Mes: octubre 2020

La Organización Internacional del Trabajo publicó la sexta edición de su informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, a través del cual ha estado siguiendo la evolución del impacto que la pandemia ha ocasionado en el empleo, a escala global. Si bien Uruguay escapa a algunas realidades que se plantean, no deja de ser un parámetro para tomar en cuenta que nuestra situación es de cierto privilegio respecto a lo que ocurre en la región y en buena parte del globo, y por otra parte, agregar una dimensión diferente a los meros números con que suelen manejarse los informes que hablan de cantidades de contagiados y de decesos que llegan a través de los canales internacionales de la información.
De acuerdo a este informe “la proporción de trabajadores que residen en países en los que se ha establecido algún tipo de cierre de lugares de trabajo es del 94%”. Si bien hay variaciones en función de la región que se considere, otro dato que añade la organización es que alrededor del 70 por ciento de los trabajadores residen en países en los que se siguen aplicando medidas de cierre, ya sea a escala nacional o en zonas geográficas específicas. En los países de bajos ingreso esas medidas han pasado a aplicarse de forma más laxa, pese al aumento de casos de COVID-19.
Aún así, la pérdida de horas de trabajo sigue siendo mayor que lo previamente estimado. Se estima que la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de 2020, comparándolo con el cuarto trimestre de 2019, se eleva al 17,3 por ciento. Esto significa unos 495 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Pero esta cifra superó la estimación que la OIT realizó en el informe anterior, en el que pronosticaba un alza del entorno del 14 por ciento, es decir unos 400 millones de empleos a tiempo completo. Esto es una diferencia de casi cien millones respecto a los cálculos.
En los países de ingreso mediano y bajo, los más afectados por la pandemia y por las medidas para combatirla, se registró en el segundo trimestre de este año, una pérdida de horas de trabajo de alrededor del 23,3 por ciento, lo que se traduce en 240 millones de empleos equivalentes a tiempo completo.
Las nuevas estimaciones sitúan la cantidad de horas de trabajo perdidas en el tercer trimestre de 2020, en el entorno del 12,1 por ciento, o sea 345 millones de millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Las previsiones para el cuarto trimestre del año ponen de manifiesto una situación más desfavorable que la que se esperaba. Se estima que a ese entonces la pérdida de horas de trabajo sea del 8,6 por ciento, o sea, unos 245 millones de empleos equivalentes a tiempo completo.
Señala además la organización que esta pérdida de horas de trabajo trae consigo un aumento del desempleo y, especialmente, de la inactividad. Quiere decir que no solamente hay personas que pierden su trabajo, sino que también aumentan quienes además dejan incluso de procurarlo. “El aumento del nivel de inactividad es una de las principales consecuencias de la actual crisis laboral, en la que es necesario hacer hincapié en el plano político”, insiste la OIT. Otro dato que presenta el informe es que la disminución del empleo ha afectado en mayor medida a las mujeres que a los hombres.
La OIT ha incluido también en esta sexta edición una estimación de la “pérdida de ingresos provenientes del trabajo”, la que calculó, en los tres primeros trimestres de 2020, al 10,7 por ciento con respecto al mismo período de 2019. Esto equivale al 5,5 por ciento del PBI. Las cifras no tienen en cuenta la aplicación de medidas para sustentar esos ingresos, como los subsidios por desempleo y licencias especiales que se aplicaron en nuestro país.
Esta pérdida de ingresos es más notoria en países de ingreso mediano, donde ronda entre el 15,1 y el 11,4, para países de ingreso mediano bajo y mediano alto, respectivamente.
En Uruguay el Estado ha hecho un esfuerzo muy importante por alivianar la carga al sector privado durante lo más duro de la situación, cuando en el país estuvieron prácticamente detenidas las actividades “no esenciales”, y más allá de algunos reclamos de sectores que quieren retomar su actividad lo antes posible, se ha actuado con criterios claros y fundamentados. Asumiendo riesgos, es cierto, pero logrando que –al menos por el momento– la situación luzca bajo control, si comparamos con lo que ocurre afuera. Incluso desde el gobierno se han anunciado incentivos para las empresas que retomen trabajadores que se encuentran en seguro de paro parcial, un beneficio que se creó a partir de la presente crisis.
Sin embargo, el advenimiento de una temporada estival y el riesgo de afrontarla sin la posibilidad de contar con el turismo regional, son un dolor de cabeza para el sector turístico, uno de los más importantes generadores de ingresos en nuestra economía.
La pandemia impactó Uruguay en marzo, con la temporada alta recién concluida en el Este. Y no se trata solamente de la discusión de abrir o no abrir las fronteras, ya que además hay que considerar que el impacto en la economía de los países vecinos, sobre todo en Argentina, de donde procede la mayoría de nuestros visitantes estivales, ha sido muy importante. Esto ha tenido como efecto por un lado el deterioro en el ingreso de los trabajadores (hay estimaciones que hablan de hasta 850 millones de empleos perdidos en el país y una caída en la economía del 8,5%), pero además ha ocasionado que Uruguay “esté muy caro” para ellos, y de hecho el valor del peso argentino tiende a cero. En estas condiciones, para atraerlos, también habrá que redoblar el esfuerzo en beneficios como los que se han activado en años anteriores, un esfuerzo más que saldría (o que dejaría de ingresar), otra vez, de las arcas estatales.
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Cuando todavía no está claro si el Partido Nacional va a tener 16 o 17 ediles en la Junta Departamental de Paysandú, como así tampoco la distribución final de bancas dentro de cada partido, hay sin embargo datos claros a procesar y evaluar como saldo de la elección departamental en Paysandú, tanto desde el punto de vista electoral como de la gestión en curso y lo que cabe esperar de la administración que encabezará el intendente electo, Nicolás Olivera.
El futuro administrador del equipo que tendrá a su cargo la gestión del gobierno departamental en los próximos cinco años sin dudas asume una gran responsabilidad y un desafío para cumplir con lo que expuso en la campaña electoral, con el ciudadano como destinatario pero también como atento vigilante de que se hagan las cosas bien y poner énfasis en las respuestas que necesita Paysandú ya desde hace muchos años.
No es porque sí, por lo pronto, que desde la administración de Jorge Larrañaga –único intendente que resultara reelecto desde el retorno de la democracia–, se han ido alternando intendentes y partidos en la gestión del departamento, lo que revela, más allá de consideraciones políticas y electorales, que el ciudadano en general no se ha dado por satisfecho con las sucesivas administraciones municipales y que no le han llegado las soluciones que reclama.
También influyen las simpatías políticas y la composición del electorado, sus afinidades ideológicas, que tienen su incidencia en la elección departamental, pero aún así con un alto porcentaje de ciudadanos, tal vez no menor al 20 por ciento, que tienen una postura cambiante en el voto, según su propia perspectiva, y este sector es el que define el resultado de las elecciones.
Pero hay otros aspectos en juego que tienen que ver con la forma en que el dirigente político se evalúa a sí mismo en su gestión, y como en realidad lo percibe la población ajena al círculo que crea el microclima que le hace ver otra cosa a quien espera ser evaluado por el electorado.
Este elemento queda nítidamente expuesto cuando se escuchan reflexiones de dirigentes sanduceros del Frente Amplio que subrayan que “la gente de Paysandú no entendió el mensaje, porque no supimos transmitirlo”, como si el problema se centrara en la comunicación y no en la gestión.
Pero, ¿no se les ocurre pensar que tal vez la gente sí captó perfectamente lo que fue su gestión, lo que se hizo y lo que no se hizo, pero quiere otra cosa y por eso votó por el cambio?
Este aspecto es central y por lo menos revela un alto grado de soberbia en quienes así lo evalúan, porque pone de manifiesto que asumen –o pretenden hacer creer– que el rechazo popular fue antojadizo, que solo es un problema de comprensión del mensaje, como si el ciudadano fuera un ignorante al que hay que llevar de la nariz para que entienda.
Si se sigue considerando al ciudadano poco menos que como infradotado, que no es capaz de razonar y actuar en consecuencia por sus propios medios, siempre se estará tropezando con la misma piedra.
Y no se trata de que estemos haciendo un juicio de valor sobre la gestión, porque como suele ocurrir, ésta tuvo sus luces y sus sombras, sino sobre la falta de autocrítica o de reconocimiento de errores propios, que sin dudas los hubo. En cambio, se entiende del caso caer en la autocomplacencia de señalar que la gestión del Frente Amplio fue excelente, pero que sin embargo no se pudo hacer entender al ciudadano que esto que se hizo era lo mejor que le podía pasar y por eso registró una derrota tan contundente en las urnas.
Un gobierno departamental, ya en una visión global, tiene que hacer primero lo mejor que puede dentro de sus competencias, que comprende entre otros aspectos prioritarios la vialidad urbana y rural, los servicios imprescindibles como alumbrado y recolección y deposición de residuos, gestiones para la captación de inversión en el departamento en la diversidad de áreas posibles, una sinergia y coordinación con el gobierno nacional para hacer que las políticas públicas redunden en una mejor infraestructura local y servicios de carácter nacional, por citar solo algunos aspectos centrales.
Y si los recursos son escasos, como lo son, sobre todo en coyunturas económicas difíciles como las que estamos travesando, lo prioritario es acceder a lo esencial con lo que se tiene y se puede conseguir, antes que seguir incorporando áreas que podrán ser pasibles de un trabajo serio y dedicado cuando los recursos abundan, trabajando sobre el tejido social en la muy limitada forma en que lo puede hacer un gobierno departamental, pero con expectativas que no siempre es posible satisfacer y para lo que es necesario distraer recursos materiales y humanos de otras áreas o endeudándose.
La responsabilidad que recae sobre Olivera a partir de su asunción tiene que ver con hacerse eco de lo que plantea el ciudadano común, el que fuera de toda duda sí sabe discernir entre la realidad y lo que se le ha querido transmitir desde integrantes de la administración saliente. Por ejemplo, es preciso corregir déficits en materia vial, con calidad de obras que dista de ser la mejor y que obliga al poco tiempo a invertir nuevamente recursos para rehacer trabajos que deberían durar un lapso razonable de acuerdo a su costo.
Ello implica una certera previsión y seguimiento de la obra municipal y controles de las empresas adjudicatarias, además de trabajar criteriosamente en la búsqueda de inversiones, una acertada elección de las acciones prioritarias en una coyuntura muy difícil por la caída de actividad, su agravamiento por la pandemia y la consecuente mayor morosidad en los tributos municipales, con un instrumento formidable a disposición, como lo es el fideicomiso votado en la Junta Departamental para su uso por el gobierno que sucediera al de Guillermo Caraballo.
Una gran posibilidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque implica el contraer deuda en un gobierno departamental ya deficitario, por lo que deberán compatibilizarse acciones imprescindibles con las perspectivas de repago del fideicomiso más allá del período de gobierno, tal como fue autorizado por la Junta Departamental, en el entendido de que lo que se financie por esta vía debe ser de necesidad y proyección tal que trascienda las tareas habituales de una Intendencia, para dar sustentabilidad al crecimiento y desarrollo del departamento.
Una tarea que los sanduceros han confiado al próximo intendente por una sustancial mayoría de votos, en una carta de crédito que no es sin embargo carta blanca –valga el juego de palabras– ni irrevocable hasta que sea sometido nuevamente a la voluntad popular. Un desafío que implica entre otras cosas que el jerarca se rodee de un equipo de trabajo en el que la capacidad esté por encima de las inclinaciones partidarias y los amiguismos, con sensibilidad hacia la gente pero con la firmeza de poder decir que no llegado el momento y no emitir promesas fáciles, así como dotar de la mayor transparencia posible a su gestión, con discernimiento para generar lo que es posible antes que un ideal casi siempre inalcanzable.
Y sobre todo trabajo, mucho trabajo, creatividad pero no delirio, apertura mental y considerar propuestas vengan de donde vengan, en el entendido de que el objetivo supremo es lograr lo mejor para el departamento sus habitantes, que es el leit motiv de un gobernante.
Apostamos a la inteligencia y sentido común del nuevo intendente para llevar adelante la conducción del departamento dentro de estos parámetros, que sin dudas son también los que ha expresado implícitamente el votante sanducero en las urnas el 27 de setiembre.
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