(Presidencia)
El gobierno lanzó una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo, una iniciativa interinstitucional que ofrece una primera experiencia laboral a jóvenes estudiantes entre 16 y 20 años de todo el país. El objetivo es fortalecer el vínculo formación-trabajo a través del desarrollo de competencias transversales que les permitan desempeñarse en el mercado laboral y continuar sus estudios.
En el lanzamiento, realizado en Torre Ejecutiva, participaron los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de Desarrollo Social Martín Lema, y el director Nacional de Empleo, Daniel Pérez.
Enmarcado en la décima edición se otorgarán 651 becas laborales, de las que un 40% se destinará a inscriptos del Interior. Los puestos laborales son ofrecidos por 40 instituciones públicas que cumplirán además con la normativa vigente sobre cuotas por género, discapacidad, afrodescendencia y personas trans. En la oportunidad, además, se certificará a los participantes en habilidades como adaptación al cambio y trabajo en equipo. Los interesados están habilitados a inscribirse entre el 23 y el 30 de noviembre de 2021 en www.inscripción.com.uy.
En su oratoria, Da Silveira sostuvo que el programa representa la continuidad de una política pública que traspasó los gobiernos y resaltó su carácter interinstitucional. En ese sentido, precisó que desde el Ejecutivo se promueven políticas centradas en las personas y que es necesario que las estructuras del Estado se adapten a las necesidades y demandas de la población y no al revés.
Además, precisó que el trabajo y el estudio representan dos factores clave tanto en el desarrollo de las sociedades y el crecimiento de sus economías, como en el desarrollo y posibilidades de cada individuo.
Por su parte, Lema señaló que el programa ofrece herramientas y oportunidades para jóvenes uruguayos, en cuanto al logro de autonomía e independencia y no “condenarse a una dependencia estatal perpetua”. Añadió que desde el Mides se impulsan estas políticas interinstitucionales y explicó que el INJU contribuirá, como en cada edición, con talleres de orientación laboral para los jóvenes beneficiarios y precisó que la cartera amplió su cupo de becas, de 10 que ofrecía en 2019 a 60, para el próximo año.
Por último, Mieres destacó el compromiso del gobierno con esta política de Estado que apuesta a los jóvenes, a la educación y al trabajo; tres componentes esenciales de la gestión, remarcó. Explicó que en Uruguay la tasa de desocupación juvenil es tres veces mayor que la nacional, por lo que insertar a esta población es uno de los desafíos de la cartera.
DETECTARON 223 CASOS; UN FALLECIMIENTO
(SINAE)
El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que ayer martes se llevaron a cabo 10.268 análisis y se detectaron 223 nuevos casos de COVID-19. De éstos, 59 son de Montevideo, 38 de Canelones, 28 de Maldonado, 28 de Rocha, 12 de Treinta y Tres, 10 de Lavalleja, 10 de Tacuarembó, 9 de Florida, 9 de Salto, 6 de Colonia, 4 de Cerro Largo, 4 de Durazno, 3 de Paysandú y 3 de San José.
Ayer se registró un fallecimiento con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país y hasta el momento son 6.116 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay. Actualmente hay 1.958 personas que están cursando la enfermedad, 15 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.
SCJ DESESTIMÓ RECURSO CONTRA “IMPUESTO COVID”
(EL PAIS)
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) desestimó en las últimas horas un recurso de inconstitucionalidad presentado por un juez letrado del Interior en abril de 2020 contra el llamado “impuesto COVID”, incluido en la ley 19.874 que creó el Fondo Solidario COVID-19.
Se trató de un impuesto temporal que afectó a determinados funcionarios públicos de salarios medios y altos. Se aprobó en el Parlamento a comienzos de abril pasado para inyectar dinero al fondo destinado al control de la pandemia.
El impuesto rebajó transitoriamente los salarios de funcionarios públicos que ganaran más de $ 80.000 líquidos y las jubilaciones superiores a $ 100.000 líquidos, así como los ingresos de los cargos políticos en un 20% para atender la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.
El juez que presentó el recurso alegó recibir un salario superior a $180.000 y promovió la demanda de declaración de inconstucionalidad de los artículos 3,4 y 6 de la ley 19.874 (“Fondo Solidario COVID-19”) por “vulnerar los principios de igualdad ante las cargas públicas”, bajo el entendido de que sujetos con “igual capacidad contributiva deben soportar diferente carga tributaria”, señala el escrito de 44 páginas al que tuvo acceso El País.
El demandante aseguró que la categoría de sujetos que quedaron amparados en el impuesto fue “artificial”, al mismo tiempo que “caprichosa” porque “provoca en los hechos una desigualdad inusitada e injusta”.
“Existen miles de trabajadores privados que aún conservan sus empleos y que incluso no han visto disminuidos sus ingresos en modo alguno”, indica el escrito. La exclusión de esos sujetos lo consideró “violatorio del principio de igualdad”.