El intendente Mario Díaz, acompañado por autoridades municipales y del Ministerio de Vivienda, encabezó el acto de entrega de 21 llaves a familias beneficiarias del programa Realojos en el barrio Jardines, ubicado en Proyectada 52 y Montevideo Sur, donde totalizan 41 casas. Las restantes se entregarán hoy, en un acto de similares características, correspondiente al complejo “Esperanza” y ubicado a pocos metros de allí.
Díaz destacó que “de los hechos que más satisfacción nos da es entregar viviendas porque sabemos lo que representan para las familias, como el caso de las destinatarias que sufren problemas de contaminación e inundaciones” y recordó las gestiones efectuadas por la comuna con la compra del terreno, las tramitaciones ante el ministerio y la coordinación del trabajo de los funcionarios en la obra.
El director de Obras, Marcelo Romero, precisó que en la zona se han construido 62 casas, “veinte de las cuales corresponden a una primera entrega y ahora se completa la obra con 41 que responden al problema que tenían 162 personas, 25 de ellas jefas de hogar, 7 personas mayores, 48 niños y 7 adolescentes”.
Explicó que la habilitación del complejo “va en el sentido de la meta de lograr que no haya personas residiendo por debajo de la cota 6,50 y avanzar en el terreno de La Chapita, que son terrenos inundables y contaminados con metales pesados”.
El sistema de construcción se basa en los lineamientos de la secretaría de Estado. “Estaba la necesidad, según la experiencia previa, de darle mayor agilidad a la construcción en virtud de la ocurrencia con mayor asiduidad de las inundaciones. Se optó por una construcción que es prácticamente llave en mano, con algunos aportes de los vecinos relacionados al cerramiento, o tareas complementarias”, dijo a EL TELEGRAFO.
La mayor parte de la obra fue realizada por la Intendencia con funcionarios de la comuna, “desde la infraestructura del saneamiento, agua potable, calles y alumbrado público, además de la confección de las plateas y el aporte del material necesario” y “contrató un sistema alternativo de rápida ejecución que cumple con los protocolos y exigencias del ministerio”.
Romero anunció la necesidad de “propiciar la autoconstrucción y planteamos trabajos después de la obra con la comunidad y mejoras en el entorno”.
LO QUE QUEDA
La administración actual, “a pesar del corto tiempo que queda, continuamos con los mismos planes que tuvimos al inicio del período. De hecho, ya planificamos por dónde deberíamos seguir en la eventualidad que el ministerio de vivienda las financie. Estamos dispuestos a poner la tierra, la infraestructura y no construir en cualquier lugar de la ciudad. Por eso, ya tenemos unos terrenos previstos para eso”, adelantó.
Los censos efectuados indican las intervenciones, además de contar “con la experiencia del equipo que ha trabajado en los últimos cinco años. Eso lo hemos planteado al ministerio de Vivienda oportunamente en el Congreso de Intendentes. Hace poco hubo una reunión virtual y esas cuestiones están indudablemente sobre la mesa. Esperamos para saber hacia dónde definen los recursos y si es que podemos avanzar en convenios similares a los que nos permitieron construir en este período”.
INSPECTORÍA
El director aclaró que “no es solo la relocalización y la vivienda digna, sino la creación de una inspectoría territorial que evita nuevas ocupaciones. Ese era un problema que tenía Paysandú y hasta ahora no había sido subsanado. A partir de esta administración, y enmarcado en una política pública que pensamos perdurará, esta inspectoría permite las relocalizaciones”.
La mencionada oficina avala la resignificación de nuevos espacios, “como por ejemplo el parque La Chapita o el trabajo sobre un proyecto binacional de adaptación con fondos internacionales. Paysandú fue elegida junto a otro departamento, para darle un nuevo uso a la zona liberada hace poco tiempo con la entrega de las nuevas viviendas”. Romero se refiere a la zona de Unión Portuaria y Ledesma, “donde planteamos junto con la Facultad de Arquitectura un anteproyecto para licitar y contratar la obra a fin de recuperar la costa ribereña, con un proyecto semilla”.
Este jueves algunos vecinos comienzan su mudanza y solicitaron la demolición de sus antiguas viviendas. “De lo contrario, esperamos un plazo de 10 días de acuerdo a la normativa y después va la Intendencia demuele la vivienda vacía. Es decir, en esta etapa prácticamente llegamos a calle Entre Ríos”.
