La sentencia aristotélica que afirmaba la verdad como única realidad fue utilizada a lo largo de los siglos para explicar las crisis políticas o económicas. Y vuelve a aplicarse en forma específica a fin de demostrar que dos más dos darán cuatro en cualquier cultura.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presentó la Rendición de Cuentas de 2019 ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Una iniciativa cargada de polémica y cruces políticos, sobre los cuales habrá que apelar a la memoria.
En 12 meses, cerrado a junio de este año, el déficit fiscal llegó al 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y permanece como el más alto de los últimos treinta años. Hablando en plata, son unos U$S 2.982,4 millones.
Esa realidad motivó a una reacción de la oposición, que apeló al contexto regional y su comparación necesaria con los países vecinos cuando eran gobierno. Una cuestión que, por ejemplo, no aplican en el actual contexto planetario, ya no regional ni de países vecinos.
Uruguay siempre brindó tranquilidad jurídica a los inversores, desde hace décadas, gobierne quien gobierne. De lo contrario, no es posible conciliar las razones por las cuales varias multinacionales han aterrizado en nuestro pequeño territorio.
Esa es otra realidad que persiste a lo largo del tiempo y no es la creación concreta de los últimos tres quinquenios, así como tampoco ha sido su llegada por generación espontánea. Hubo mucho trabajo y esfuerzo por parte de gobernantes y líderes de todos los tiempos que entendieron que sin exportaciones ni inversiones directas se volvía improbable la creación de mano de obra genuina. Y eso es un axioma, es decir, no necesita una demostración para convencer a nadie.
La oposición dice que el panorama económico presentado por Arbeleche no trae una sola referencia a la región. Es lo mismo que hacen cuando repiten que Uruguay es el país de la región que menos invirtió en atenuar los efectos de la crisis y evitar el crecimiento de la pobreza extrema.
Mientras, se olvidan que el desempleo ya mostraba dos dígitos (10,5%) al 29 de febrero de 2020, sin tiempos de pandemia y con una caja que ya venía lo suficientemente chica, como para apelar a la expansión económica. Porque si el país aumenta su deuda, ese también será un argumento lo suficientemente quitado del contexto para mostrar el aspecto negativo de una economía que ya crecía poco y donde se incrementaba el gasto.
Porque la economía no crece en función de cálculos y mucho menos, cuando las proyecciones que hacían estaban por fuera de una realidad. Solo impulsaban al crecimiento deficitario.
Cuando hay poca espalda económica para soportar una crisis, siempre es buena la pregunta: ¿Qué políticas de Estado aplicaron las gestiones anteriores para cuidar el gasto público? Porque el manejo de las finanzas debiera ser una política de Estado y no el cálculo a cinco años, mientras observan la pizarra electoral y le desean al próximo que se arregle como pueda.
Al otro día de declarada la emergencia sanitaria, el 14 de marzo, comenzaron a instalarse las ollas populares en todo el país. ¿Esas personas quedaron sin comida sobre sus mesas de un día para el otro? ¿O es el reflejo de una realidad que subyacía debajo de los relatos? Solo hubo que levantar esa tela de fina trama para ver, otra vez, que la única verdad era la realidad.
Es necesario mantener las políticas sociales porque el empleo disminuyó en forma sostenida en el marco de la pandemia. Pero ya venía castigado sin COVID-19.
El Instituto Cuesta Duarte, dependiente del Pit Cnt, estimó que se perdieron 55.000 puestos laborales entre 2014 y 2019. Son aproximadamente unos 10.000 por año y esa realidad también está por encima de cualquier relato.
Al menos hasta fines de junio el gobierno lleva gastados más de 271 millones de dólares en seguros de desempleo, subsidios por enfermedad, canastas e incrementos de partidas en Asignaciones Familiares, entre otros.
En medio de esta situación –y hablando de contexto– hay que mirar con atención el riesgo del grado inversor y la labor que haremos ante las calificadoras internacionales. Porque el financiamiento para este año es superior a lo previsto y se ubica en torno a 5.100 millones de dólares.
En cualquier caso, la Ley de Presupuesto será protagonista y marcará el rumbo de la política económica. Y como nada es inocente, las fuertes declaraciones de la ministra el viernes pasado también son mensajes que se escuchan desde afuera.
Por eso, mientras algunos hablan de enfrentamientos en plena pandemia y en tiempos de elecciones municipales, al tratar de contraponer “modelos económicos versus valores y visiones de la vida” o “gobierno de ricos para ricos”, otra vez la realidad contextualizada pega en la cara de los políticos sin memoria.
La justicia social, donde el empleo y la educación para las clases más vulnerables eran, son y serán la única salida posible de la miseria, venía en franca retracción. La industria manufacturera, que respaldaba y brindaba ingresos a los sectores menos escolarizados, fue la que perdió más puestos de trabajo y lo hizo en forma más acelerada que cualquier otro sector de la actividad. Esa realidad no pudo revertirse con discursos de solidaridad.