“La LUC trastoca derechos, retira al Estado de las políticas públicas y afecta a los más vulnerables”

Integrantes de la comisión que recoge firmas para derogar 135 artículos de la LUC acompañaron al diputado Sabini.

Enmarcado en la campaña nacional para impugnar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), la comisión conformada por más de un centenar de organizaciones sociales y políticas, visita las localidades del Interior del país.
A Paysandú llegó el diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, acompañado por el delegado de las Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), Mauro Corti y el dirigente nacional de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Viviendas por Ayuda Mutua (Fucvam), Wiliam Guerrero, a fin de explicar los alcances de la campaña de recolección de firmas que aspira a llegar aun total de 700.000 a fines de junio.
El legislador explicó que la tarea “es un gran desafío porque, además, estamos en pandemia, con una situación económica y social que recrudeció. Eso hace que el tema de la LUC no esté en su agenda de prioridades. Tampoco hay mucha información sobre lo que tiene la LUC en su interior”.
Según Sabini, la LUC “trastoca derechos, como la libertad de expresión y los bienes públicos, como la educación o la vivienda. Los derechos de los trabajadores a la hora de percibir su salario y el derecho a la información porque se dan potestades de Inteligencia a Presidencia. Son derechos inherentes a la vida republicana, como la división de poderes”.
Explicó que este punto, “obliga al Parlamento a aprobar más de treinta políticas públicas en un lapso de 45 días. Y si no se hace, esa norma queda aprobada. Por ejemplo, si no se hubiera quitado al desmonopolización de Ancap hubiera quedado el proyecto del Poder Ejecutivo”.
El diputado frenteamplista precisó a EL TELEGRAFO que “alcanza con observar las temáticas que están en la LUC para darse cuenta que dentro de los 485 artículos, se pueden enumerar cuarenta temas diferentes. Van desde la política de inteligencia del Estado, las empresas públicas, la educación o la vivienda. Entonces, también se está violentando la Constitución y al constituyente que estableció este mecanismo como un mensaje al Parlamento”.
Consignó sobre la imposibilidad que los legisladores “tengan un estudio concienzudo de cada uno de los temas. Y lo puedo decir en primera persona porque participé de todo el proceso de discusión. Tuvimos que recibir a decenas de organizaciones, divididos en dos grupos, los días viernes. Recibimos a más de 120 con ese mecanismo y, por ejemplo, el Pit Cnt o la Universidad de la República contaban con 15 minutos”. Sabini resaltó que “esta es una pésima forma de legislar” porque los académicos realizaron ajustes a la redacción de la ley sobre la marcha de la votación.

La udelar

El dirigente estudiantil Mauro Conti, analizó que ante un contexto de pandemia “se propone retirar al Estado de la vida social. Lo vemos a partir de la inversión realizada en la Universidad de la República, donde se generaron test, mascarillas y laboratorios. Sin embargo, lo principal que reú ne la LUC es una regla fiscal que topea el gasto, cuando en realidad hay que invertir más”. Señaló que “en un momento de crisis económica vamos a tener que elegir entre salud, educación o vivienda. En nuestro caso, atenta contra una perspectiva histórica en la que Uruguay se sentía orgullo de la educación pública. Con esta ley se opta por priorizar a la educación privada y por eso decimos que es antidemocrática y mercantilizadora”.

Alquileres y desalojo

En representación de Fucvam, Guerrero señaló un escenario “preocupante por el desalojo ‘express’ en cinco días a pesar de ser un buen pagador, a diferencia de la ley actual que permite hasta un año. Hay cooperativistas que se encuentran en obra o integran cooperativas en trámites y están alquilando y nos manifestaron su preocupación. Por eso es importante para nosotros la recolección de firmas y que la población decida”.
Consultado sobre las consecuencias del ‘desalojo express’ que, según la LUC, aplica específicamente a quienes alquilan sin garantías, Sabini aclaró que “perjudica a los sectores más desprotegidos”.
Cuestionó si “la solución es desregular el mercado de alquileres para que puedan acceder al sistema. Porque si no hay políticas para esta población, entonces hay que hacerlas. El Ministerio de Vivienda tiene que habilitar a esas personas que no pueden acceder con un subsidio a la garantía para alquilar. Para eso se precisan políticas públicas y acá lo que ocurre es que se retira al Estado para que funcione el mercado”.