“En el tema de la erradicación y prevención de la violencia en espectáculos públicos, desde la Secretaría Nacional del Deporte propusimos un texto a insertar en el Proyecto de Ley de Urgente Consideración a estudio del Parlamento”, señaló el gerente de la Secretaría, Dr. Gerardo Lorente, al ser consultado al respecto por EL TELEGRAFO.
La propuesta fue aceptada en Senadores, y ahora está a estudio de la Cámara de Diputados.
El además asesor jurídico de la Secretaría explicó que las principales características de dicho proyecto pasa por el mantenimiento de la Ley N° 19.534, siendo aplicable a todo espectáculo público y no solo a los deportivos.
“Se establece el derecho de admisión a favor del organizador del espectáculo, con colaboración del Ministerio del Interior. El derecho de admisión es aplicable a toda persona, tanto mayor como menor de edad”, dijo. Y agregó que “se establecen causales de no admisión y, en caso de configurarse además la persona, debe
ser incluida en el registro de personas impedidas”.
Además, se establece el derecho de exclusión de los espectáculos deportivos, en este caso “a favor del organizador y el Ministerio del Interior, por tanto cualquiera de los dos podrá, bajo ciertas causales que la Ley determina, retirar una persona de un espectáculo público”.
Lorente explicó además que “se crea el registro de personas impedidas, que llevarán “AUF, OFI, la FUBB u otras federaciones que el Poder Ejecutivo determine”, así como también que “se establece que la reglamentación deberá establecer el procedimiento para la inclusión y exclusión de personas en el registro, considerándose agravantes y atenuantes, y el derecho de defensa previo a la inclusión”.
El jerarca agregó que “el registro incluye a toda persona, tanto mayor como menor de edad”.
En tanto, “los organizadores de de otros espectáculos que no sean deportivos podrán usar la lista, no estando obligados a hacerlo”.
Otro punto importante para el deporte, es que la seguridad de los espectáculos públicos correrá por cuenta del organizador, pero se establece que “contando con la ayuda y auxilio (cuando corresponda) de la fuerza pública a través de la Policía Nacional”.
