Como suele ocurrir, la instancia presupuestal discurrió en la Cámara de Diputados con cruces de acusaciones entre legisladores, pase de facturas y de cuentas sobre lo hecho y lo no hecho, la “herencia maldita” (llámese desempleo, déficit fiscal y recesión) y el sonsonete de que se “contempla a los que más tienen”, a espaldas del pueblo, así como la “motosierra” del recorte del gasto.
El punto es que en el fin de semana, con los votos de la coalición de gobierno, la Cámara Baja aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal, instancia en la que el diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien presentó el informe en mayoría, explicó qué según el gobierno se tuvo que hacer una ley austera.
Sostuvo en la oportunidad que “al cambiar de gobierno, con un cambio filosófico, también hay un cambio en la elaboración del mismo. Es muy importante saberlo y tenerlo presente. No es lo mismo hacer un presupuesto como el de 2010 con los bolsillos llenos, con el crecimiento a favor, y quizás en el 2015 ya mucho más menguado el bolsillo y el crecimiento, que hacerlo hoy en día. No hay un punto de comparación”.
Por su lado el diputado frenteamplista Alejandro Sánchez, del MPP, quien presentó el informe en minoría, dijo que no se le reconoce a su partido cómo estaba el país para afrontar la pandemia.
“Por supuesto que el gobierno ha tenido buenos resultados en varias áreas. Pero nunca he escuchado al gobierno decir que los buenos resultados, tanto en el sistema de salud, como en el sistema de científicos, como en las capacidades de telecomunicaciones, como en todo el conjunto de políticas que se pudieron aplicar fueron construidas por los gobiernos frenteamplistas”, relató.
Por su lado el diputado Gustavo Olmos, también del Frente Amplio, subrayó en la discusión que “a diferencia de con el Frente Amplio que hubo crecimiento con redistribución acá va a haber crecimiento con redistribución regresiva. Quienes se van a apropiar de ese crecimiento del Producto Bruto son enteramente los no asalariados, no aquellos a los que les afectan la caída salarial. La población más vulnerable es la que va a pagar el ajuste y la población que está en mejores condiciones es que la que va a salir menos perjudicada y beneficiada”.
En la otra vereda Juan Martín Rodríguez, legislador del Partido Nacional, acotó que “tienen razón. La gente decidió recortar: recortar con el menosprecio por parte de los gobernantes, al uso y abuso de los dineros públicos, recortar con el despilfarro inescrupuloso, cortar con la desidia, una y otra vez, para con la confianza que la ciudadanía les había otorgado. Le dijo basta a las millonarias pérdidas del Fondes, basta a las idas y vueltas respecto al puerto de aguas profundas, basta a las decenas de emprendimientos privados que debieron cerrar. Basta a las mentiras de los pozos de petróleo, basta al fraude del remate de Pluna y sus consecuencias. Basta a las promesas incumplidas en lo relacionado con Aratirí, basta al barril sin fondo que significaron las pérdidas de los pésimos negocios de Ancap”. Más allá del énfasis en uno y otro aspecto, lo cierto es que al gobierno que asumió el 1º de marzo le tocó bailar con la más fea, y encima le cayó encima la pandemia: un déficit fiscal desmedido, de más del 5 por ciento del Producto Bruto Interno, creciente desempleo acentuado a fines de 2019, empresas en creciente deterioro, falta de competitividad, gasto rígido incorporado al Estado y las tarifas de servicios públicos, electricidad y combustibles más altos de la región, con el agravante de una cuarentena voluntaria que significó caída de actividad y demanda extra de recursos para afrontar subsidios y pagos de seguros por desempleo, entre otras necesidades.
El presupuesto quinquenal precisamente marca el derrotero de la gestión de gobierno y es una herramienta decisiva para desarrollar la propuesta de la campaña electoral, en gran medida desdibujada por imponderables como las condicionantes que impone la pandemia. Ello reafirma lo pertinente de cuestionar la irresponsabilidad de los gobiernos de izquierda, que gastaron lo que se tenía y más aún, endeudándose y aumentando el déficit, como si la bonanza fuera a durar para siempre.
Y le asiste razón al diputado blanco Alvaro Viviano al señalar que el presupuesto intentará otro modelo con equilibrio, por cuanto “este presupuesto antes que nada va a construir un modelo, intentar equilibrar las finanzas públicas y el gasto público, porque de otra manera no hay crecimiento sostenible y el que venga a decirlo acá está mintiendo. No hay un modelo sostenible que controle el gasto, impulse la producción y el empleo y ese es el A, B, C del presupuesto que tenemos delante”.
El representante de Cabildo Abierto Alvaro Perrone fue más allá: “Que todos los uruguayos tengan presente que desde el cuidado de los dineros de todos vendrá la solución para la compra de las vacunas. Acá sí, si hay que tomar deuda, el Estado lo hará y nosotros lo apoyaremos. Pero por cosas como esta, no para comprar autos oficiales de alta gama como hemos visto varios casos o para hacer viajes a Italia a ver un partido de fútbol… acompañado. Eso lo pagamos entre todos. Para pagar esos privilegios de pocos es que el Uruguay se ha endeudado en estos últimos años. Porque el Uruguay no se endeudó para afrontar una situación de pandemia mundial, se endeudó para pagar en muchos casos privilegios de pocos” señaló el cabildante.
En contraste, la frenteamplista Cristina Lustemberg argumentó que “el documento dice que esta propuesta está centrada en las personas y en la comunidad, no en el Estado. Esto ya de por sí es una contradicción enorme. También señala que en las políticas sociales se busca colocar a la comunidad como protagonista de salida de la exclusión, despojando por tanto al Estado de su responsabilidad en la transformación de las condiciones desiguales de existencia de importantes sectores de la población. Queremos manifestar nuestra preocupación porque consideramos que este presupuesto, entre otras cosas, sí disminuye el gasto en políticas sociales, en cuidados, en salud, esto va a aumentar la proporción de personas pobres en nuestro país porque deja en manos del mercado y de las posibilidades de cada uno en forma individual el acceso al bienestar”, afirmó.
Por encima de las defensas acérrimas de una y otra posición con intercambio de acusaciones y pases de factura, la realidad es que una economía en serios problemas –aunque comparablemente mejor que la de nuestros vecinos argentinos, por ejemplo– requiere medidas en consonancia con el desafío, más allá de los eslóganes repetidos hasta el cansancio, porque los recursos son finitos, cuesta mucho lograrlos a partir del verdadero motor del país, que es el sector privado a través de la conjunción de capital y de trabajo, de inversión, y en cambio es muy fácil gastarlos atendiendo las demandas insaciables de grupos de presión, como los sindicatos de funcionarios públicos, que piden recuperación salarial incluso cuanto todos los trabajadores privados siguen ajustándose el cinturón.
Como bien expresa el economista Jorge Caumont, en el suplemento Economía y Mercado del diario El País, “hoy son materia común los reclamos por aumentos de partidas presupuestales y demás incrementos en la dotación de personal en el sector público. Pocos son los que defienden que para alcanzar los objetivos que se reclaman es mejor el camino alternativo: hacer más eficiente el gasto y eventualmente hasta –aunque más no sea más adelante– bajar la presión tributaria”.
Es que otra forma es distribuir lo que no se tiene, un engañapichanga que se paga con más deuda y más déficit, que es nada menos que seguir apretando la soga en el cuello, ignorando la realidad que nos condiciona día a día.
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