Desde las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), preocupa la modificación de un artículo que generará problemas en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), especialmente en el aporte que recibirá la institución desde el Estado, señaló a EL TELEGRAFO el ingeniero agrónomo Fernando Bide.
El profesional sanducero que integra la Comisión Fiscal de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), y además acompaña al presidente Pablo Perdomo y el ejecutivo, explicó que “nos preocupa mucho la incorporación de un artículo en la Ley de Presupuesto que modifica el financiamiento del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)”.
Sostuvo que el INIA cumplió 30 años, “y en esa oportunidad se dio una discusión muy importante por parte del sistema político en su conjunto. Pero fundamentalmente, tiene dos particularidades muy importantes y relevantes que lo hacen casi único en América Latina, que es un financiamiento conjunto con los aportes de partes iguales de los productores. Cada producto que venden, tiene un adicional del Imeba que va para INIA del 4%”, dijo Bide.
“Y la otra mitad sostiene el artículo de la Ley, que el Estado deberá aportar al menos, lo que aportan los productores”, aclaró el profesional.
Otra particularidad planteada por el entrevistado, es que “la gobernanza del INIA también se hace en una Junta Directiva, conformada por dos integrantes del Poder Ejecutivo, y dos integrantes de los productores, siendo uno de ellos el sanducero Alberto Bozzo”.
Este artículo que incorporó el Ejecutivo en esta Ley de presupuesto, “es inconveniente e injusto”, subrayó. “Porque el artículo que modifica el anterior, dice que en lugar que el Estado aporte al menos lo que aportan los productores, dice que Estado aportará hasta lo que aportan los productores. Ese monto puede ir desde cero hasta el adicional de Imeba que mencionaba anteriormente”.
Entiende que “es inconveniente desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Desde el punto de vista que cualquier gobierno puede este u otro, verse tentado a aportar lo que quiera, y no lo que el espíritu de la Ley así lo creó, que fue trascender a los gobiernos y que sea un instituto que genere una política de investigación y de generación de conocimiento a lo largo del tiempo”.
Además, Bide lo considera “injusto porque cambiaría la gobernanza totalmente, al aportar más los productores y el Estado quedar libre para hacerlo como quiera”.
