Una de las primeras medidas que el gobierno departamental adoptó en Paysandú al comienzo de la emergencia fue la clausura de los espacios públicos que dependen de su gestión. Hasta etimológicamente estaban en el centro de la discusión en torno a esta enfermedad: “público” y “espacio”, las claves del distanciamiento social que se entendió como el arma para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
El propósito de esta medida fue desestimular las reuniones y la concentración de personas. Rápidamente empezaron a aparecer denuncias, tanto a la propia Intendencia, como a la Policía y no faltaron quienes se manifestaron a través de redes sociales y en la página de Cortocircuitos Ciudadanos, expresando reclamos por la presencia de personas que se encontraban reunidas en esos espacios.
Pero esta polémica no es nueva en realidad, recordemos que hace relativamente poco tiempo otra administración había creado una zona de exclusión vehicular en varias cuadras alrededor de la plaza Artigas a partir de los reclamos de los vecinos del lugar por los ruidos molestos, y previamente también se había prohibido la permanencia de grupos de jóvenes en los canteros entre Washington y el Obelisco.
Los espacios públicos y el uso que hacemos de ellos son una parte importante de la vida en la ciudad, por lo que amerita detenernos un minuto a pensar en nuestros espacios públicos y cómo se gestionan, qué nos ofrecen y qué necesitan mejorar para beneficio de la comunidad.
Es un tema que a veces se pierde en las agendas de por estas latitudes, tantas veces preocupadas por asuntos más urgentes, postergando los importantes.
El tema en el mundo se considera tan sensible que Naciones Unidas incluyó entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible la meta 11.7, referida justamente a la gestión urbana de los espacios públicos. La prioridad que se planteó en esa meta es clara: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.
En octubre de 2016 se realizó una conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (conocida como Hábitat III), en la que se elaboró el documento “Nueva Agenda Urbana 2”, en el que se establecieron prioridades, aspectos críticos y recomendaciones al respecto de la gestión de los espacios urbanos.
En ese documento se enfatizó en algunas características que se pretende de los espacios públicos, los que se espera que sean: seguros, inclusivos, accesibles, verdes y de calidad, que creen las condiciones adecuadas para las familias; que contribuyan a mejorar la interacción social e intergeneracional; que contribuyan a las expresiones culturales; que contribuyan a la participación política; que fomenten la cohesión social; que fomenten la inclusión; que fomenten la seguridad en sociedades pacíficas y pluralistas. Pero además que sean espacios donde se satisfagan las necesidades de todos los habitantes y espacios donde se reconozcan las necesidades específicas de aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Muchas veces el debate por acá se limita a la infraestructura y sus condiciones, por ejemplo, si las fuentes están funcionando, la iluminación, el estado del césped y la higiene en general, pero se pasan por alto otros aspectos que bien podrían estudiarse, como por ejemplo a qué contenidos culturales y de entretenimiento se accede mientras se está en una plaza, por ejemplo, o a qué tipo de alimentos.
Otra discusión que se está dando de forma muy limitada es la del uso de otro espacio público urbano: la calle.
Recientemente, el 3 de junio, se celebró el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que instituyo la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2018 con el objetivo de poner en relieve los cambios necesarios en la movilidad de las ciudades hacia un esquema más sostenible.
Hoy muchas ciudades están viendo en la bicicleta una alternativa al uso del transporte público para disminuir el riesgo de contagio entre su población, por lo que ha tomado cierto nuevo empuje (que ya traía de todos modos), la búsqueda de estrategias que fomenten el uso de la bicicleta como medio de transporte, es decir, apartándose de la idea generalizada en nuestra comunidad que ve a la bicicleta como un medio únicamente para la distracción y el paseo, basta ver dónde se ubican los únicos dos tramos de ciclovía que existen en Paysandú.
Internacionalmente se consideran distancias “pedaleables” las que son menores a 10 kilómetros desde el domicilio hasta el lugar de trabajo o de estudio. Claramente es una distancia que comprende prácticamente cualquier lugar dentro de nuestra ciudad.
El Día Mundial de la Bicicleta, expresa Naciones Unidas, “invita a los Estados Miembros a mejorar la seguridad vial y a integrarla en la planificación y el diseño de infraestructuras sostenibles de movilidad y transporte, en particular mediante la adopción de políticas y medidas dirigidas a proteger y promover activamente la seguridad peatonal y la movilidad en bicicleta, con el fin de obtener resultados más amplios en materia de salud, en particular la prevención de lesiones y enfermedades no transmisibles”.
De cara a este último tramo de campaña electoral hacia la renovación del gobierno departamental –y con un ambicioso proyecto de obras a consideración–, es deseable que todo esto sea tenido en cuenta en el debate.
