Hace pocas horas, como saliendo de atrás de un tártago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió una comunicación al gobierno de Luis Lacalle Pou, a través de la Cancillería, por la que esta comisión transmitió su inquietud por los hechos ocurridos la semana anterior en la plaza Líber Seregni en Montevideo, donde la Policía dispersó a grupos de activistas que se aglomeraron en este espacio, sin guardar las mínimas precauciones ni protocolos ante la pandemia, y además se rehusaron a retirarse y agredieron a policías que los exhortaron a dispersarse.
Nada nuevo bajo el sol en cuanto a este tipo de hechos, para los uruguayos que sabemos como viene la mano, porque han sido cosa corriente a partir de la permisividad y prescindencia con que se ha actuado por los sucesivos gobiernos del Frente Amplio, que han puesto énfasis en los supuestos derechos de activistas y delincuentes ante los de los ciudadanos de a pie, los que no cuentan con el apoyo de organizaciones sociales dominadas por grupos de izquierda y que forman parte de la maquinaria propagandística que sistemáticamente defiende a los sectores afines a su ideología.
En este último caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado informando que el gobierno tomó conocimiento de las comunicaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a lo ocurrido en Plaza Seregni en pasado domingo.
La CIDH tomó “nota con preocupación de la información recibida sobre distintos operativos policiales llevados a cabo el fin de semana con el fin de disolver reuniones sociales y culturales”, señaló en sus redes sociales.
Además, hizo énfasis en lo sucedido en Plaza Seregni, donde “según información de sociedad civil, la policía no habría priorizado el diálogo previo a su intervención”, lo que pone en clara evidencia que las “fuentes” de información de la comisión son precisamente los grupos de activistas y radicales que se colocan en postura de víctimas, cuando abundan los videos de la Policía en pleno diálogo y convocando a los asistentes a retirarse, lo que fue respondido con insultos y pedreas por los manifestantes.
Igualmente, la CIDH insólitamente llama a Uruguay “a adoptar un enfoque de derechos humanos en las medidas de contención de la pandemia, garantizando el derecho de reunión pacífica, sin armas, la libertad de expresión y el diálogo, en observancia de los estándares interamericanos sobre uso de la fuerza pública”, lo que es poco menos que un delirio, por no decir insulto, respecto a lo que ha sido la regla en nuestro país a partir del retorno a la democracia, por este y todos los gobiernos.
Ante el planteo de la CIDH, Cancillería señala que “en todo momento el gobierno ha utilizado como concepto central para manejo de la pandemia el de libertad responsable, apelando a la conciencia social de la ciudadanía para mitigar los riesgos derivados de la propagación del virus del COVID-19”.
Además, la secretaría de Estado señala que la Policía de Montevideo “se guió en todo momento por dicho principio, instando a las personas presentes en dicho espacio público, por medio del diálogo y la comunicación previas, a adoptar las medidas de precaución correspondientes y a disolver la aglomeración por los peligros que conlleva dicho tipo de conducta para la propagación del virus”.
“Ninguna de las personas presentes en las actividades en la Plaza Líber Seregni resultó herida, al tiempo que tres agentes de la Policía Nacional recibieron lesiones que los llevaron a ser atendidos en instituciones médicas”, añade el texto.
Asimismo, el gobierno “lamenta la precipitación y falta de imparcialidad de la CIDH al momento de pretender catalogar como presuntos abusos la actitud profesional de la policía uruguaya que resultó en la disolución de la riesgosa situación sanitaria para la población al tiempo que no generó lesión alguna en los ciudadanos involucrados en dicha instancia”.
En ese sentido, el gobierno “invita a la CIDH a seguir los procedimientos establecidos de comunicación previa con plazos razonables al Estado concernido, con anterioridad a emitir comunicaciones de esta naturaleza que prejuzgan equivocadamente respecto al preceptivo accionar de la institucionalidad de los estados”.
Además, considera “lamentable constatar que un órgano autónomo del Sistema Interamericano dedicado a velar por los derechos humanos pretenda hacer uso de su misión institucional para llevar adelante acciones incompatibles con la misión que los Estados integrantes de la OEA le han encomendado”.
“Debido a múltiples situaciones indudablemente críticas, todo lo relativo a los derechos humanos, su promoción y defensa es de suma trascendencia en el mundo actual y debe llevarse a cabo en forma continua, sólida y basada en información objetiva e incontrastablemente constatada; todo aquello que no se observa en el presente pronunciamiento de la Comisión”, concluye el texto.
Estas apreciaciones de la Cancillería no solo son pertinentes, sino un nuevo llamado de atención sobre la falta de equilibrio, las distorsiones y sesgo ideológico que surgen de los pronunciamientos o recomendaciones de la comisión, decididamente influenciada por los “datos” de las organizaciones y lobbies de izquierda locales que sin prurito alguno, y con la intolerancia que los caracteriza, disfrazan la realidad para llevar agua hacia su molino.
Es decir, reafirmando sus cuestionamientos al gobierno y por vía indirecta a la mayoría de los uruguayos que votó precisamente por el cambio de rumbo en cuanto al combate a la delincuencia y a los desbordes de los grupos de delincuentes y activistas que solo pretenden tener derechos y ninguna obligación hacia sus conciudadanos.
Lamentablemente, la combinación de ceguera ideológica e hipocresía de organizaciones y grupos de izquierda, se ha potenciado ante la frustración que les ha generado la expresión del pueblo en las urnas, y la respuesta la tenemos en este intento sistemático de victimización y de denuncia, sobre todo en Montevideo, el máximo reducto de esta expresión de “resistencia” nada menos que contra el veredicto popular.
Encima, tales organizaciones pretenden presentarse con un aire de imparcialidad, precisamente, cuando es notorio que en sus acciones demuestran una y otra vez que evalúan los hechos solo con el cristal con que quieren presentarlos, y lo que es peor, solo entienden que los derechos humanos deben custodiarse con su mirada particular, ajena a las demás opiniones, que son tan legítimas como las que se pretende imponer con discurso único e intolerante. → Leer más
Entre otros servicios incorporados, el Centro comercial e Industrial de Paysandú cuenta con un equipo de profesionales que asesora a sus asociados en materia jurídica, contable y notarial. En este sentido destacaron directivos a EL TELEGRAFO que se ha firmado un convenio de estas características, a la vez que se ofrecen capacitaciones empresariales, auditorías y cursos para otorgar mejores herramientas de trabajo al empresariado.
La Junta Departamental de Paysandú se reunió anoche en sesión ordinaria en el Auditorio Municipal “Miguel Angel Pías” de Casa de Cultura, oportunidad en la que bajo la presidencia de Raquel Medina primero y luego del titular Hermes Pastorini consideró el orden del día de 84 puntos y se enteró de los asuntos entrados y comunicaciones.
El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, anunció que su provincia trabaja en la elaboración de protocolos con el objetivo de iniciar la temporada turística de verano en diciembre próximo y dijo que ello implica la realización de gestiones ante el Gobierno nacional para que se habiliten los pasos fronterizos con Uruguay.
La investigadora, pedagoga y profesora de Didáctica y Organización Escolar en Tecnología Educativa, Linda Castañeda, participó en la edición especial de ENLACEvivo junto a expertos en educación de la Red Global de Aprendizajes.
El grupo Imagina Teatro llevará a cabo durante este mes de noviembre el último ciclo de la exitosa propuesta teatral seleccionada entre los 52 proyectos beneficiarios del Programa de apoyo para la reactivación del sector cultural y de las industrias creativas, con fondos del Fondo de Desarrollo del Interior, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP.
