(EL PAIS)
El gobierno brindó ayer una conferencia en la Torre Ejecutiva para informar acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en Uruguay. De esta instancia, participaron Álvaro Delgado (secretario de la Presidencia), Rodrigo Ferrés (prosecretario de la Presidencia) y Daniel Salinas (ministro de Salud Pública).
“El gobierno nacional está muy preocupado por algunos hechos vinculados a fiestas, que no están autorizadas, de una gran cantidad de personas en los últimos días. Esto pone el riesgo la salud de la población”, destacó el secretario de Presidencia.
“Hay un compromiso de cada uno y responsabilidad de quienes organizan estos eventos”, agregó, al tiempo que advirtió: “Esto está controlado hasta que se descontrola”. “Podemos ganar en tratar de generar escenarios que a los uruguayos no les va a ir bien. Perder lo que fuimos ganando por una fiesta no es la opción de hoy”, enfatizó Delgado.
“Tenemos un estatus transitoriamente aceptable”, destacó, de su lado, el ministro de Salud Salinas, quien hizo un “llamado a la reflexión” y dijo que “hasta este momento tenemos brotes”. “Hay que seguir esforzándose, no hay chance”, agregó. “Pedimos que no se hagan fiestas. ¿Es mucho pedir?”, subrayó Salinas.
“El tema acá no es inocuo para la salud pública y siempre hay un organizador, que es responsable”, afirmó y señaló que si bien no tiene el “ojo de Gran Hermano” para estar arriba de esas fiestas, van a trabajar con el Ministerio del Interior “en nuestro rol de Policía sanitaria”, dijo Salinas.
“Creo que con estas fiestas nos van a hacer más de un gol, y vamos a tener varios goles”, dijo el ministro de Salud.
A su turno, Ferrés resaltó que el Poder Ejecutivo “a través del MSP podrá imponer multas que pueden ir desde 30 UR hasta 1.000 UR”, y “puede y debe en caso de existir infracciones en cualquier tipo de establecimientos clausurarlos y realizar denuncias policiales y ante Fiscalía en casos de desacato. Sean las autoridades públicas de fiscalización en materia sanitaria o con la Policía”.
“Acá se trata de poder proteger a la gente a través de la protección del interés general”, resaltó el prosecretario de Presidencia.
Consultado sobre cómo trabajarán las autoridades en los festejos el día de las elecciones del próximo 27 de setiembre, Delgado destacó el papel de los “facilitadores” que velarán para mantener los cuidados sanitarios, y resaltó que en los próximos días van a publicar la “normativa para dar las garantías sanitarias”. Llamó a que el sistema político “tiene que dar el ejemplo” no solo en la jornada electoral, sino en los festejos.
LÍMITES Y MULTAS
(EL PAIS)
En el mismo tono, el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un comunicado a la población recordando la “obligatoriedad de no aglomeración” y alertó por las posibles consecuencias legales que podrían sufrir quienes no acaten estas medidas.
La cartera destacó que las fiestas autorizadas son solo aquellas que “se celebran en establecimientos habilitados” y con “un límite de 60 personas”.
Además, deben tener una duración máxima de dos horas y media “con recomendación de que sean fiestas infantiles” y el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes como el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos.
Por otra parte, el MSP alertó que en caso de que las autoridades públicas constaten que existe una fiesta que ponga en riesgo la salud de las personas, podrán sufrir hasta tres consecuencias: multas (30 a 1000 UR: $ 37.142 a $ 1.238.070), clausura del lugar (establecimientos públicos o privados) y denuncia penal.
CASOS NUEVOS
(SINAE)
Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), ayer se llevaron a cabo 2.046 análisis y se detectaron 29 casos positivos nuevos de coronavirus: 17 son de Montevideo, 11 de Rivera y uno de Maldonado. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado 205.278 tests y se han registrado 1.856 casos positivos de coronavirus en todo el país. De ese total, 1.559 ya se recuperaron y 45 fallecieron.
Actualmente hay 252 personas cursando la enfermedad; una de ellas se encuentra en cuidados intensivos. Los departamentos con casos activos son 9: Artigas, Canelones, Florida, Maldonado, Montevideo, Rivera, Rocha, San José y Treinta y Tres.
RESISTENCIA AL ARRESTO
(SUBRAYADO)
El fiscal Rodrigo Morosoli condenó mediante proceso abreviado a tres hombres por resistencia al arresto, en una de las primeras aplicaciones del nuevo delito creado en la Ley de Urgente Consideración (LUC). Los imputados fueron detenidos en la madrugada del sábado 12 de setiembre por disturbios en la explanada municipal en Montevideo.
“Dos de ellos, quienes se identificaron como militares, resistieron con agresiones físicas y verbales la actuación policial”, dice el informe publicado por la Fiscalía.
“D.G.F. fue condenado como autor penalmente responsable de dos delitos de lesiones personales especialmente agravadas en régimen de reiteración real (…) y un delito de resistencia al arresto especialmente agravado”, dice el comunicado. Fue condenado “a la pena de ocho meses de prisión, los que cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba con las siguientes obligaciones: presentación semanal en la seccional de su domicilio, prestación de servicios comunitarios con una carga de dos horas semanales durante tres meses y obligación de cumplir con un programa de tratamiento de la violencia”, informa la Fiscalía.
A su vez, “M.P.G. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de resistencia al arresto especialmente agravado, a la pena de seis meses de prisión, sustituidos por el régimen de libertad a prueba por igual período, con el cumplimiento, entre otras, de las siguientes condiciones: presentación semanal en la seccional de su domicilio, prestación de servicios comunitarios con una carga de dos horas semanales durante dos meses y obligación de cumplir con un programa de tratamiento de la violencia”.
Por último, “L.D.L.P. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de resistencia al arresto especialmente agravado, a la pena de seis meses de prisión, sustituidos por el régimen de libertad a prueba por el mismo plazo, con el cumplimiento de las siguientes condiciones: presentación semanal en la seccional de su domicilio, prestación de servicios comunitarios con una carga de dos horas semanales durante dos meses y obligación de cumplir con un programa formativo laboral”.
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