Cabildo Abierto tiene “pronto” proyecto para ley de caducidad; para Lacalle Pou, “no forma parte del compromiso con el país”

"Uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas, respuestas históricas de los familiares de detenidos desaparecidos", aseguró Lacalle Pou.

(MONTEVIDEO PORTAL)
El senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo que durante su reunión con el presidente Luis Lacalle Pou le propuso “reinstalar” la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En una entrevista que brindó a radio Monte Carlo, Manini dijo que “ese es el planteo” que le hizo a Lacalle. “Por ese lado viene y en esos términos hablamos con el presidente de la República”, ratificó.
En la mañana de ayer, Lacalle Pou se refirió a esta propuesta. Aseguró que “no forma parte del compromiso por el país”, dando a entender que no tendrá el apoyo de la coalición. Calificó la propuesta como “una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno”.
“Uno entiende que Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas (…) respuestas históricas de los familiares de detenidos desaparecidos”, aseguró Lacalle Pou, según recogió el periodista Leonardo Sarro de Montecarlo. Dijo también que se reunirá próximamente con “una asociación de familiares de víctimas de la sedición”. “Me han pedido una reunión y es justo que así lo haga porque también sufrieron en su momento la desaparición y muerte de sus seres queridos”, señaló. Agregó que “el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la voz de Manini, no hay una decisión ni un análisis del gobierno con respecto a este punto”, afirmó. Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano dijo este lunes que su partido tiene “pronto” el proyecto de ley para “reinstalar” la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, tal como anunció el pasado viernes el líder de dicha fuerza política, Guido Manini Ríos.
En contacto con radio Monte Carlo, Lozano dijo que “la gente tiene problemas hoy, mañana”, por lo que rechaza juzgar “los problemas de hace 50 años”.
“De una vez por todas hay que dar vuelta la página y no seguir discutiendo. A veces parece que es una cuestión obsesiva o que se ha transformado en negocio de algunos el tema de discutir lo que ha pasado acá hace 50 años”, expresó Lozano.
“Vemos lo que está pasando en este país y no podemos mirar para el costado y hacernos los distraídos”, dijo Lozano, quien anunció que la bancada cabildante tuvo “contactos con otros integrantes de la coalición”.
Dijo que aún no se les presentó el proyecto a otros integrantes de la coalición, aunque se hará “en las próximas horas”.
“Estamos esperando simplemente si la iniciativa será por el Parlamento o provendrá del Poder Ejecutivo”, apuntó.

JUSTICIA COMENZÓ A APLICAR LA LUC

(ELOBSERVADOR)
La Ley de Urgente Consideración (LUC) entró en vigencia el 24 de julio y en el ámbito penal ya comenzaron a aplicarse varias de las disposiciones incluidas en el texto, entre ellas las vinculadas a la nueva reforma del Código del Proceso Penal (CPP).
Algunos fiscales solicitaron la libertad a prueba como alternativa de la prisión, una de las modificaciones que introdujo la LUC. Esto implica que el condenado realice actividades de reinserción social y si las incumple, irá a prisión para culminar la pena. Sin embargo, tiene sus limitantes, ya que solo aplica para delincuentes primarios y quedan por fuera algunos delitos como la rapiña, el secuestro y el homicidio, entre otros.
Uno de los artículos que también se aplicó y puede generar diferentes interpretaciones es el 272, relativo al proceso abreviado, en el que el imputado puede recibir una reducción de la condena de hasta un tercio a cambio de admitir su responsabilidad en un delito.
Antes de la LUC, el proceso abreviado se aplicaba en delitos cuyas penas mínimas no superaran los seis años, pero en la redacción que empezó a regir la semana pasada se puede recurrir a esta figura en delitos cuyos mínimos no superen los cuatro años o se trate de una pena sin prisión.
El proceso abreviado se aplica en general en las rapiñas, para evitar llegar a un juicio en el que tal vez los testigos y la víctima no participen y el caso quede impune. Por eso, los operadores prefieren pactar una pena pero asegurarse una condena. El artículo 273 agrega que la pena pactada no podrá ser inferior al mínimo previsto para el delito correspondiente.
La aplicación de este artículo puede tener dos interpretaciones. El juez penal de Atlántida de 1° Turno, Marcos Seijas, intercambió opiniones a través de Twitter con la fiscal Gabriela Fossatti sobre si el proceso abreviado podría o no aplicarse a la rapiña especialmente agravada, que tiene una pena mínima de cinco años y cuatro meses.
Seijas sostuvo que era posible, porque el tipo básico no es superior a cuatro años. En tanto Fosatti dijo que el mínimo de la pena del tipo en la modalidad especialmente agravada son cinco años y cuatro meses, quedando por fuera de la aplicación.

REGISTRARON 9 CASOS NUEVOS

(SINAE)
Uruguay registró este lunes nueve casos nuevos de coronavirus, lo que da una cifra total de 1.291 casos positivos desde que comenzó la emergencia sanitaria en marzo. Siete corresponden a Montevideo y dos a Canelones. Asimismo, de los nueve casos , tres corresponden a brotes originados en centros de salud.
Actualmente hay 232 personas cursando la enfermedad y cuatro de ellas se encuentran internadas en cuidados intensivos. Los departamentos con casos activos siguen siendo 14: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José y Treinta y Tres.
En el departamento de Cerro Largo hay dos casos menos que el domingo y en Soriano hay uno menos, “por tratarse de transportistas que cursan su enfermedad en el exterior. El número total de casos activos puede variar independientemente de los casos nuevos en el departamento, debido a viajeros que abandonan el país o cambios de domicilios y departamentos”.