Panorama preocupante en mayo: inflación superaría 11%

El contexto actual del país, indica una fuerte caídaen la actividad económica y aumento del desempleo.

Los precios al consumo se incrementaron 2% en abril y el dato se encuentra por encima de lo esperado por la mayoría de los analistas económicos, señaló el último informe del Instituto Cuesta-Duarte, dependiente del Pit Cnt. La media de la encuesta de expectativas de inflación que publicó el Banco Central del Uruguay (BCU) se ubicó en 1,4% y el valor más alto esperado por los analistas era justamente 2%. Por lo tanto, en los primeros cuatro meses del año, los precios acumulan un aumento promedio de 6,2% y la inflación interanual –acumulado de los últimos 12 meses– se encuentra en 10,9%. Es la tasa más alta alcanzada desde junio de 2016 y el rápido ascenso se registró en los últimos dos meses relevados (marzo y abril).

AL ALZA Y A LA BAJA

El incremento de precios se explica por tres rubros que componen la canasta y con la que se mide el IPC. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, es el de mayor incidencia en la suba de precios y explica 1,2 puntos porcentuales (p.p.) de los 2 de inflación.
Los subrubros que más contribuyeron en la suba de precios de los Alimentos y Bebidas no alcohólicas fueron la carne, verduras, lácteos, panes y cereales. Las subas pueden explicarse por un efecto rezagado respecto al incremento del valor del dólar, ocurrido con mucha intensidad en marzo. Al igual que las condiciones climáticas, que incidieron en la suba de los precios de las verduras.
Incluso es posible la remarcación de precios como consecuencia del aumento de la demanda que tuvieron varios productos básicos debido a la crisis sanitaria.
El segundo rubro con mayor incidencia en la inflación fue la Vivienda, en 0,6 p.p., explicado enteramente por aumentos en la electricidad y suministro de agua potable, como resultado del aumento de tarifas públicas.
El tercer rubro que impactó en la inflación fue comunicaciones, en 0,2 p.p. y la suba se explica por los incrementos en los servicios de telecomunicaciones, como telefonía celular, telefonía fija y servicio de Internet, vigente desde abril.
Como contrapartida, la Educación contribuyó a la baja del peso inflacionario en 0,15 p.p., vinculado a las rebajas de las cuotas que brindaron algunas instituciones educativas privadas y recreación y cultura –con -0,05 p.p.–, por la reducción en los precios de los servicios de recreación y deportivos.

EN MAYO

La inflación mensual correspondiente a mayo del año pasado pasado fue de 0,4%. Aun cuando el salto provocado por la suba de tarifas haya sido absorbido en la inflación de abril, de no reducirse el resto de presiones inflacionarias, posiblemente vuelva a ubicarse por encima del 10% en mayo y supere incluso el 11%. En los últimos años resultó frecuente que la inflación se desalineara de las metas del gobierno y se ubicara por encima del 10%. Sin embargo, la actual situación del país hace que este valor sea relevante y preocupante. El contexto indica una fuerte caída de la actividad económica, aumento del desempleo y reducción importante de los ingresos.
La suba de los precios tensiona aún más el poder de compra de los hogares y afecta negativamente la calidad de vida en la mayoría de la población.

CONVENIOS COLECTIVOS

En los próximos meses finalizan los convenios colectivos en gran parte de los trabajadores privados. En las últimas siete rondas de negociación, incorporan correctivos al final del convenio de manera de corregir eventuales diferencias entre los ajustes pactados y la inflación efectiva. De esta forma evitan caídas en el poder adquisitivo de los salarios.
No obstante, bajo el supuesto –conservador– de que en los dos meses siguientes, la inflación tuviera el mismo comportamiento que en 2019, los correctivos de la mayoría de los grupos que vencen en julio se ubicarán entre 3,5% y 4%.
Todavía es incierto el rumbo y los contenidos de una futura negociación, pero en la medida en que los precios al consumo sigan en aumento, mayor será el porcentaje necesario para cubrir la diferencia entre lo acordado y lo que se requiere para mantener el salario real.