La Comisión Especial del Senado analizó las modificaciones que establece el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) sobre la ocupación de los lugares de trabajo en la actividad privada –en el ámbito público está vigente la prohibición por un decreto del gobierno del Frente Amplio–, y que es rechazada por el Frente Amplio y el Pit Cnt.
Los legisladores recibieron al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien aclaró que el gobierno respetará el derecho de huelga. Sin embargo, defendió “el derecho de los no huelguistas a trabajar y el derecho de los directores de la empresa en ingresar a su emprendimiento”, por lo tanto, “las ocupaciones no tienen mucho margen de maniobra”. Los representantes frenteamplistas cuestionan estos artículos y aseguran que, además de limitar las ocupaciones, también afectan el derecho a la huelga, consagrado en la Constitución.
ESTADO GARANTISTA
El senador nacionalista, Jorge Gandini, explicó que “la constitución consagra en el mismo nivel, no hay derechos más fundamentales que otros. Lo que tiene que hacer el sistema político, representativo y democrático, es regular los conflictos que muchas veces hay”.
Explicó que “los ocupantes no pueden impedir que los que no quieren ocupar y quieren trabajar, lo hagan. Por poner un ejemplo, veinte personas que quieren ocupar no pueden decidir por quinientos trabajadores. Es decir, esas veinte personas no pueden cerrar el portón, poner la máquina adelante y no dejar pasar a más nadie. O diez profesores no podrán dejar entrar a otros quinientos, o a los estudiantes. Eso no se va a poder hacer más”.
Según el legislador del Partido Nacional, el Estado es garantista de los derechos de todos. “El Estado debe garantizar que los que quieran ocupar, ocupen, pero pacíficamente y sin impedir a los demás que entren a trabajar, ni a los dueños o a los administradores de la empresa que la sigan administrando. Es decir, esas personas no se pueden hacer propietarias de los bienes de terceros, manejarlos, definir qué se hace con ellos y a veces hasta manejar stock y producción. Eso es lo que no se puede y en este proyecto de ley se dice muy claro”.
TRES DERECHOS
Gandini reconoció las múltiples visiones ideológicas que resultan “inevitables”. Sin embargo, destacó que “dentro del lugar habrá un conflicto, pero lo que no puede haber es violencia”.
En su opinión, “lo que no va a poder pasar y, a mí me parece bueno, es que aun sin ingresar se paran en la puerta a gritarle a los que entran a trabajar e impiden que ingresen. Eso es violencia, porque la generan en el interior de un padre de familia que no está de acuerdo con la huelga y que quiere entrar a defender su jornal –y no siente que no ir a trabajar sea una medida de lucha por algo que no cree– la violencia de tener que sufrir el acoso de otros”.
El senador agregó que “si el Frente Amplio quiere defender eso, tiene que decirlo. Yo no lo quiero defender. Quiero defender el derecho a la huelga de los huelguistas, quiero defender el derecho al trabajo de los que libremente quieren ir a trabajar y quiero defender el derecho de los propietarios a defender su propiedad. Creo que la ley articula tres derechos que son legítimos y constitucionales. Ésta es mi visión”.
De esta forma se refirió al derecho de huelga, derecho al trabajo y al derecho de propiedad. “Ninguno por encima del otro”, aclaró.
PIQUETES ILEGÍTIMOS
En la sesión de la comisión especial fue debatida la situación que surge a raíz de los piquetes, con el foco en la libre circulación, también consagrada en la Constitución de la República.
Según Gandini, “son ilegítimos aquellos piquetes que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Ya discutiremos si hay legisladores que entienden que los piquetes que interrumpan la libre circulación de bienes, personas o servicios son legítimos. Es un debate político”.
