(ASSE)
Ayer se reunió el Cecoed de Rivera, en vista del incremento de los casos de COVID-19. En ese contexto, el ministro de Salud, Daniel Salinas, anunció un paquete de nuevas medidas, ya que al momento hay 123 casos activos. El objetivo es controlar el foco y no perder los hilos epidemiológicos ya que, de los casos confirmados, hay un 10% de los cuales se investigan los posibles nexos. En tanto, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, sostuvo que el Hospital está preparado y con una ocupación del 60% de las camas y se cuenta con 2 ambulancias especializadas, con cápsula hermética para el traslado de pacientes con COVID-19.
La intendenta de Rivera, Alma Galup, agradeció la celeridad del gobierno y de las autoridades de la salud, ante el foco más importante detectado en el departamento norteño desde el comienzo de la pandemia en Uruguay.
Entre las medidas anunciadas por el ministro de Salud, se encuentran las siguientes: suspensión por 30 días de cirugías, sin ir en detrimento de la atención de pacientes oncológicos, con problemas coronarios o enfermedades crónicas; nuevos mecanismos de entrega de medicamentos; el no control de asistencia en centros educativos; estricta fiscalización de comercios, con multas por incumplimiento que van de 36.000 a 1.200.000 pesos; fuerte exhortación a evitar espectáculos públicos, fiestas privadas y aglomeraciones; fiscalización de uso de mascarillas en medios de transporte público; listado de asistentes a eventos religiosos, uso de mascarillas y otras medidas sanitarias.
El presidente de ASSE también indicó que ya se hisoparon casi 400 personas y se continuará con los testeos, e informó que se aumentó número de suplentes en vista a la cuarentena de integrantes del personal de la salud.
Asimismo, se incrementa en un 40% los funcionarios que trabajan en el call center de la Red de Atención Primaria (RAP) y el seguimiento de casos. También llegará apoyo en materia de recursos humanos desde Artigas.
Posteriormente, se reunieron las autoridades nacionales y departamentales del MSP y ASSE, a los efectos de coordinar las próximas acciones, así como referente de ASSE en Artigas.
INTERVINIERON 16 CASAS
(SUBRAYADO)
La Intendencia de Montevideo recibe cientos de denuncias todos los fines de semana por presuntas fiestas clandestinas en el departamento que implican aglomeraciones no autorizadas por las autoridades debido a la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.
En las últimas semanas se realizaron unas 600 inspecciones, dijo a Subrayado el prosecretario de la Intendencia capitalina Juan Canessa. Solo los fines de semana reciben cerca de 200 denuncias.
En lo que va de octubre los inspectores intervinieron en 16 casas particulares donde se hacían fiestas no autorizadas con muchas personas. En esos casos se llegó con la Policía para desalojar el lugar.
Además la Intendencia sancionó a 10 locales nocturnos por realizar bailes no autorizados y tener más personas en su interior de las permitidas. “Recordamos que en los establecimientos formales son pasibles de sanciones, multas y hasta clausura”, dijo Canessa.
El jerarca aseguró además que la Intendencia tratará estas situaciones como un desacato a las normas sanitarias resueltas por la emergencia sanitaria, por lo que harán denuncia ante Fiscalía.
DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS
(TELEMUNDO)
La comisión de Derechos Humanos del Senado le solicitó al Ministerio de Defensa que disponga una investigación sobre la presunta destrucción de documentos jurídicos en esa cartera anteriores al año 2010.
El planteo surgió después de la comparecencia de la exdirectora de jurídica del Ministerio en el Parlamento. La exdirectora de asesoría letrada, Silvia Usher informó que el año pasado, las autoridades del momento decidieron destruir documentos anteriores al año 2010.
“La doctora Usher fue a buscar los documentos para fundamentar algunos hechos, y la respuesta que recibió fue que eso no estaba en los archivos. Nos pareció muy grave, y vamos a remitir estas informaciones al actual ministro de Defensa, para que disponga, si entiende, una investigación”, dijo el senador Jorge Gandini. La exdirectora mencionó al entonces ministro José Bayardi, según informaron los legisladores de la comisión.
“Llamé yo al señor Bayardi, y descartó totalmente que él hubiera dado una orden de destrucción del material. Lo que él descartó fue que él lo hubiera hecho, y fue el nombre que se dijo”, dijo la senadora Amanda Della Ventura.
Silvia Usher compareció ante la Comisión de derechos humanos del Senado por la homologación del fallo del tribunal de honor militar, del año 2006, con las confesiones del excoronel Gilberto Vázquez. La comisión analiza las actuaciones políticas respecto a la homologación del fallo. A todo esto, la versión de Usher contradice a la de Tabaré Vázquez. “Todo el expediente como entró, salió”, dijo Usher.
Asegura que no hubo ocultamiento ninguno, que el departamento jurídico actuó correctamente, y afirmó que para la homologación del fallo el expediente salió completo de la asesoría letrada del Ministerio.
El expresidente Vázquez había dicho que cuando homologó el fallo no accedió a todo el expediente, y que ni él ni la ministra Azucena Berruti habían sido informados sobre las confesiones del excoronel Gilberto Vázquez.
La semana pasada, la comisión citó al expresidente Vázquez, quien aceptó responder a la comisión por escrito.
