La pandemia del coronavirus resultó ser la auditoría que puso sobre titulares a los grandes temas que todos dábamos por sentado.
Ayudó a desmitificar, a ampliar visiones hemipléjicas –sobre todo en materia de derechos humanos– y abrió el sentido crítico al momento de analizar las cifras. Así ocurrió con el empleo, el desempleo, la inflación, la realidad de las personas que viven en situación de calle o los resultados de las políticas sociales aplicadas a los aspectos sanitarios, entre otros.
Sin embargo, todo estaba allí y apenas se mostraba en la superficie. Una interpelación global de este tipo detuvo nuestra vorágine y nos obligó a escudriñar todo lo que creíamos “seguro”. Entonces, de pronto, cambiaron nuestras preocupaciones.
Hoy hablamos de una caída del Producto Bruto Interno (PBI) en torno al 3%, del duro déficit fiscal como herencia de otros tiempos con un deterioro que lo llevará al 6,5%, con un incremento del desempleo que mostró su lado preocupante ante de COVID-19 y al cierre de febrero por encima del 10%. De pronto, la principal preocupación de los uruguayos pasó a ser el empleo, cuando hasta hace muy poco la inseguridad ciudadana era un tema excluyente en las conversaciones.
Y así comenzamos a girar el cuello para mirar detenidamente las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables. Así encontramos que hay personas mayores en condiciones precarias, que también estaban en las estadísticas. Y, de pronto, la noticia repetida es que solo el 3% de los residenciales de ancianos cuenta con la habilitación para funcionar. De unas 1.200 casas de larga estadía, hay 41 que tienen la totalidad de la documentación y 10 en proceso de tramitación.
Ante esas cifras, las reacciones fueron diversas pero casi todas reflejaron una sorpresa que no es creíble. Simplemente se habla ahora de esa realidad porque el momento lo amerita, pero era un tema conocido que surgió a partir del contagio de decenas de internos. Hace décadas que faltan controles en las denominadas “casas de salud” y cualquiera que enfoque el problema específicamente en los tres gobiernos anteriores tendrá un panorama acotado a solo quince años.
No obstante, en ese período se asignaron recursos para amplios sectores de la sociedad, el Estado multiplicó sus ingresos porque creó impuestos pero no destinó un porcentaje de esa plata recibida a mejorar la situación de las personas mayores, puntualmente de los residentes en los hogares de ancianos.
El exceso del presupuesto para el Antel Arena hubiera servido para eso. O el resultado deficitario de un ente monopólico como Ancap, que debió recibir unos 900 millones de dólares, así como inversiones que quedaron por el camino como Gas Sayago o el dinero sin controles que se llevó el Fondes para los amigos ideológicos. Ni hablar de las contrataciones en el Estado o las direcciones ministeriales con nombres largos y de dudosa necesidad, que derivaban en “atenciones” salariales y nominaciones familiares que dependían de las arcas del Estado.
Y cuando se cuestionaba sobre la necesidad de un relevamiento para atender las condiciones paupérrimas en algunos residenciales, las respuestas eran básicamente las mismas. El argumento estaba anclado en la falta de personal dedicado a las inspecciones, porque todos estaban detrás de los escritorios asignados a otras tareas.
Esos mismos hoy salen a hablar frente a los micrófonos con su mejor cara de circunstancia ante un problema que atravesó a varias administraciones. Uruguay siempre administró sus recursos escasos, pero la gran diferencia está en la prioridad. Ocurre lo mismo que en el hogar, donde sus integrantes deberán gastar de acuerdo a sus ingresos. Y como eso no pasó en el “gran hogar de todos”, ahora están dedicados a criticar lo que no llevaron a la práctica cuando estaban en el gobierno.
En cualquier caso, la realidad es concreta. Uruguay es el país más envejecido de la región. El 14% de su población tiene más de 65 años. Esa cifra se repite, incluso, a nivel departamental. De esa población, más de 15.000 viven en residenciales de ancianos y en los últimos años se incrementaron los casos de abusos y violencia en lugares con malas condiciones edilicias.
Sin embargo, pocos explican que los trámites para acceder a una habilitación son largos y existen casos donde sus expedientes están parados desde hace años. El mientras tanto permite el funcionamiento del servicio a la espera de la habilitación oficial, por eso las cifras aumentan. En los últimos tiempos se han sumado los hogares de este tipo, por lo tanto, cada vez son menos los que tienen sus trámites finalizados.
Y así como esta pandemia sirvió para hablar de una problemática que se registra desde hace años, también pone en relieve la necesidad de respetar los protocolos y mantener la prohibición de las visitas, con un funcionamiento de aislamiento y condiciones de higiene de acuerdo a las normativas establecidas en la emergencia sanitaria.
Ahora el gobierno apelará a soluciones rápidas, de manera similar a las adoptadas para las personas en situación de calle. El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, anunció la creación de nuevos lugares para el traslado de las personas que no tienen garantizadas las mínimas condiciones de aislamiento por falta de espacio.
Uruguay es un país que tiene un poco más de tres millones de habitantes, donde las condiciones de accesibilidad son inmejorables. Ante los avances registrados en materia de derechos humanos, donde los denominados “colectivos” impulsan las nuevas agendas, no es posible creer que la situación de un porcentaje importante de la población era desconocida.
Lo sabían, pero solo el coronavirus tuvo las agallas para demostrar que no todo estaba claro ni tampoco todo era cierto.
