Día: 18 de octubre de 2020

¿DEMOCRACIA?

Tenemos un problema con la democracia.
Creemos identificar inequívocamente aquello que define y distingue tal modelo de ordenamiento social y nos preciamos de reconocer y de valorar las ventajas comparativas que ofrece con respecto a cualquier otro sistema organizativo para establecer y para preservar una convivencia pacífica y constructiva entre quienes lo adoptan. Pero a fin de relacionarnos, de interactuar y de comprometer nuestros intereses, recíprocamente creamos estructuras vinculantes –políticas, jurídicas, económicas y administrativas– no sólo incompatibles con este paradigma institucional, sino que atentan directamente contra su eventual puesta en práctica.
El ideal democrático probablemente surgió a partir del concepto de isonomía; los atenienses del Siglo VI antes de la Era Cristiana tal vez llegaron a él como desarrollo intuitivo de la convicción a la que arribaron al comprender que, si pretendían erradicar los conflictos para coexistir armoniosamente, incentivando y optimizando su esfuerzo mancomunado en procura de un bienestar individual y colectivo deseable para todos, ninguno tendría que imponer sus pretensiones al resto…; que por tanto era imperioso no violentar los fueros privativos de nadie, aunque también sería imprescindible concederse unos a otros facultades para intervenir de manera oportuna, ponderada y eficaz en los asuntos que por ser de índole corporativa les deparaban equivalentes gratificaciones y contrariedades, los perjudicaban o favorecían por igual y generaban idénticas obligaciones y derechos para cualquiera de los involucrados en el devenir cívico de su comunidad.
Introdujeron así un estilo de relacionamiento interpersonal excelente, único, insuperable…: si cada sujeto quedaba facultado para resolver al margen de intromisiones ajenas lo que fuera de su exclusiva incumbencia y si además –concomitantemente– se le otorgaban potestades para gravitar con libertad y equidad en las decisiones que se tomaran sobre cuanto lo afectase, ¿qué tipo de asociación podría resultarle más atractiva y conveniente a cualquier ser humano? ¿Qué grado superior de autonomía e independencia podría reclamar quien aspirase a vivir en el seno de una comunidad organizada? ¿Qué trato más ecuánime podría exigir alguien criteriosamente? Por añadidura, ningún requisito adicional sería forzoso cumplir a efectos de lograr ese acuerdo perfecto: bastaba –en suma– respetar las atribuciones ajenas y actuar según el sentir general en lo concerniente a todos.
Asombrosamente –sin embargo– pese a declarar en forma explícita y con entusiasmo que suscribimos a estas dos elementales normas básicas, razonables e incontrovertibles, obramos en todas las regiones del planeta de manera radicalmente distinta: celebramos a menudo comicios con voto universal para zanjar asuntos que sólo atañen o importan a cierta parte de la ciudadanía y con frecuencia vulneramos el ámbito particular, privado e íntimo de incontables personas a través de mandatos emergentes de las urnas; y para colmo, en lugar de guiarnos por la voluntad conjunta nos regimos por las preferencias de algunos, por el deseo preponderante, por lo que disponen las mayorías; en consecuencia, las medidas que adoptamos violentan de modo inapelable las aspiraciones de sectores que circunstancialmente pudieran llegar a tener tantos integrantes como la mitad menos uno del total de los implicados en el tópico a dirimir, los cuales inexorablemente quedan frustrados, indignados, molestos, resentidos.
Con ello en cada consulta popular –en cada plebiscito, en cada referéndum, en cada elección de autoridades públicas– originamos, agudizamos, expandimos y perpetuamos desavenencias y antagonismos; provocamos animosidades, acicateamos discordias, intensificamos enojos, ahondamos rencores, propiciamos una hostilidad eviterna. Y todo esto creyendo insensatamente que, al preceptuar como de obligado cumplimiento aquello que disponga la cantidad más alta de nosotros, actuamos con sabiduría, con justicia y con lealtad en aras de la concordia y de la prosperidad ecuménica. Un proceder absurdo, irracional, disparatado.
Los demócratas de la venerable Atenas garantizaban a cualquier ciudadano el derecho de manifestar en el ágora su opinión acerca de cualquier tema y de controvertir e impugnar las posturas coincidentes o discrepantes con las mociones ahí presentadas; esto evidencia que su propósito no era limitarse a contabilizar cuántos estaban a favor y cuántos en contra de lo planteado, sino intercambiar ideas, propuestas y sugerencias apuntando a disipar con argumentos, concesiones y tolerancia la oposición o la renuencia de los desconformes para llegar a un consenso global en lo atinente a todos.
Esa debió ser –obviamente– su intención: hallar fórmulas adecuadas para satisfacer las reivindicaciones de cada uno por vía de compensar a los no agraciados cuando resultara imposible complacer a todos con una sola e idéntica medida. Por ello seguramente cultivaron el debate y se volvieron expertos en oratoria, lógica, dialéctica y retórica; destrezas útiles y hasta indispensables para negociar con interlocutores habilidosos y díscolos pero que habrían sido innecesarias y aún contraproducentes de haber consistido su objetivo en que los más impusieran sus designios a los menos.
Adicionalmente, creer que su aporte a la civilización pudo haber sido legitimar un burdo mecanismo incruento de avasallamiento, abuso y opresión, es disparatado y ofende la memoria de tan ilustres pensadores: doblegarse ante las pretensiones de un grupo adversario más numeroso es una conducta instintiva de aplacamiento y de sumisión practicada maquinalmente incluso por los animales más primitivos. Pero ni siquiera hoy –dos mil seiscientos años después de su prodigioso alumbramiento intelectual– nadie –a lo largo y a lo ancho del mundo– parece haber comprendido en su verdadera esencia tan genial doctrina. Y esta incapacidad nos arrastra vertiginosamente hacia un trágico destino de confusión, caos y conflictividad autodestructiva.
Sergio HebertCanero DávilaFundación Homini Veritas

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En los últimos días se ha producido un notorio incremento de determinados hechos de violencia en el país, más concretamente de homicidios, cuyas características dejan en claro que se trata de actos vinculados al narcotráfico. Tan solo en los primeros quince días de octubre se produjeron 20 asesinatos (la mayoría en Montevideo) en los cuales el 90% de las víctimas poseían antecedentes penales. Si bien se trata de un fenómeno que se ha instalado desde hace algunos años, su recrudecimiento ha sido notorio en los últimos tiempos. Ha quedado atrás la época en las cuales palabras o expresiones como “sicariato”, “boca de droga” o “lavado de activos” pertenecían al mundo lúdico de las películas de Hollywood o las series de televisión. Actualmente, se trata de palabras que todos los días y a cualquier hora o lugar podemos ver relacionadas con hechos de violencia tanto en Paysandú como en el país entero y que muestran la cara más perversa de un tipo de violencia diferente ya que su poder económico le permite infiltrar y corromper todos los estamentos de la vida social, política y económica del país.
En México, por ejemplo, el fenómeno del narcotráfico y del sicariato ha dado lugar a manifestaciones artísticas como las llamadas “narconovelas” o las canciones que reivindican y ensalzan la figura de los narcotraficantes y quienes asesinan por encargo bajo sus órdenes. Como lo ha señalado el investigador Alex Schlenker, “uno de los géneros musicales más difundidos en la zona norte de México es el de los corridos norteños, con su polémico subgénero: el narcocorrido. Se trata de canciones que fueron compuestas para rendir culto y eternizar a la figura del patrón, jefe de determinados cárteles mexicanos de la droga: ‘Soy del grupo de los zetas /que cuidamos al patrón /somos 20 de la escolta / pura lealtad y valor /dispuestos a dar la vida / para servir al señor’”. Según este autor, un ejemplo de las múltiples paradojas inscritas en las economías ilegales es “una guerra en la que el Estado se enfrenta con sus unidades antidrogas a los hombres que entrenó en un inicio para combatir el narcotráfico: de la lista de 31 elementos que originalmente formaron a Los Zetas, 13 eran de las Fuerzas Armadas. El asesinato por encargo se ve convertido así en una mercancía que se somete a las leyes de oferta y demanda del mercado: quien ofrece libremente sus servicios homicidas en el mercado lo hace al mejor postor: el patrón que es capaz de pagar veinte veces lo que el Estado ofrece como remuneración. Aún así, el pago económico no es el único interés. Ser parte de un cártel parece haberse convertido en símbolo de un estatus especial. El sicario goza de privilegios dentro del cártel y fuera de él. Temas como el honor, el temor que se infunde y el poder que se adquiere son determinantes a la hora de convertirse en un asesino a sueldo que no le teme a la muerte”. En otras palabras, el tema del narcotráfico y la violencia que lo rodea tiene que ser abordado también desde el punto de vista cultural ante una sociedad que endiosa el poder económico y los privilegios de los narcotraficantes y sus sicarios. Se trata de una lucha que debe ser abordada desde muchas perspectivas y en la cual, como sucede en tantos otros ámbitos, la educación impartida en el núcleo familiar tiene una importancia fundamental.
Aprovechándose de entornos socialmente vulnerables (en los cuales son percibidos como verdaderos héroes y modelos a imitar), los narcotraficantes crean una red de vínculos sociales y económicos con la comunidad en la cual desarrollan sus actividades a la cual termina subyugando por el dinero o por el temor. Como decía el narcotraficante Pablo Escobar, muchas veces la opción para policías, jueces, fiscales, periodistas, abogados o simples ciudadanos de a pie es una sola: “Plomo o plata”. El poder económico que maneja el narcotráfico y los ámbitos hasta los cuales puede llegar para lograr sus objetivos hace que la sociedad toda deba estar en permanente alerta. Como lo manifestó el expresidente José Mujica en el año 2014, “Entre el manejo de la violencia y de la riqueza corruptora, el narcotráfico avanza y lo hace porque tiene un mercado de estupefacientes prohibido y, al tenerlo, mantiene el monopolio de esa venta a mucha gente dispuesta a comprar de cualquier modo y condición (…) En todas las sociedades se multiplican los gastos de cárceles y las pérdidas colaterales y pululan los ajustes de cuentas (…) La existencia misma del sicariato es producto de este narcotráfico, lo cual significa el surgimiento de gente mafiosa cuyo trabajo es matar por encargo a otros”. Tal como lo ha difundido el periodista Gabriel Pereyra en su libro “Matar al mormón” el exdirector de la Policía Nacional, Inspector Julio Guarteche, fue objeto de múltiples amenazas de muerte por su combate al narcotráfico e incluso de un intento de asesinato. En el año 2018 el hermano de Julio Guarteche, el exjefe de Policía de Durazno y de Canelones, Inspector Carlos Guarteche denunció en la prensa que en la ciudad de Salto existían cinco barrios bajo el control de los narcotraficantes. A todo ello hay que sumarle que los fiscales uruguayos también han sido objeto de amenazas de muerte que impulsaron a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay a plantearle el tema al ministro del Interior, Jorge Larrañaga. La respuesta de Larrañaga en esa ocasión fue “No hay ninguna posibilidad de que patoteros criminales puedan tener éxito”.
La sociedad uruguaya, y por ende la sanducera, no puede ni debe permanecer indiferente al narcotráfico y de la violencia generada por esa actividad. Se trata de un fenómeno que existe aquí y ahora, en nuestro propio departamento y a plena luz del día. Debemos tomar cabal conciencia de la gravedad e importancia de un problema que atenta directamente contra la convivencia, el desarrollo social, la seguridad nacional y el régimen democrático. En efecto, con sus acciones el narcotráfico pone en cuestión la propia existencia del Estado, contra el cual atenta en forma permanente ya sea a través de la violencia o de la corrupción, minando su autoridad con la voluntad de suplantarlo y ejerciendo una suerte de “gobierno alternativo” en aquellas zonas donde por uno u otro motivo las autoridades policiales o militares han renunciado a ejercer el poder que la Constitución y la Ley han puesto a su cargo.
El Estado uruguayo es muy proactivo y diligente cuando se trata de cobrar impuestos y votar nuevas obligaciones para los ciudadanos de a pie. Sería bueno que las autoridades nacionales tuvieran la misma actitud a la hora de protegernos del narcotráfico y su violencia. → Leer más