Pese a un trabajo de varios meses, la Comisión de Expertos en Seguridad Social designada por el Poder Ejecutivo para analizar la problemática en esta área no llegó a consenso siquiera en el diagnóstico del sistema jubilatorio, y ello introduce una incógnita e incertidumbre respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con cierto común denominador para estar mejor perfilados de cara a los desafíos que presenta el futuro en este tema.
Debe tenerse presente que en el intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, ha venido trabajando el equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas corrientes ideológicas en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
En un principio se abordó una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
El punto es que no solo no es un tema fácil, sino que implica un lastre para todo partido político que se tome la cosas seriamente y no pensar en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se mencione poco y nada en las plataformas electorales de cada convocatoria a las urnas.
Ahora, en el punto de cómo encarar una eventual reforma aparecen las diferencias, de acuerdo a los intereses de sectores y miradas ideológicas –a veces hasta fundamentalistas– que impiden conciliar puntos de vista.
Pero cuando la cosa empieza ya en el diagnóstico, resulta imposible alcanzar acuerdos porque se tiene un punto de partida distinto para posibilitar puntos en común en base a los cuales proponer soluciones. Tenemos así que la comisión de expertos no llegó a un consenso para diagnosticar el sistema jubilatorio y el documento que el grupo ha elaborado para entregar al Poder Ejecutivo según establece la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobado con los votos del oficialismo y la delegación empresarial, pero sin el respaldo del Pit Cnt, la asociación de jubilados ni los tres delegados del Frente Amplio en la comisión.
Más allá de que estos últimos sectores han pedido más plazo para seguir considerando el tema, las diferencias se han hecho notorias y se han sostenido respecto a dilemas como el plazo de estudio, si las AFAP deben mantenerse y cómo, si la sostenibilidad de la seguridad social está bien o mal ponderada, para empezar.
Para el presidente del grupo de trabajo, Dr. Rodolfo Saldain, especialista en el tema, “tenemos un documento de diagnóstico como nunca hubo”, y según el experto el principal logro del texto han sido los resultados demográficos.
Precisamente una de las principales conclusiones sobre el contexto demográfico es que la población de mayor edad crecerá de forma tendencial en las próximas décadas, tanto en el número como en el porcentaje con relación a los grupos de otras edades, lo que es un desafío formidable para el sistema jubilatorio, pero a partir de este dato las diferencias en posibles respuestas ha sido tajante dentro del grupo, lo que se puso de relieve luego de que Saldain entregó el primer borrador del diagnóstico, hace más de tres meses.
El foco principal de este diagnóstico tiene que ver con la sostenibilidad financiera, pero según la representante del Frente Amplio, Jimena Pardo, no explica la línea que cuidaría la sostenibilidad social, y considera que es necesario lograr un equilibrio entre estos dos aspectos, según da cuenta El Observador.
Sostuvo que el documento no expone cual es el objetivo “al que el gobierno tiene que llegar”, si va a cambiar algún formato estructural, si piensa organizar el Banco de Previsión Social (BPS) de otra manera y de ser así, el camino tendría que estar incorporado al diagnóstico.
Por su lado el Dr. Saldain evaluó que se está buscando un balance entre cobertura, adecuación de beneficios y la sustentabilidad, cuestionando a la vez que desde la oposición en el grupo no hay referencia al déficit ni a que cierren las cuentas.
Por su lado el representante del Pit Cnt, Hugo Bai, reconoció que los primeros borradores de la comisión fueron “peores” que el que se terminó aprobando por mayoría, en tanto otros reparos de la izquierda y las representaciones gremiales tiene que ver con la edad de retiro, situación del déficit por requerimientos de recursos de la caja militar y la policial, las AFAP y el impacto real de la reforma jubilatoria que se aprobó en 1996.
En base a esta primera aproximación y diagnóstico, se abre ya desde esta semana la etapa de elaboración de propuestas, lo que tendrá un plazo de discusión de 90 días, con la posibilidad de una prórroga, aunque desde la oposición se cuestiona este plazo, que se entiende debería ser mayor ante la magnitud de la problemática.
Por cierto, hay muchas moscas para atar por el rabo, porque además, como ocurre globalmente, no hay ningún partido ni sector que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que sí se entiende que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema, teniendo en cuenta por ejemplo que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
Porque además, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a unos 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se sitúa en 9,21 para 2020.
Es decir, que hay cada vez menos aportantes en la relación para sostener un sistema que demanda más recursos por efectos incluso de la mayor expectativa de vida, y esta brecha entre necesidades y realidad debe cubrirse por la vía de los aportes de Rentas Generales, es decir de todos los uruguayos, por la vía de gravámenes, lo que da la pauta del amplio espectro de aspectos a tener en cuenta a la hora de las propuestas, y que el sentido común debe primar por encima de la intolerancia ideológica, con la mirada puesta en el interés general.