Desde hace más de una década que se incrementa el robo de cables del tendido eléctrico en todo el país. Existen algunas zonas más críticas que otras pero, en general, los hurtos se centran en los cables que llegan hasta los hogares.
Un entramado de negocio ilegal habilita la salida de decenas de toneladas a Brasil. En general, algunas estimaciones aseguran que Uruguay exporta unas 3.000 toneladas de cobre. Otros indican que es un mito, porque se trata de un mineral que, claramente, no produce.
No obstante, la industria uruguaya importa y elabora cables o termotanques que, una vez que se reciclan, se exportan principalmente a China y Brasil. Sin dudas que lo producido por los hurtos sale a través de una ruta ilegal que genera perjuicios millonarios, pagados por los propios usuarios de los servicios. Porque la población afectada debe abonar la reconexión de la energía luego de ocurrido el ilícito.
Mientras aumentaba el hurto de cobre, en las administraciones anteriores se llegó a prohibir las exportación, pero las autoridades debieron levantar la medida, en tanto los robos continuaban. A mediados del año pasado, el Ministerio del Interior presentó un proyecto al Parlamento para penalizar en forma específica al robo de cables dentro de la pasada Rendición de Cuentas, aprobada en diciembre.
Buscaba enviar una “fuerte señal política y jurídica” con el aumento de penas que, desde el 1º de enero de 2022, establecen un mínimo de 24 meses para los delitos contra los bienes públicos. UTE junto a Antel fueron los impulsores de la iniciativa que pretende evitar 32 robos por día, además de los consabidos perjuicios en la fibra óptica, transformadores y semáforos.
En 2020 hubo un incremento de 16 por ciento con respecto a 2019. Es un panorama que ubica al país como el segundo “exportador” de cobre del continente, detrás de Chile que es uno de los mayores productores mundiales, según el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel.
Otros calculan que el país se ubica en el octavo lugar, detrás de Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Bolivia. Le sigue Venezuela, donde está prohibida su exportación.
Durante el gobierno de José Mujica fue reglamentado el Registro Nacional de Industrializadores y Comercializadores de Cobre, pero nunca lograron mitigar el ilícito. En realidad, se han constatado fallecimientos por electrocución en los últimos meses que pintan la complejidad del panorama, a pesar de los años y la instrumentación de nuevas medidas. Porque el vendedor necesita de un comprador para cometer el hurto y la existencia de una oferta y demanda es clara.
El kilo de cobre (aproximadamente unos diez metros de cable) se compra a 200 pesos y, a pesar del descenso en la cantidad de robos, es posible observar un aumento de los casos fatales.
Durante el año pasado fueron denunciados 7.506 hurtos y es notorio que cuando sube el precio del mineral a nivel internacional, también se disparan los robos. El 2021 cerró con 20.000 kilos de cobre hurtados y al menos el 3 por ciento de los cortes de energía correspondieron a esta causa.
La Operación Hilo Negro, descubierta en octubre en Rivera, es una de las pruebas de la existencia del crimen organizado vinculado al robo de cobre, con acciones a cargo de consumidores de estupefacientes de un lado y otro de la frontera.
En la Dirección Nacional de Industria funciona una comisión interinstitucional abocada a la consideración de esta problemática, con la participación de UTE, Antel y el Ministerio del Interior. Y si la solución pasara por el cambio a cables de aluminio, tampoco variaría el escenario, porque los delincuentes no logran distinguir uno de otro y los roban de igual manera.
Es que se trata de un delito costoso por su valor, que se incrementó 25 por ciento en los últimos meses. Porque en este registro debe incluirse a las intendencias, con un alcance nacional que permite ver el detalle del perjuicio.
Entonces, el panorama seguirá oscuro, porque el precio del metal a nivel internacional se incrementa de manera sostenida. En forma paralela, las industrias recuperaron la demanda luego de la emergencia sanitaria y el uso del metal también registró un aumento.
Esa demanda generó un déficit de cobre, que tiene escasas reservas, y es otra de las razones para entender por qué el precio llegó a U$S 4.000 la tonelada. En este contexto, algunos países reciclan, pero en Urguay el cobre se exporta como residuo y las autoridades resolvieron acciones divididas entre el control y la persecución del delito.
El registro mencionado más arriba, y creado en 2014, detalla la existencia de 19 empresas comercializadoras de cobre. De acuerdo a los registros oficiales, los controles se amplían a los proveedores del material y se llevan adelante inspecciones en las empresas formales e informales, que son la mayoría por no cumplir con las habilitaciones requeridas. Una vez efectuado el relevamiento del material existente, el Ministerio de Industria procede a intimar a la regularización de aquellos que no cumplen.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que un comprador de efectos hurtados incurre en el delito de receptación. Por eso conforma una cadena “con muchos eslabones”, tal como lo define la directora nacional de Industria, Susana Pecoy.
UTE cuenta con una línea de denuncias online que en forma simultánea tramita con el Ministerio del Interior, a fin de confeccionar un mapa que concentre las inspecciones. Esta cadena de responsabilidades que empieza con una oferta tentadora del comprador y sigue por el hurto para su venta, ha provocado una serie de perjuicios colectivos que dejan barrios enteros sin luz o emprendimientos sin producir. Además, no corrige desigualdades porque los vecinos del área deberán encargarse de los costos. Y los contribuyentes a la seguridad social, deberán hacerlo incluso si el ladrón quedara con una discapacidad a causa de un ilícito. → Leer más