El presupuesto nacional tiene varios mensajes a la opinión pública y al entorno político. Su presentación llega en medio de un contexto complicado, con un déficit fiscal en aumento y con la necesidad de adoptar medidas políticas que hace años reclama el sector privado.
Abrir el espectro a la competencia y reducir el peso del Estado en la economía no serán asuntos fáciles de resolver, en un entorno acostumbrado a sostenerse bajo el velo protector y estatista, sin mayores posibilidades de desarrollo y despegue que lo que quedaba acotado a los mensajes presupuestales anteriores.
Y en este escenario de dificultades laborales, donde el mercado de trabajo se contrae por una pandemia que, al menos en el caso uruguayo, afectará mucho más a la economía que a los aspectos sanitarios, es necesario mejorar los estímulos a los rubros que pueden impulsarla.
Pero, a su vez, la polémica está instalada sobre algunos puntos que refieren a inequidades históricas y que este presupuesto resuelve “tocar” ahora. Esta iniciativa propone descuentos por enfermedad a los trabajadores estatales y equipara la certificación médica con el sector privado. Las certificaciones son comunes en los públicos, sin mayores preguntas ni exigencias, y eso ha sido fácil de comprobar. En algunos casos, su extensión en el tiempo hace dudar sobre su veracidad, en tanto se ha constatado que hay funcionarios que –en forma paralela a esa certificación– continúan con el cumplimiento de sus labores en la actividad privada.
Y dos de los sectores más afectados son la educación y la salud, con certificaciones por dolores de columna, estrés o patologías siquiátricas. Cuando un privado trabaja igual, en el Estado se detienen. Sin embargo, para cumplir con las tareas ante una inasistencia se recarga a otro funcionario o se toman nuevos. Todo esto, con el consiguiente costo y peso del Estado sobre los cuales ya hemos abundado desde estas páginas.
Aunque parezca antipática la medida propuesta en el mensaje presupuestal, es una forma de efectuar un control efectivo sobre los funcionarios. De otra manera, la tarea inspectiva puede manejarse bajo criterios que siempre resultarán muy veleidosos.
De igual forma, resulta polémica la medida que incrementa los salarios de los directores de entes hasta equipararlos en un 85% al de un ministro de Estado. Pero olvidamos que los entes y otros organismos se han transformado en las últimas administraciones en verdaderos feudos políticos y lugares de acomodo a militantes con escasa idoneidad para cumplir la función.
Incluso sigue pendiente de respuesta el cuestionamiento sobre la cantidad de funcionarios necesarios para determinadas tareas y donde se encuentran excedentes sin funciones específicas. Todo esto es solventado por otros trabajadores, que provienen de lugares con muchos menos privilegios. Son quienes pagan sus impuestos con tanto esfuerzo como para cuestionarse si aquellos son servidores públicos o los destinatarios de verdaderos subsidios políticos, que obtienen como premios otorgados después de las campañas.
A partir de allí queda trancada la discusión sobre el significado de la gestión pública y mucho más si se trata de entes monopólicos. Porque tanto gasto público ha generado una decadencia económica y productiva difícil de levantar sin ordenar la casa en primer lugar.
Ver esta propuesta –que como otras del mensaje presupuestal estará ajustada al tratamiento parlamentario– como una medida que contrapone a los trabajadores entre sí es reconocer las desigualdades.
Pero se establecen otros cambios con un nuevo diseño en la carrera de la Administración Central y el pase a disponibilidad a los funcionarios afectados por las reestructuras, aunque no estén de acuerdo. O transformaciones en los pases en comisión, que han sido utilizados desde el espectro político.
Ahora se abre un tiempo para los polémicos cruces y el aumento de las presiones con nuevas medidas y paros que, a la postre, también pagamos todos. No hay forma de ser condescendientes con los privilegios ni creer que todos los mensajes apuntan a las divisiones. Nadie puede estar en desacuerdo con la necesidad de sanear las cuentas públicas, invertir donde hay que hacerlo e impulsar el desarrollo productivo. Porque, de otro modo, no se genera la riqueza que tanto incluyen en algunos discursos. Ni, mucho menos, puede repartirse. Y como muestra tenemos en Uruguay a los bolsones de pobreza que permanecen en los mismos lugares, a pesar de haber transcurrido por la denominada “década ganada”. El éxodo a los cinturones de las ciudades con la creación de nuevos asentamientos o el incremento de la informalidad laboral. Esa sí es una muestra de la desigualdad social bajo gobiernos que obtuvieron todas las mayorías posibles y, sin embargo, sostuvieron estas diferencias.
Alcanza con recorrer cualquier barrio de este país para ver a las mismas personas, con iguales necesidades y reclamos parecidos. Ese aspecto resulta aún más notorio en las recorridas hacia las municipales. Pero todo estará atado a lo que se define en este Presupuesto y que pueda marcar un verdadero punto de inflexión para cambiar este escenario complicado.
Los incentivos a las pequeñas y medianas empresas, cuyos sectores han sido profundamente afectados en medio de la pandemia, serán el oxígeno para generar fuentes de empleo. Y que los números cierren depende de que Uruguay vuelva a crecer, con una necesaria disminución en el gasto.