En épocas de crisis, sobre todo tan sorpresivas y generadoras de incertidumbre como la que ha provocado esta pandemia, los sucesos que se vienen provocando dan lugar a respuestas que resultan a veces controvertidas sobre lo que se hace en cada nación, y en el caso de Uruguay por cierto el advenimiento de una pandemia por ahora muy “light”, felizmente, desde el punto de vista sanitario –gracias a medidas de contención– da lugar a posturas encontradas, no solo sobre alternativas, sino también en los tiempos de salida y el desarrollo de medidas paliativas.
Así, hay quienes consideran que la vida debe “suspenderse” hasta ver qué pasa, es decir como si pudiera paralizarse todo en el país, con una severa cuarentena obligatoria y que no se toque nada, hasta que esto pase. En esta tesitura de patear la pelota hacia adelante, se encuentra gran parte de la izquierda, la que seguramente podría verse muy beneficiada si la economía nacional colapsa por el paro total de actividades.
Por otra parte y en la misma línea de no innovar hasta que inventen la cura del COVID-19, el Frente Amplio se opone tajantemente a la consideración parlamentaria de la Ley de Urgente Consideración, cuyo ingreso formal fue anunciado por el Gobierno para el jueves próximo. El principal partido de oposición entiende que no es preciso trabajar en el Parlamento en el tratamiento de este proyecto, que es considerado por el flamante gobierno como un instrumento fundamental para llevar adelante su gestión, tal como fuera refrendado por la ciudadanía en las urnas, y que se puede esperar indefinidamente, dejando en stand by la iniciativa.
El punto es que ya desde antes de la aparición de la pandemia, el Frente Amplio se ha opuesto a que se considere una ley de urgente consideración, cualquiera fuera su texto, por lo que claramente la apelación situación sanitaria que se vive en el país no es más que una excusa para dilatar el tratamiento del proyecto de ley.
Se trata, evidentemente, de lo que se denomina una “chicana” política, que es legítima, por supuesto, pero que nada tiene que ver con el argumento de combatir el coronavirus. Se soslaya el hecho de que pese a este escenario en el plano sanitario, la vida sigue transcurriendo, llega el tiempo de la cosecha y la siembra, siguen en el agro y en todas las actividades los ciclos biológicos de la producción, y con parlamentarios desocupados es irracional plantear que no se pueda considerar un proyecto de ley porque no es “oportuno”, como si no hubiera nada después de la epidemia.
En este mismo esquema se sitúan por regla general los argumentos para sostener que es un grave error ir levantando la cuarentena obligatoria, un sistema que en el Primer Mundo están probando con éxito países tan disímiles como Suecia, nación reconocida internacionalmente como ejemplo de socialismo moderno, y del otro lado, Hong Kong. En cambio acá, la apuesta de la oposición es condenar a la muerte por asfixia de la economía, que llegó con serios problemas luego de la gestión de los tres gobiernos del Frente amplio, que entre otros aspectos dejó al país con un déficit fiscal del orden del 5 por ciento y un desempleo superior al 10 por ciento, justo cuando sobreviene la pandemia.
Es así que en lugar de considerarse alternativas para ir incrementando la actividad en el sector privado –en tanto los empleados estatales siguen cobrando como si en el país no hubiera ningún problema– hay sectores que formulan “propuestas” que se asemejan más a una carta a los Reyes Magos que a un intento serio de formular alguna respuesta tentativa a la problemática que afecta a muchos uruguayos que se encuentran sin empleo, en el Seguro por Desempleo, o son cuentapropistas que no lograr ingresos para subsistir.
Tal es el caso, entre otros, de una “renta universal” equivalente a un salario mínimo, una “solución” imposible de sustentar y mucho menos en un país que heredó una economía comprometida y sin margen de maniobra ni siquiera para tiempos normales, mucho menos para una situación extrema como la presente en que la producción cayó drásticamente.
Es claro que son buenas intenciones que seguramente compartimos todos los uruguayos, desde el gobierno a integrantes de los respectivos sectores y partidos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, solo que hacerlo en esa magnitud solo es posible si se cuenta con espalda financiera o con un endeudamiento razonable.
Si fuera viable hacerlo, queremos suponer que el anterior gobierno el Frente Amplio podría haber instrumentado medidas similares durante su mandato, teniendo en cuenta el aumento notorio del desempleo en 2019 y la situación de miles de uruguayos en serios problemas económicos, como quedó al desnudo a los pocos días de que apareció la epidemia, situación que a la vez da cuenta de que hubo la construcción de un relato de mejoras sociales y de la economía que poco y nada tuvo que ver con la realidad con que nos encontramos.
La reanudación de los trabajos en la industria de la construcción y la actividad que se retomará la próxima semana en forma parcial en escuelas rurales se inscribe en este inexorable retorno a las actividades habituales, para que el país siga funcionando, haciéndolo en forma gradual para no comprometer las acciones de prevención contra el COVID-19, en el entendido de que el país y el mundo siguen andando, y que el día después será mucho menos doloroso y comprometido si no nos quedamos meses y meses cruzados de brazos esperando que el virus desaparezca.
