritarios para tener instrumentos adecuados en su gestión, lo que fue refrendado por la ciudadanía en el último acto eleccionario.
