Digitalizados

Uruguay continúa escalando posiciones en los reportes internacionales de gobierno digital, como es el caso del denominado informe global de Gobierno Digital de las Naciones Unidas cuya entrega 2020 ubica a nuestro país 12 puestos más arriba que el anterior (2018) a nivel mundial. A su vez, mantiene el liderazgo en América Latina y el Caribe ubicándose segundo en las Américas, luego de Estados Unidos y superando a Canadá.
Nuestro país también lidera en la región en lo que respecta al subíndice sobre infraestructura de telecomunicaciones y se mantiene estable respecto del índice de participación electrónica, que todavía tiene un bajo desarrollo en el conjunto de los países.
Por otra parte, obtiene el puntaje máximo en la medición relacionada a las políticas de datos abiertos, que se integra por primera vez en el referido informe, que se elabora cada dos años por la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en conjunto con las comisiones regionales y otras agencias de la ONU, así como con varios investigadores y expertos internacionales.
La excelente puntuación uruguaya en estas mediciones comparativas sigue siendo motivo de interés en el ámbito internacional, si bien ya desde hace unos años nuestro país se destaca por su buen desempeño en la materia, escalando posiciones ocupadas mayoritariamente por los países desarrollados.
¿Cómo inciden estas cuestiones en la vida cotidiana de los uruguayos? En ese sentido, hay varias respuestas e impactos. En primer lugar, es necesario decir que contamos con una serie de ventajas comparativas, a las cuales nos hemos acostumbrado a un punto tal que ya las consideramos como algo normal, cuando en otros países de la región son inexistentes o presentan un rezago.
No se trata solamente de infraestructura para las telecomunicaciones, sino que existen otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, para avanzar en términos de Gobierno Electrónico y Ciudadanía Digital es necesario abatir la brecha digital, algo que se ha logrado a nivel local.
Por otra parte, el avance en la digitalización de los servicios del gobierno y la apuesta por un gobierno más cercano y abierto en el marco del desarrollo de políticas públicas inclusivas ha sustentado acciones como la entrega de computadoras portátiles a escolares y liceales –que permitió desarrollar de buena manera la enseñanza a distancia primaria y secundaria desde el inicio de la emergencia sanitaria– y de digitales a los jubilados.
Si lo observamos en cuestiones aún más concretas, el impacto de estos temas se expresa en aspectos como la vinculación con oficinas del Estado, la agilización de trámites, las compra-ventas online y el teletrabajo.
Concretando aún más, podemos decir que el canal digital es el preferido por las personas para informarse sobre un servicio en Uruguay y que tres de cada cuatro internautas uruguayos se vincula en línea con el Estado, según los datos recientemente divulgados del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital (CAP), el cual se realiza anualmente desde 2013, como parte del proceso de toma de decisiones basado en datos, y con el objetivo de conocer los comportamientos de la ciudadanía con relación a gobierno digital, acceso a la información pública, seguridad y protección de datos, teletrabajo y tecnologías emergentes.
En lo que respecta a las interacciones con el Estado, el 42% de las personas prefiere informarse por Internet, mientras que un 26% prefiere asistir a las oficinas públicas. Además, tres de cada cuatro internautas se vinculan en línea con el Estado, declarando haber hecho alguna actividad de Gobierno Digital en los últimos 12 meses. Asimismo, alrededor de un tercio declara haber realizado un trámite completamente en línea, y más de la mitad está satisfecha con la experiencia.
Sobre las transacciones digitales también hay datos interesantes que indican que 1 de cada 2 personas mayores de 18 años realizó transacciones de dinero en línea, lo que implica un uso avanzado de Internet y es un dato que debería ser tenido muy en cuenta por las empresas e instituciones.
Actividades como recibir o descargar facturas de servicios públicos (45%), reservar fechas para realizar trámites (35%), pagar por internet trámites o servicios del Estado (32%) son las más frecuentes aunque en porcentajes similares se sitúan actividades digitales como realizar un trámite online de principio a fin (32%) o descargar formularios oficiales (28%), y ya menos frecuente otras como hacer preguntas o reclamos en sitios web estatales (20%), participar en consultas o votar en sitios o redes estatales (15%).
Entre las ventajas que señala la población está el ahorro de tiempo, la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, la confiabilidad del sistema, el ahorro de dinero, la facilidad de uso y que en general estas opciones funcionan correctamente en todo momento.
No obstante, estas prácticas no son homogéneas en los diferentes segmentos de la población, diferenciándose por nivel educativo y edad: a mayor nivel educativo y menor edad, se encuentra más extendido el uso. En este sentido, el estudio indica que entre las personas de nivel educativo alto, su uso está extendido en un 85%, mientras que entre las de nivel educativo bajo, sólo alcanza al 20%. También existen diferencias por edad: quienes realizan transacciones son el 57% de los menores de 45 años pero solo el 27% de los mayores de 65 años.
A su vez, existe una brecha en el uso avanzado de Internet entre los residentes en el Interior del país (38%) y los residentes en Montevideo (60%), mientras que entre los adultos mayores residentes en el Interior del país y de bajo nivel educativo no se encuentra extendido el uso de servicios públicos en línea.
Felizmente, el fin del trámite eterno es algo que parece haber llegado a la administración pública. No obstante, atendiendo a las metas de ciudadanía digital y gobierno electrónico que comenzaron en el gobierno anterior y se estarían continuando en gran medida en el actual, sería necesario atender los nichos de desigualdad que persisten y pensar en servicios específicos de información o capacitación, lugares donde se realicen trámites en línea para adultos mayores y otros ciudadanos no alfabetizados digitalmente, o estrategias de fácil acceso para aquellos que estén dispuestos a formarse.

 

 

 

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