Desde 2009 Uruguay cuenta con una ley de tenencia responsable de animales que tiene por finalidad protegerlos en su vida y bienestar. Esto se traduce en acciones vinculadas a medidas de protección legal referidas a los animales de compañía, los que permanecen en lugares como circos, criaderos y zoológicos, los destinados a la investigación científica, a actividades productivas o a la industria alimenticia, a la guía de personas con discapacidad o aquellos que son especies protegidas por la ley y no se pueden cazar, capturar o sacrificar. Se trata de un abanico bastante amplio de situaciones que involucran distintos aspectos de la existencia humana y animal y las relaciones entre ambos, así como también a distintos organismos reguladores y fiscalizadores.
La ley 18.471 atribuye responsabilidades a quienes tengan animales a su cargo, sean o no sus propietarios. Entre ellas se incluye proporcionarles condiciones físicas y sanitarias adecuadas, dándole alojamiento, alimento y abrigo; no abandonarlos ni dejarlos sueltos en lugares públicos de libre acceso, el cumplimiento de las normas sanitarias y legales destinadas al paseo, manejo y tenencia responsable de los mismos, un trato adecuado, permitir el control por parte de las autoridades y –entre otros aspectos– reponer los daños que el animal pueda provocar a otro animal o persona, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder.
Esta parcial enumeración de lo que implica una tenencia responsable también permite identificar aquello en lo que, como sociedad y desde la conducta individual, estamos en falta.
Diariamente se pueden ver en los diferentes lugares de la ciudad, el departamento y seguramente el país una serie de comportamientos de las personas en relación a los animales que evidencian la falta asunción plena de una tenencia responsable. Esto involucra desde los animales sueltos en la calle –ya sean caballos, perros u otros– hasta el maltrato propiamente dicho, pasando por situaciones como la desidia y el abandono.
Por otra parte, la ley antes mencionada ha dado lugar a distintas normas sobre animales, además de haber establecido competencias de autoridades en el materia, correspondiendo en este caso a la Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba), dependiente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Entre otros, dicha comisión tiene el cometido de recibir y dar trámite a las denuncias sobre actos de maltrato y abandono de animales, pudiendo confiscar los que sean maltratados por sus tenedores. También puede recurrir al auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario para el cumplimiento de sus cometidos, y denunciar ante la Justicia a los infractores de la referida ley.
Según datos de la propia Cotryba, en base a una investigación cuantitativa realizada por Equipos Mori para la Comisión Nacional Honoraria de Zoonosis, sobre una muestra representativa de perros con dueño a nivel nacional, en 2011 había 1.130.000 perros con dueño y en 2015 la cifra habría escalado a 1.500.000 considerándose que la misma es excesiva y se sitúa entre tres y cuatro veces por encima de lo deseable. Se trata de un aspecto crítico que origina muchos de los problemas que tienen un correlato diario en nuestra sociedad: zoonosis, problemas ambientales, pérdidas productivas, accidentes de tránsito, mordeduras, animales sueltos, problemas de convivencia, maltrato animal, mayores costos de limpieza de las ciudades por parte de las intendencia, entre otros.
A mediados de 2019 la referida comisión informó que en los últimos dos años y medio había recibido un total de 5.000 denuncias, de las cuales el 50% correspondían a ataques de perros a personas, un 10% sobre ataques a animales productivos y un 20% al maltrato animal.
En la ciudad los animales sueltos, fundamentalmente perros que deambulan por las calles y espacios públicos suelen generar problemas y no siempre se identifica un responsable. En el medio rural, el ataque a majadas también es un problema que involucra perros. En ambos casos, la irresponsabilidad es moneda frecuente y la sanción a los dueños de esos canes es al menos muy difícil sino prácticamente imposible.
Por otra parte, distintos planes de castraciones, controles a la reproducción y comercialización de perros, así como otras iniciativas vinculadas a la individualización de los mismos y la identificación de sus dueños –además de otras acciones de índole sanitaria y de sensibilización, comunicación y educación– han sido desarrollados desde hace algunos años para tratar de disminuir la excesiva población de canes existentes en el país y empezar a caminar en el objetivo de avanzar hacia formas de tenencia responsable.
También desde hace varios años, las organizaciones de la sociedad civil han sido un destacado bastión en la lucha de un trato digno para los animales, la tenencia responsable, más seguridad sanitaria y mejor convivencia social. Aquí en Paysandú se destaca el trabajo que en la última década ha venido realizando el grupo “Amigos de los animales” y las acciones desarrolladas en cuanto a esterilización masiva de perros y gatos por su cuenta y con apoyo del Presupuesto Participativo o coordinación interinstitucional. A esto se suma la iniciativa individual y el aporte de decenas de voluntarios que hacen todo lo que esté a su alcance para la mejora de la situación de los animales y contribuyen así no solo con ellos sino con la sociedad en general.
Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil toman gran protagonismo actuando incluso más allá de lo que deberían o quisieran debido a la ausencia de las instituciones oficiales competentes pero por muy loable que esto sea, implica generalmente un desgaste de recursos humanos y materiales que no siempre se puede asumir. Existen instituciones con competencias específicas que deberían estar actuando con mayor diligencia aunque, es justo decirlo, no siempre tienen los recursos económicos y técnicos necesarios para la relevancia de las tareas asignadas. Se trata de un ejemplo más de que la existencia de una ley no es suficiente por sí misma para transformar la realidad sino que es su aplicación efectiva lo que finalmente cuenta.
Evidentemente, no es éste el mejor momento para esperar mayor atención de estos temas en la medida que el país se encuentra apelando a todas las estrategias posibles para hacer frente a una pandemia que ha detenido nuestra vida social y puesto en jaque las economías locales y globales. No obstante si cada cual se encargara de lo que legal o moralmente le corresponde en la medida de sus posibilidades, aún en las actuales circunstancias seguramente estaríamos mejor como sociedad permitiendo concentrar esfuerzos en lo que la urgencia del momento amerita.