La Ley de Urgente Consideración (LUC) creará la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, como un órgano desconcentrado y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, una vez que el Poder Ejecutivo promulgue la ley en agosto.
“Un capítulo entero de la LUC se llama ‘Fortalecimiento del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial’. La ley crea el Ministerio de Medio Ambiente, por lo tanto le quita toda la competencia referida al tema y eso me parece bien. Hay una discusión sobre si el ordenamiento territorial tiene que estar en medio ambiente o en vivienda. Es una discusión un poco filosófica y a mí me parece que los dos tienen competencia porque no puede haber medio ambiente sin ordenamiento. Pero tampoco puede haber vivienda, sin ordenamiento”, dijo a EL TELEGRAFO, el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust.
La Dirección de Integración Social y Urbana, “tendrá el objetivo de eliminar los asentamientos. La LUC establece, además, que irán todos los bienes inmuebles que tenga el Estado, sin un destino puntual, hacia el ministerio. Se hará un censo sobre estas propiedades y se destinará a viviendas. Eso es lo importante de la LUC”, aseguró. La Ley de urgencia, “trae además, nuevas metodologías de construcción con sistemas modernos, por ejemplo de ladrillos que se encastran. En realidad la LUC le quita al ministerio toda la parte ambiental y que se concentre en vivienda para desarrollar una mejor política”.
Lust aclaró que los planes habitacionales, “entre cooperativas y financiación de cooperativas viene en la Ley de Presupuesto que entrará en setiembre al Parlamento y ahí hay que darle los fondos a viviendas. Lo que tiene que hacer el ministerio es la parte más técnica y será coordinar con el Banco Hipotecario, la Agencia Nacional de Vivienda y la Dirección de Vivienda, que son cuatro organismos que hacen lo mismo pero con diferentes perfiles para trabajar en forma conjunta”.
EL FIDEICOMISO
La ley de Presupuesto contemplaría la construcción de 50.000 viviendas, de acuerdo al anuncio de la ministra Irene Moreira, a través de un fideicomiso. “El fideicomiso tiene la ventaja de blindar un suma de dinero destinado para un fin específico. Por ese fideicomiso cobra una renta, o sea, una especie de ganancia”.
Cuando el fideicomiso, “llega al ministerio de Vivienda, no puede derivarse para otros destinos, como pasa habitualmente ante cualquier emergencia. En este caso, el que recibe una vivienda y la paga en cuotas, esas cuotas van para el fideicomiso. Su uso ha dado resultado, por eso para hacer un puente, por ejemplo, se hace un fideicomiso”.
REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS
La dirección de Integración Social y Urbana tendrá entre sus cometidos, la promoción y mejora del hábitat y de la vivienda, con la relocalización de asentamientos. De acuerdo a la ley, en los casos en que sea posible, se facilitará el otorgamiento de títulos de prioridad de viviendas y terrenos a los residentes en los asentamientos irregulares, según la reglamentación.
“La regularización de los asentamientos se logra con el traslado de las personas que residen en terrenos sin las condiciones de habitabilidad. Lo que pasa es que los asentamientos crecieron tanto y a raíz de los censos nos encontramos con sorpresas. Son el doble de lo que decían”, dijo Lust.
Sin embargo, aclaró que “no se puede regularizar un terreno con un título de propiedad y una línea de UTE en un lugar insalubre. El Estado no puede promover la instalación de personas al costado de los arroyos, por ejemplo, y que eso resulte perjudicial”.
ÓRGANO DESCONCENTRADO
La nueva dirección será un órgano desconcentrado, bajo la órbita del Ministerio de Vivienda y dicha resolución fue polémica, incluso en la interna de la coalición de gobierno. “Cuando empiezan a crearse direcciones y organismos desconcentrados, se crea una burocracia que no tiene sentido. En mi opinión, eso que va a hacer la dirección ya lo puede hacer el ministerio con lo que tenía. La idea de la LUC, es crear esta dirección para ingresar una cantidad de planes que estaban en el Mides. Como no podían ubicarlos en una dirección ya existente, se creó esa”. El legislador aclaró que “posteriormente con la Ley de Presupuesto, se le quitarán algunas competencias que tienen otras direcciones, hacia esta dirección que mantendrá el mismo personal. En realidad, no se crean más cargos”.
“MUY BUENA” LEY
La ley 13.728, aprobada a fines de 1968, denominada Ley Nacional de Vivienda, creó el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, que se nutría con el aporte de la masa salarial de los trabajadores y empleadores, cuyo sistema se aplicó hasta la presidencia de Luis Alberto Lacalle. El monto que después quedó sujeto a la voluntad de cada gobierno, establecía una política de Estado a fin de evitar la discusión parlamentaria en cada ley de presupuesto, por los recursos asignados a la construcción de viviendas.
Lust opinó que aquella, era “una ley muy buena y fue una gran solución para las cooperativas. En su momento fue revolucionaria y no sé por qué no se siguió utilizando. En ese aspecto apoyo a los cooperativistas”.
Recordó el proyecto presentado en el período pasado por el exdiputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, “que pensamos reflotar porque hablaba de la vivienda social. Su ley tuvo media sanción y al pasar al Senado, quedó ahí porque terminó el período de gobierno. Preveía su presupuesto con un porcentaje del PBI mínimo que debía pasarse al fondo”.
El Fondo Nacional de Vivienda pasó a Rentas Generales durante la presidencia de Jorge Batlle. “Eso, precisamente se evita con un fideicomiso. Esa es la gran virtud de esta forma jurídica donde hay mucho control”, aseguró.
LANZAMIENTOS Y GARANTÍAS
Lust elaboró un proyecto de ley, “que en realidad lo hacemos junto a la Asociación de Funcionarios del Poder Judicial, a partir del cual se suspenden hasta diciembre los lanzamientos de hasta $15.000 por mes y los juicios por hasta 25.000, para tratar de ayudar a personas que en medio de esta crisis tienen ese programa grave”.
La LUC, además, crea un sistema de arrendamientos sin garantías. “Eso se podía hacer hasta ahora, pero se modifica en el sentido que cuando el inquilino no paga el alquiler, si se hacía por el régimen anterior, se suponía que pasaba hasta tres o cuatro años sin pagar el arrendamiento. Ahora hay arrendamientos sin garantías donde el procedimiento de desalojo y lanzamiento es muy rápido. Eso se incluyó dentro del capítulo de vivienda y el ministerio no tiene que ver porque es una modificación al régimen de vivienda”.
