El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) analiza jurídicamente la ley de presupuesto, en sus artículos 127 al 190 y lleva adelante una discusión interna con sus delegados a nivel nacional.
El dirigente Alejandro Álvarez expuso que “la mayor preocupación es el 134, donde sustituye el artículo 10 de la Ley 18.405 y realiza cambios importantes que pueden perjudicar al funcionario policial, con el subsidio transitorio y el fondo de vivienda. El artículo 140, refiere al porcentaje que se descontará a los funcionarios para ese fondo”. Según Álvarez, “hay cambios en las sanciones disciplinarias, quitan operadores penitenciarios que cumplen funciones en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) pero crea cargos dentro del ministerio, según el artículo 137”.
Consultado sobre las certificaciones médicas en el Ministerio del Interior, un aspecto denunciado por el ministro Jorge Larrañaga ante su extensión en el tiempo, señaló que en dicha secretaría de Estado “sigue habiendo un problema administrativo. Son muchos efectivos que pasaron a juntas médicas y esperan en sus casas por una evaluación, tal como estipula la reglamentación vigente”.
Explicó que “el tema de las juntas médicas es de larga data y ya fue trabajado con las autoridades del ministerio. Los funcionarios no decimos que no hay abusos, pero antes que analizar la situación de cada certificación, se están obviando los abusos de funciones, los acosos laborales y acosos sexuales. Y esos son pasos fundamentales para reintegrar a un efectivo a su función”.
JUNTAS MÉDICAS
De acuerdo al dirigente, “después de cierta cantidad de días sin trabajar, un funcionario pasa a junta médica y se realizan evaluaciones tanto por la junta local como por la nacional. Pero la extensión en el tiempo, no es un problema directamente de los trabajadores. Si los llamaran a cada uno, se encontrarían con que más de la mitad puede reintegrarse y otro tanto puede pasar a retiro. Y si se comprueban abusos, deberán aplicarse las medidas correspondientes. De lo contrario, están cuestionando a todos”.
El dirigente aclaró que los efectivos se encuentran en juntas médicas “por actos derivados del servicio y eso no se toma en cuenta. Es una gran mayoría, diría el 80%, aguarda por una evaluación. Y del total de quienes se encuentran bajo estas juntas, hay un 20% que ya tiene en sus manos el alta médica y esperan el reintegro. En realidad, nos preocupan los trabajadores que fueron lesionados en servicio y si los van a pasar a retiro, tal como lo estipula la ley o si serán reinsertados en otras tareas. En estos casos, cobran el 65% del salario y ya están constatadas esas lesiones. Son más de 1.000 policías en juntas médicas por diferentes motivos a nivel nacional”.
INFORME
El SUPU presentará su informe en la comisión de presupuesto y organiza una charla informativa con sus socios, en actividad y retirados. “Hay un artículo vinculado a la contratación de retirados bajo el régimen del policía activo. Y de los artículos del presupuesto, ninguno desglosa un aumento salarial para el personal subalterno”.
Las reuniones se efectuarán el viernes 11, a las 15 y a las 17 horas en el salón del SUPU, en Rodríguez Nolla 836 con las medidas sanitarias correspondientes.
