En diciembre del año pasado, el accionista mayoritario del proyecto de la planta regasificadora, es decir UTE, resolvió la liquidación y cierre de Gas Sayago. Un mes antes, la Administración Nacional de Puertos le retiraba la concesión de las aguas portuarias en el río de la Plata, donde había construido 71 pilotes e intimaba su demolición en un plazo de diez días.
Sin embargo, hasta ahora pueden verse los vestigios de una obra fallida y que arroja unos 200 millones de dólares de pérdidas.
El entonces presidente del directorio de la ANP, Alberto Díaz, explicaba que la idea era comenzar la recuperación de un espacio “que tiene que ser portuario” y abierto a la instalación de otros proyectos porque el emprendimiento del que hablaba “finalmente no se cumplió”.
La iniciativa de 2011 se iba a llevar adelante en 2013, pero acabó cerrándose con grandes pérdidas para el país. Por lo tanto, el tema central no son los pilotes, sino todo lo que vino después.
Desde el año pasado, el ente energético cuenta con un informe encomendado a los gerentes de Planificación, Jurídica, Dirección Operativa y Servicios Corporativos, donde resume los procedimientos de juicios laborales, demandas civiles y de lo contencioso administrativo, procesos concursales y arbitrales que dejó para las actuales autoridades.
A modo de ejemplo, el documento señala que Gas Sayago enfrentó siete audiencias de conciliación que aseguran demandas en torno a 90 millones de dólares. Pero el tiempo pasó y aumentaron las pérdidas. Lo que debió liquidarse mucho tiempo antes, se hizo una vez conocidos los resultados de las elecciones nacionales. El 12 de diciembre de 2019, publicó la decisión de “Disponer que se inicien las acciones apropiadas para proceder al cierre y liquidación de Gas Sayago S.A.”. El segundo punto expresaba “Oficiar a Ancap en los términos del caso comunicándole la presente resolución”.
Con las obras paralizadas desde hacía 5 años, el gobierno anterior trató de disimular todo lo que pudo el fracaso. La ministra de Industria del período anterior, Carolina Cosse, acompañada por la presidenta de aquel directorio de Ancap, Marta Jara, presentaban un memorándum de entendimiento con la compañía Shell.
Una propuesta imposible de cumplir y que, además, significaba una privatización pura y dura del negocio del gas natural. Una cuestión que pasó inadvertida para los paladines de la defensa de las empresas públicas.
Fracasaron los cuatro llamados sucesivos porque nadie tuvo interés y es justo decirlo de esa forma. Pero también hay que decir que los defensores de “la cosa pública” quisieron meter una privatización a través de un llamado ilegítimo. Porque no había nada para vender, con la excepción de 71 pilotes.
Sin embargo, los representantes de la regasificadora no se sintieron obligados a su demolición. En cualquier caso, UTE ya tenía definidos unos ocho millones de dólares para eso y todo esto sin contar las pérdidas aproximadas a los 10 millones de dólares anuales por un negocio que nunca funcionó.
Pero Gas Sayago tenía el nombre implícito de Jara, quien había dejado su cargo en reserva y por el cual percibía –antes de asumir en Ancap– unos 400.000 pesos.
Pocos meses después, en mayo de este año, nos enteramos de la intimación de la exjerarca al reclamar su asignación de tareas porque “se siguen acumulando obligaciones de la empresa por mantenerme a la orden sin que genere valor”, escribía en Twitter.
Jara era la única funcionaria que mantuvo Gas Sayago –empresa liquidada en diciembre– y por lo tanto, estaba fuera del acuerdo y los despidos, con su cargo en reserva. Pero su caso es el más sonado, porque hasta agosto de 2019, según el documento de los gerentes de UTE, se habían iniciado 34 procesos laborales.
Cuatro de ellos siguen su trámite y los reclamos de dinero son variados: 233.000 dólares, 12 millones de pesos, 5,5 millones de pesos y el cuarto por más de dos millones de pesos.
Sin contar, claro, la demanda ganada por OAS contra el Estado por 13 millones de dólares, cuyo fallo quedó firme por retención de pagos, luego de la rescisión del contrato. O los 155 millones de dólares destinados para la liquidación de la empresa. O los 600.000 dólares para el despido del personal.
Pero es otro de los malogrados proyectos del expresidente José Mujica, y sobre el cual poco se le pregunta. Fue una ilusión que sostuvo su fuerza política a cualquier costo. Con la única diferencia que a ese costo lo pagan todos los uruguayos.
Ahora, al cierre de la semana anterior, UTE resolvió auditar a través de una empresa externa, las cuentas de Gas Sayago. El director del ente en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, y promotor de la iniciativa votada por unanimidad, explicó en Twitter que fue “un negocio muy malo para el país por el cual el Estado hasta el día de hoy sigue desembolsando recursos”.
Tanto como 125.000 dólares mensuales que el Estado deja en depósito en la ANP para un negocio ruinoso, en tiempos de crisis global y nacional. Cuando se abra esta caja de Pandora, habrá que hablar de eso. Y evitar que digiten la agenda y la desvíen en temas que interesan a otros. Pero no a todos.