Intendente pide a la Junta autorización para destituir a funcionaria involucrada en oficina paralela de Tránsito

En las últimas horas ingresó en la Comisión de Legislación de la Junta Departamental el pedido de anuencia del intendente Mario Díaz para proceder a la destitución de una funcionaria municipal implicada y formalizada como penalmente responsable de realizar actos ilícitos en la Oficina de Tránsito durante la Administración Bentos (2010-1015).
De los cuatro empleados municipales que participaron en la realización y venta de libretas de conducir apócrifas, uno era contratado por lo que al término de la investigación judicial fue despedido. Un segundo era presupuestado pero los cargos probados en su contra determinaron su destitución. Una tercera estaba en comisión desde la Intendencia de Salto, por lo que fue separada del cargo, cancelado su pase en comisión y elevados los antecedentes a la Intendencia del vecino departamento.
Ahora le llega el turno a la cuarta funcionaria involucrada, acusada de operar ilícitamente en el sistema de expedientes de la Intendencia, para eliminar multas, cancelar deudas y registrar vehículos que no estaban en condiciones de ser empadronados, por ejemplo, por proceder de otros países.
Los cuatro funcionarios, en junio de 2018, fueron detenidos en condición de demorados y luego liberados por el comienzo de la Feria Judicial Menor. La Intendencia tomó entonces la determinación de trasladarlos de sección desde que por entonces ninguno había sido procesado ni sentenciado.
Posteriormente en octubre de 2018 la vista fiscal de la Operación Shunting (Operación Maniobras) pidió el procesamiento de veinticinco personas, ocho de ellas con prisión, entre ellos los cuatro funcionarios municipales “por la presunta comisión en calidad de autores de reiterados delitos de cohecho calificado”.
La funcionaria que podría ser destituida modificó facturas correspondientes a patente, inspección técnica, multas y recargos por mora con vencimientos. En un caso a un vehículo entre el 27 de abril de 2001 al 18 de noviembre de 2012 le fue “borrada una deuda por un importe de $ 105.709,48, incluido el saldo a favor en cuenta corriente”, de acuerdo al expediente que en su momento tuvo acceso EL TELEGRAFO.
La Comisión de Legislación de la Junta Departamental tiene un plazo de cuarenta días para estudiar el caso y luego elevarlo al plenario. En el caso que pasara ese plazo sin decisión, automáticamente quedará habilitado el Ejecutivo para proceder a la destitución.
“Es ciertamente el proceder correcto desde que ya actuó la Justicia, lo mismo que la Oficina Nacional de Servicio Civil que también se expidió en el mismo sentido. No queremos ni podemos aceptar que haya dentro del funcionariado de la Intendencia de Paysandú algunos infieles. Fue trabajo largo y cauteloso, con todas las garantías para todas las partes. Ahora que está plenamente demostrado, esta persona no tiene otro futuro que ser destituida como funcionaria pública de la Intendencia de Paysandú”, subrayó el secretario general Federico Álvarez Petraglia.