El ministro de Industria Energía y Minería, Omar Paganini, fue recibido a fines de abril por los legisladores de la coalición, a fin de profundizar aspectos relacionados a las empresas públicas en la Ley de Urgente Consideración (LUC). El jerarca entiende que “han desarrollado los servicios, históricamente, de manera muy satisfactoria, con eficacia”, pero “se requiere incluir incentivos para la eficiencia”.
En el capítulo vinculado a los combustibles, explicó que “el objetivo es pasar a un esquema en el que haya incentivos que permitan bajar los costos” y que van por el fortalecimiento de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). La ley propone su transformación en un servicio descentralizado y con las potestades de “participar en el proceso de fijación de tarifas” para que “se ajusten a costos” y así “podamos ser competitivos con los combustibles”.
Particularmente en el caso de Ancap, señaló que el gobierno busca “la posibilidad de la libre importación”, así como el desarrollo de “un negocio de exportar derivados a la región a nivel mayorista”. En la LUC, la desmonopolización se plantea “como un proceso a dos años” y aseguró que el Poder Ejecutivo está “tranquilo” porque propone algo “que es viable para Ancap porque ha sido viable para Antel y para el Banco de Seguros, y les ha ido bien”.
Paganini dijo que “lo de Ancap no hay que mirarlo con mentalidad defensiva, de que se nos complica el negocio, sino con mentalidad de que se nos cambia la cancha: tenemos que competir y podemos hacerlo”.
UNA LEY PUNITIVA
La Federación Ancap se manifestó “diametralmente en contra del contenido” de la ley. “Es una ley punitiva, privatizadora y desde el artículo 1 al 501 atenta contra los derechos y conquistas de los trabajadores”, dijo a EL TELEGRAFO, el presidente de Fancap a nivel nacional, Gerardo Rodríguez.
Explicó que su discusión “no es el método más democrático, sino que atenta contra la esencia de la democracia que justamente es el debate y por la oportunidad, donde la urgencia está centrada en las necesidades del pueblo devenidas de la pandemia”.
Rodríguez aseguró que sobre el monopolio del ente, “hay un desconocimiento flagrante de la voluntad popular expresada en el plebiscito de diciembre de 2003” y por lo tanto “hay una violación a algo ya resuelto que no solo tiene que ver con Ancap como empresa pública, sino también con mantener el monopolio en manos del Estado”.
POSIBLEMENTE FUERA
El dirigente informó que “posiblemente el tema del monopolio se termine sacando de la LUC, pero no podemos olvidar que también está el artículo siguiente a la desmonopolización, que es el fortalecimiento y ampliación de potestades para la Ursea”. Recordó que el mecanismo fue creado en 2002, “para regular el proceso de asociación que iba a terminar en una privatización de Ancap y ahora se amplían sus potestades, con un carácter de servicio descentralizado”.
La presidenta de la unidad dijo que “luego de aprobada la LUC, enviará un proyecto al Poder Ejecutivo para la definición de las tarifas y eso requerirá cambios importantes en la gestión de Ancap”, señaló Rodríguez.
El presidente de Fancap opinó que desde la creación del ente, “el herrerismo está en contra que un organismo regule el mercado de los combustibles, que el Estado tenga el monopolio de los combustibles y ahora lo que persigue es el desmantelamiento de Ancap”.
EL MONOPOLIO
Rodríguez desmintió que “haciendo caer el monopolio o habilitando la libre importación de combustibles se puedan reducir las tarifas” y auguró que si no lo logra la LUC, lo harán “a través de otra ley o la Ursea, porque no llegaron al gobierno para renunciar a sus objetivos históricos”.
El 11 de marzo en el marco de una asamblea con la Intersocial, Fancap caracterizó la LUC como “programática”, o “la estructura que sostiene un programa de gobierno”, precisó el dirigente.
CONSULTA POPULAR
La asamblea resolvió la convocatoria a una consulta popular, “en caso que se mantenga el espíritu de la ley” y anunció una militancia “fuerte, pero con mucha humildad para anteponer un recurso de referéndum” contra la iniciativa.
Según Rodríguez, “por un tema de escala, Uruguay no puede tener combustibles en competencia. Esa es una hipótesis que se maneja porque en otras áreas de la actividad hay competencia y eso mejora los precios. Lo primero que tenemos que decir es que no hay ningún mercado del mundo en donde la competencia haga bajar los precios”.
Explicó que si Uruguay manejara “la hipótesis de refinar la mitad de hoy y una multinacional distribuyera la otra mitad, se encarecerían tanto los costos de la refinación que sumaría ineficiencias en Ancap. Y esa ineficiencia puede aprovecharla la multinacional y vender a los mismos precios de Ancap, lo que haría subir el precio del combustible. O lo contrario, es que se genere una guerra de precios y haga desaparecer el ente”.
El dirigente precisó que Ancap “tiene una capacidad de refinación de 50.000 barriles. Esa capacidad hay que aprovecharla en el cien por ciento para que realmente sea rentable. No como es hoy, que con cada barril de petróleo aproximadamente se logra una ganancia de 5 dólares”.
