Desde la Asociación Uruguaya de Guardaparques partió la inquietud ante la aparición del articulado del proyecto de Ley de urgente consideración de dos artículos que no se encontraban en la redacción original y que pueden tener efectos importantes en el futuro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). En concreto, la propuesta incluye modificaciones a los artículos 5 y 6 de la ley 17.234, que habían sido modificados en 2005.
El directivo Ramiro Pereira, guardaparque de la Laguna Garzón y docente en los cursos de formación de Guardaparques en UTU, dijo a EL TELEGRAFO que estos artículos “implican una marcha atrás en la legislación de las áreas protegidas”. Recordó que la ley fue aprobada en el año 2000, luego de muchas discusiones, a tapas cerradas, conteniendo los artículos que ahora se quieren volver a colocar. Habían sido retirados por medio de la ley de prepuesto en el año 2005 y esa modificación fue la que habilitó que pocos años más tarde, en el 2008, la Quebrada de los Cuervos, se convirtiese en el área que inauguró el sistema.
“Una de las cosas que tenía la ley en uno de estos artículos que se pretenden volver a colocar, era que para ingresar un área protegida al sistema se pedía la autorización de los propietarios. La ley decía: ‘Lo dispuesto en el inciso anterior regirá para los casos de áreas pertenecientes al patrimonio del Estado, así como de los particulares que a tales efectos prestaren su consentimiento’. Por lo tanto si el propietario no prestaba el consentimiento, ese padrón no podía ingresar al sistema”. En el artículo siguiente, que también se quiere reincorporar a través de esta ley, se plantea que la alternativa será la expropiación.
SIN ÉXITO
“El tema es que a nivel de áreas protegidas nunca hubo una expropiación exitosa, puede que hayan habido, pero han pasado muy desapercibidas, y las expropiaciones han sido más sin éxito que con éxito. Los procesos de expropiación que hubo históricamente en Uruguay han sido el del Cabo Polonio, el Cerro Arequita o Cerro de los Cuervos; dos propuestas de área protegida que hubo en los años 60, incluso ingresaron por decreto que los declaraba parques nacionales y áreas protegidas, se comenzaron los procesos de expropiación pero no se terminaron”, señaló. En estos antiguos casos “el proceso empezó, en algunos casos se pagaron montos de plata por los terrenos, que no se terminaron de pagar, entonces los propietarios no abandonaron los terrenos y al pasar 30 años los procesos de expropiación caducaron y las tierras volvieron a los propietarios. No está mal que hayan hecho eso, pero para el Estado, para la conservación fue una pérdida y un desgaste importante”, agregó.
Pereira agregó que “en la historia reciente del SNAP, que lleva 20 años de creado, nunca hubo un expropiación, no hay voluntad política para expropiar y no hay ningún tipo de señal que diga que va a haber voluntad política para expropiar”.
PRIVADAS
El guardaparques indicó que hay áreas protegidas en las que el cien por ciento de la superficie es privada, “como Lunarejo, como Centurión; en esos casos, si los propietarios no daban su autorización no habría área protegida”. Incluso se han generado infraestructuras con inversión pública que se han colocado en predios privados, “peligrando incluso que la edificación quedara en manos del privado, cuando la había pagado el estado. Son problemas reales, no son especulaciones”.
Pereira dijo que no tienen claro si estas modificaciones podrían tener efectos retroactivos, aunque señaló que “podría llegar a pasar que algún propietario de campo dentro de un área protegida ya existente diga que no quiere estar más dentro del área protegida”. La asociación ve estas modificaciones propuestas como una amenaza al SNAP, “que puede ocasionar que no se generen más áreas protegidas”. Además afirman que Uruguay “tiene un compromiso internacional de generar un 17% de la superficie nacional como área protegida, y en este momento estamos en el 1%, es decir que estamos en falta con los convenios internacionales, y con esto no hay miras que vaya a mejorar”.
Además de la nota que entregarán en las próximas horas al parlamento, lanzaron una iniciativa en la plataforma Change.org, “para darle también un respaldo de opinión pública”.
ORIGEN
La ampliación de la Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, y la creación de Paso Centurión, en Cerro Largo, fueron “procesos conflictivos, que tuvieron que tener muchas negociaciones. Con estas modificaciones estas negociaciones no hubieran sido posibles, porque el propietario simplemente con decir ‘no quiero estar’ termina la negociación”.
Pereira dijo que “hay quienes opinan” que detrás de estos cambios puede haber intereses vinculados a la actividad forestal o a la minería, que son las que más limitantes encuentran dentro de las áreas protegidas.
“Ganadería y agricultura se hace en todas las áreas protegidas, en todas, incluso las áreas protegidas tienen distintas categorías y según la categoría son las restricciones que se generan. En la mayoría de las áreas protegidas hay incluso plantaciones de soja, que son de las producciones más controversiales. En ese sentido prácticamente no hay ningún área protegida que haya limitado la capacidad de producción a nivel agropecuario. Salvo la forestación”.
