El ministro de Industria, Omar Paganini, acompañado por el subsecretario, Walter Verri, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, comparecieron ante la comisión de Industria de la Cámara de Senadores, donde anunciaron que el Poder Ejecutivo resolvió retirar los artículos referidos a Antel y mantener la desmonopolización de Ancap en la Ley de Urgente Consideración (LUC).
La derogación del monopolio del Estado para la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados, gestionado por el ente estatal volvió a generar polémica. Si bien la norma se mantuvo dentro de la LUC (artículo 230), Paganini reconoció que su articulado tendría modificaciones.
MÁS DE 20 EN CONTRA
“El artículo en cuestión no tiene acuerdo ni siquiera dentro de la coalición de gobierno. Lo dijimos al principio y lo seguimos afirmando hoy, ese artículo no tiene los votos para ser aprobado y es muy probable que sea votado negativamente. No cuenta con el aval del Partido Colorado ni de Cabildo Abierto”, dijo Verri a EL TELEGRAFO.
Explicó que incluso en la posibilidad de “buscarle una redacción alternativa, igual estamos muy lejos de que el partido cambie su decisión. No nos olvidemos que entre Cabildo Abierto y el Partido Colorado hay más de veinte legisladores en la Cámara de Diputados”.
Sin embargo, aclaró que a ambas posturas “siempre las conoció el Poder Ejecutivo”, pero en el caso de su partido, “no quiere decir que estemos en contra de la herramienta. Tenemos diferencias ante un negocio muy complejo, difícil y muy regulado como para abrir la puerta para que vengan otros a competir con Ancap, sin fortalecer al ente y a la cadena de distribución. Una vez que tengamos eso resuelto, entonces podemos analizar la posibilidad de la desmonopolización. Pero hoy no lo veo cercano”.
El subsecretario recordó que desde la creación de Ancap, “en 1931 el mundo era otro y ahora debemos crear las condiciones que vayan en beneficio de la gente, donde la competencia sea la esencia de brindar mejores servicios, precios y productos”. Ejemplificó que “puede verse en Antel, con la competencia del servicio de telefonía celular con empresas multinacionales, o el Banco de Seguros que compite con aseguradoras internacionales. En su momento se creía que el banco se iba a fundir y fue al revés, el banco es el principal actor del mercado de seguros. Y así podríamos seguir”.
No obstante, en el caso de Ancap, consideró que “en algún momento habrá que darle libertad al ciudadano para que pueda cargar el combustible donde quiera. Lo que pasa es que eso debe llevar un proceso, donde debemos fortalecer a Ancap que no viene de una etapa muy buena y donde tenemos un negocio del combustible que es excesivamente regulado. Desde el precio del producto que sale de la boca de la refinería hasta que llega al surtidor para cargar en un vehículo, cada integrante de la cadena sabe qué porcentaje se queda en sus presupuestos. Eso es muy difícil de tocar porque se toca una de las partes y termina distorsionando al resto”.
Según Verri, “llevar a Ancap con esa fuerte regulación a un mundo de libre competencia es perjudicial para una empresa pública. Los monopolios en sí mismos, han ido cayendo en sucesivas administraciones, así como tendrá que caer en algún momento el monopolio de los combustibles. Pero este no es el momento y requiere de un estudio mucho más profundo, tal vez con una comisión especial de expertos”.
LA EXMINISTRA
La exministra de Industria y actual senadora del Frente Amplio integrante de la citada comisión, Carolina Cosse, escribió en su cuenta de Twitter que “la importación de combustibles no permite optimizar las inversiones realizadas en la refinería, plantas de almacenamiento y distribución. No se puede refinar crudo y no producir gasoil y naftas. ¿Se pretende ir por mismo el camino que Antel, obligándola a compartir infraestructura?”
Luego de su intervención en la comisión señaló que “mientras se afirma que ‘Ancap no va a poder tener delirios, como en otra época’, no se explica por qué el combustible sería más barato con la importación, no hay estudios que avalen las conclusiones, y no se presenta ni una cifra”. Recordó que la redacción de dicho artículo, “recoge exactamente la redacción del artículo 1 de la ley del 2002 que fuera derogado por referéndum en 2003”.
