Movus denunció que gobierno “consumó” la mayor entrega de soberanía nacional

Integrantes del movimiento opositor a la instalación de UPM, junto a los diputados Vega y Lust.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) divulgó un comunicado donde denunció que la “reactivación de la construcción pone en riesgo la emergencia sanitaria” ante una decisión del gobierno que deja “consumada definitivamente la mayor entrega de la soberanía nacional”.
La organización de la sociedad civil recordó el encuentro mantenido entre el presidente Luis Lacalle Pou, los diputados Eduardo Lust y César Vega e integrantes del movimiento que se opone al contrato firmado por el gobierno anterior con la empresa UPM para la instalación de una tercera planta de celulosa en el país.
En una carta anterior, enviada al mandatario, reiteraron “que las circunstancias excepcionales que atraviesa el país por la pandemia del coronavirus hacían posible y necesario apelar a las cláusulas 7.1 a 7.5 del referido contrato que habilitan a suspender el mismo ante un evento imprevisible e irresistible”.
Los firmantes entendieron que dicha acción permitiría al gobierno nacional disponer, en parte o totalmente, “de los enormes recursos económicos asignados por ese contrato a las obras de infraestructura requeridas por el proyecto de UPM y destinarlos a atender las necesidades imperativas generadas por la pandemia, tanto durante el combate a la misma como en la etapa posterior de recuperación económica y social”.
Movus recordó que el actual presidente, en su etapa de senador, “en una interpelación parlamentaria a cinco ministros del gobierno anterior, expuso severas críticas al contrato con UPM, que calificó como una entrega del país”. Incluso en la campaña electoral, Lacalle Pou “manifestó su decisión de renegociar todo lo que fuera posible del contenido de ese contrato si llegaba a la Presidencia”.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, “se disponía de 20 días hábiles” que vencieron el 13 de abril, a fin de anunciar la suspensión del contrato con la empresa finlandesa. “Sin embargo, el presidente Lacalle Pou aceptó las presiones de UPM y de las cámaras empresariales” para reanudar la actividad de la construcción en el país.
Movus señaló que “reanudar una actividad como la construcción, que moviliza a unas 100 .000 personas en todo el territorio nacional, mientras se mantiene la emergencia sanitaria y se obliga al resto de las actividades económicas no esenciales y de la población a mantener el rigor de las medidas de aislamiento, es una irresponsabilidad. Un contrasentido que puede costar muy caro en vidas, como lo muestra la experiencia de otros países”.
Expresa que “entre la economía y la salud no puede haber dudas, la prioridad debe ser la salud de la población y no los intereses de algunos empresarios. Máxime cuando en el caso de UPM significa destinar más de 4.000 millones de dólares a un proyecto que sólo deja migajas al país”. El movimiento precisó que la industria forestal anunció que donará un dólar por hectárea al Fondo Coronavirus, “cuando solo UPM en Fray Bentos gana un millón por día”.
Concluyen que tales acciones, constituyen “una rendición incondicional ante los designios de UPM y una simple continuidad de lo firmado por el gobierno anterior. Estamos asistiendo a la mayor entrega de soberanía nacional en la historia del país” y anunciaron nuevas movilizaciones.