en desmedro de los temas de mediano y largo plazo que son de fundamental importancia y esperan definiciones desde hace largo tiempo.
Entre otros elementos, desde el partido de gobierno se maneja que, en un presupuesto donde habrá significativos recortes ante la escasa disponibilidad de recursos del Estado, se exceptuarán áreas en las que funcionan organismos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.
En estos casos se apunta a dejar afuera de los recortes al Instituto Pasteur, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba), al Instituto de Investigaciones Clemente Estable (Iibce), a la Dirección para el Desarrollo y el Conocimiento, al Instituto Antártico Uruguayo y al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).
En suma, se ha acordado en el oficialismo que el límite máximo de ejecución presupuestal para el ejercicio 2020 será el 85 por ciento del presupuesto 2019 que los organismos estatales tuvieron para sus gastos de funcionamiento e inversiones, lo que implica una contención del gasto a tono con las circunstancias de la economía afectada por la pandemia, pero sobre todo por el desfasaje entre gastos y recaudación del Estado que venía de los dos últimos gobiernos del Frente Amplio.
Pero en este panorama de urgencias, donde se intenta apagar focos aquí y allá para que no se incendie la pradera, nos encontramos con que siguen postergados, en los gobiernos de todos los partidos, la dilucidación de desafíos que en el mediano y largo plazo son un cuello de botella para el país, le toque a quien le toque gobernar, y no en un solo período.
Así, tenemos que si bien no fue un tema de primera línea de ninguno de los partidos que comparecieron en las elecciones nacionales, la problemática de la seguridad social y su financiación de cara al futuro es un factor omnipresente cuando hablamos de los recursos del Estado y su abordaje, sobre todo las posibles respuestas, no serán para nada simpáticas.
Es que lejos de ser un “llamador “ de votos, el tema tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que la dirigencia política ha tratado de soslayar, porque cuando hay que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Por lo pronto, debemos partir de la base de que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional. En este sentido, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a una estimación de 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se estima en el orden del 9,21 para 2020.
Asimismo, hace poco tiempo, desde el instituto de estudios económicos Ceres, se indicó que entre los desafíos que tiene por delante Uruguay figura la necesidad de un ajuste fiscal, y en este sentido el “gran elefante blanco” que tiene el Estado uruguayo es la seguridad social –que implica un 35 por ciento del gasto estatal– teniendo en cuenta el elevado gasto en jubilaciones y pensiones.
Este gasto incluso es elevado en la comparativa internacional respecto a países de estructura demográfica semejante, al punto que se duplica en promedio respecto a otros, lo que por supuesto se traduce en una atención fundamentalmente hacia personas de la tercera edad y que por lo tanto en gran medida se traduce en mayor calidad de vida para sectores desprotegidos, por regla general.
Pero no puede obviarse que desde 2008 el gasto en seguridad social aumentó un 70 por ciento, lo que equivale a un dos por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mientras que en infraestructura el incremento fue del 0 por ciento.
Por lo tanto, aunque Uruguay alcanza muy buenos niveles en cobertura, suficiencia del sistema e indicadores sociales para los adultos mayores, en la actualidad los niveles de gastos en el sector son similares a los previos a la reforma de 1996 y ha ido en peligroso aumento, según estima este instituto.
En el aspecto demográfico evidentemente tenemos un menor número de nacimientos y mayor expectativa de vida, lo que significa que estamos ante un envejecimiento de la población que implica desafíos a los que –contrariamente a lo que ocurre en los países desarrollados– se llega con disponibilidad de recursos muy menguados y coberturas acotadas en diversas áreas relacionadas sobre todo con la seguridad social, con la productividad y con los requerimientos de recursos humanos y materiales.
Y por más que se de vueltas en el asunto, reaparece como el eje de la cuestión la sustentabilidad del sistema de seguridad social ante el aumento de la población mayor, los recursos disponibles y las exigencias que se irán acentuando para atender la calidad de vida de este sector de población, que de una forma o de otra siempre recaerá sobre los actores activos del sistema.
Debe tenerse presente además que, como contrapartida a la inversión social, también ocurre que la totalidad de gastos en adultos mayores que debe cubrirse con Rentas Generales –por encima del ingreso del sistema– equivale aproximadamente al 7 por ciento del PBI, superando en más del 40 por ciento los gastos en niñez y adolescencia, incluyendo educación.
Y con una relación activo-pasivo que dista de ser la ideal y con este ritmo de envejecimiento poblacional, los esquemas diseñados para cuando había otra relación entre las franjas etarias y las consecuentes necesidades del sistema, no pueden postergarse las decisiones, por acuerdo entre todo el sistema político, que busque soluciones y comparta los costos políticos que inevitablemente surgirán como consecuencia de los correctivos, enmarcado en un entendimiento político interpartidario y con participación de los sectores involucrados.
