El celular más caro que pueda comprarse hoy quedará obsoleto en pocos años. Lo mismo ocurrirá con cualquiera de los muchos aparatos eléctricos y electrónicos que a diario utilizamos en nuestros hogares y trabajos. ¿A dónde va todo eso? Si hace unos años la preocupación por la disposición final de ciertos productos de uso masivo a nivel personal y doméstico pasaba por las pilas y las lámparas, hoy el panorama se ha ampliado notoriamente en cuanto a la cantidad y variedad de artefactos aunque ese aumento –al menos en nuestro país– hasta ahora no ha sido acompañado por alternativas para disponerlos en una forma menos contaminante un vez que los consideramos basura.
De acuerdo a Naciones Unidas, el mundo produce unos 50.000 millones anuales de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos y América Latina genera el 7% de ellos.
En un informe de 2018 la ONU alertaba sobre el “tsunami” de desechos al que nos enfrentamos y sobre la enorme cantidad de dinero que se pierde por no reciclar más. En este sentido, el documento establecía una comparación muy gráfica para dar una dimensión del volumen de esa cantidad de toneladas de residuos electrónicos que produce el mundo: el equivalente a tirar a la basura 125.000 aviones jumbo o 4.500 torres Eiffel. Dicho de otra manera: se trata de una cantidad suficiente para cubrir de desperdicios tecnológicos toda la isla de Manhattan, en Estados Unidos, por citar un lugar icónico y conocido mundialmente.
En este sentido, se prevé que en 2040 las tabletas, los móviles y los portátiles desechados supondrán el 14% de las emisiones contaminantes del planeta, según un informe de la Universidad de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo.
Si nos preguntamos sobre las alternativas para una disposición final más adecuada para este tipo de residuos, el reciclaje es una buena respuesta, aunque los países todavía reciclan muy poco. En este sentido, a pesar que los desechos electrónicos producidos a nivel global están valorados en 55.000 millones de euros, solo el 20 por ciento se recicla formalmente.
No obstante, además del impacto positivo en la sustentabilidad ambiental y la creación de fuentes de empleo en el reciclado, la actividad también podría ser muy lucrativa dado que por cada tonelada de smartphones se pueden extraer hasta 300 y 350 gramos de oro, además de otros minerales también valiosos.
¿Qué pasa en Uruguay? Debido a la importante utilización de tecnología de uso doméstico y personal, nuestro país y Chile se encuentran por encima de la media de consumo de productos eléctricos y electrónicos de la región, con 11,5 kilos per cápita de generación de este tipo de residuos.
En concreto, Uruguay consume 50.000 toneladas de dispositivos electrónicos por año y 37.000 de ellas se convierten en residuos, compuestos principalmente por metales ferrosos, no ferrosos y plásticos.
El ministro de Ambiente, Adrián Peña, reconoció recientemente que “Uruguay no escapa de la realidad internacional” y que nuestro país “tiene un problema importante con la gestión de residuos”. “En particular, el desarrollo tecnológico, la vida cotidiana en la que hemos multiplicado el uso de aparatos, la obsolescencia programada hace que hoy tengamos que gestionar este problema”.
Nuestro país cuenta con una Ley de Residuos (número 19.829) del año 2019, que establece criterios para la gestión integral de residuos y que clasifica este tipo de desechos como especiales, ya que debido a su composición o características deben ser regulados para tener una gestión independiente del resto, aplicándoseles la responsabilidad extendida del fabricante e importador.
A mediados de octubre el gobierno presentó el Proyecto de Residuos Electrónicos en América Latina (Preal), que tiene por objetivo proteger el ambiente de los residuos peligrosos, recuperar materias primas y proporcionar productos restaurados, lo que extiende su vida útil.
En el marco de la asunción de políticas públicas ambientales, el Ministerio apunta a generar una gestión unificada de este tipo de residuos, a la vez que se trabaja en la reglamentación de la normativa vigente en la materia. A su vez, se trabaja en vinculación con el proyecto que involucra a 13 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela) con apoyo técnico y financiero de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), que brinda asesoramiento en políticas y regulaciones de residuos electrónicos, tecnologías de gestión adecuadas, modelos de negocios, creación de capacidad y sensibilización.
En el marco de esta iniciativa se trabajará en soluciones a nivel nacional para la recepción segregada, almacenamiento y transporte hasta instalaciones para el desmantelamiento de este tipo de residuos para luego valorizarlos o derivarlos a una disposición final o eliminación. Asimismo, se está pensando en la instrumentación de acciones de economía circular, tales como el reuso de los aparatos con fin social, la reparación de equipos o el desarrollo de un mercado de equipos usados en el marco de un concepto que apunta a la revalorización tanto de los productos como de sus componentes y materiales.
De acuerdo a lo informado oficialmente, junto al lanzamiento de Preal se inicia el proceso de trabajo con los actores vinculados a los importadores, fabricantes, sector público, academia y sociedad civil para construir la reglamentación de este tipo de residuos en el marco de la Ley de Gestión Integral de Residuos, aspirándose a contar con una norma que logre impulsar y aplicar una gestión ambientalmente adecuada bajo una visión común, adaptada a la realidad nacional y que logre una mayor valorización en el país.
Este último punto no debería tomarse como una simple declaración de principios o ideal orientador sino como un concepto que es necesario tener en cuenta para que las soluciones diseñadas sean “aterrizadas” a la realidad nacional con sus particularidades propias, como una condición fundamental para que las decisiones que puedan adoptarse a nivel de reglamentación cuenten con posibilidades ciertas de aplicación en el día a día porque, en caso contrario, poco se estaría solucionado el problema de origen.
En este sentido, resulta importante tener en cuenta las experiencias exitosas de economía circular y la gestión realizadas con este tipo de residuos en el país, por ejemplo por el Plan Ceibal, Antel Integra e, incluso, particulares que han encontrado en el reciclaje y reutilización una fuente de ingresos que además soluciona un problema socioambiental. Es de esperar que podamos comenzar a transitar hacia soluciones para este problema dado que además de su impacto contaminante no deja de ser un derroche seguir tirando lo que se puede aprovechar.
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