La Asociación Uruguaya de Guardaparques (AUG) encabezó el movimiento de rechazo a las modificaciones que se incluyeron a último momento en el proyecto de Ley de Urgente Consideración, que propone cambios en la redacción de la Ley 17.234, que dio lugar a la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En la nota, dirigida “a los y las representantes del Poder Ejecutivo y Parlamento”, así como a la ciudadanía en general, las organizaciones sociales y colectivos firmantes pusieron de manifiesto su rechazo a estas modificaciones.
“Las áreas protegidas son la principal estrategia a nivel mundial para conservar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta nos brinda. Nuestro país ha sido el último de América Latina en generar un Sistema de Áreas Protegidas”, expresan.
La esencia de los cambios que pretende introducir el gobierno a través del proyecto de ley es que “para ingresar un Área Protegida (AP) al Sistema, los propietarios de los campos que se propusieran ingresar, debían dar el consentimiento expreso. En caso de que el propietario no lo hiciera (por no estar de acuerdo a ingresar su padrón a una AP, bien por omisión, o bien porque no se pudiera ubicar al propietario), el padrón en cuestión debía excluirse del AP o de lo contrario, expropiarse”. Los párrafos que contenían estas disposiciones en la ley original fueron eliminados por la ley de presupuesto 17.930 de 2005.
“De esta forma, en los casos en los que no se consiguiera el consentimiento del propietario, el predio puede quedar ingresado de todas formas a un AP. Cabe aclarar que el propietario no pierde su propiedad ni la capacidad de hacer explotación, pero debe ajustar la misma a actividades congruentes con los objetivos del área y puede participar en las instancias previstas de creación y de gestión del área”, explican.
Las organizaciones sostienen que con la redacción propuesta por el proyecto de ley de urgente consideración, en sus dos últimos artículos, “la propiedad privada, vuelve a ser más importante que el bien general, sin tener en cuenta a la propia Constitución en los artículos 7º y 47º”.
Agregan que “históricamente, las áreas protegidas tienen un pasado oscuro en los procesos de expropiación” y mencionan como ejemplo de lo negativas que podrían ser estas modificaciones, “lo ocurrido en Paso Centurión y Quebrada de los Cuervos, donde se logró incorporar, aún en clima de conflictos y con una ardua negociación”. Al respecto señalan que los propietarios de los predios no estaban de acuerdo y la incorporación al área se puso hacer “gracias a la legislación vigente dada por las modificaciones de 2005. Con la redacción propuesta en la LUC (igual a la original de 2000) no hubieran ingresado”.
Enfáticamente los grupos expresan que esta modificación “es una regresión en términos de política pública y una pérdida de soberanía del Estado y el bien público en el territorio nacional y una mayor relevancia a la propiedad privada que al bien común”.
Asimismo proponen que, en caso que el poder ejecutivo considere que la ley necesita ser modificada, “debería hacerse de forma consultiva, como lo indica el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, del cual Uruguay es signatario”.
Las organizaciones firmantes son: AUG, Coendu, Grupama, Cultura Ambiental, Ecobio Uruguay, Maldonado por la Tierra y el Agua, Slow Food Uruguay, Socobioma, Pindó Azul, Julana, Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas, Anguitur (Asociación Nacional de Guías de Turismo del Uruguay), Mabdu (Movimiento por la Agricultura Biológico Dinámica del Uruguay), Gensa Paysandú, Paysandú Nuestro, Claes (Centro Latino Americano de Ecología Social), Ceuta (Centro Uruguayo de Tecnologías Apropiadas), ACAS (Asociación Civil Ambientalista de Salto), Aguita (Asociación de guías de Tacuarembó), ANU (Asociación Nativas del Uruguay), Movus Uruguay, Queguay Canoas, Aves Uruguay, Vida Silvestre Uruguay, Ciedur (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Uruguay), Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, HUM Maldonado, Red de Agroecología del Uruguay, Fundación Amigos de las Lagunas Costeras, Conacha (Consejo de la Nación Charrúa) y ACUO (Asociación Conservacionista Uruguaya de Ornitología).