Con el paso de los años, y fundamentalmente a partir de la masificación de las redes sociales, se cuenta a disposición del ciudadano común con un instrumento formidable de difusión cultural, de ideas, de proyectos, de propuestas, de información, de educación, de intercambio social, de entretenimiento, entre un sinfín de posibilidades que otorga el mundo de la comunicación y la informática, con la salvedad de que a menudo no se hace un buen uso de esta herramienta.
Lamentablemente, lo que más se propaga y se hace viral son las malas noticias o el rumor amplificado, es cierto, pero a la vez se ha extendido la cultura de difundir una verdad a medias cuando no directamente una mentira, para que de la masificación surja un estado de opinión y a la vez los consabidos “escraches” hacia la víctima de turno, en un acto de juicio y ejecución sumaria de carácter masivo, y a otra cosa, sin que nadie se sienta culpable por participar voluntaria o involuntariamente de este acto de (in)justicia público.
Pero a la vez otro aspecto muy directamente relacionado con la manipulación de la información y juicio está relacionado con lo que hacen los “lobbies”, un conjunto de personas y/o entidades que actúan de consuno en aras de una causa, generalmente en beneficio propio o de sector, que se conjugan para ejercer presión a efectos de obtener determinados beneficios o concesiones, apostando al apoyo de la opinión pública con información deformada o velada para que queden escrachados los que se oponen o piensan distinto.
Esta acción de los lobbies, generalmente representativos de determinadas minorías, sectores o grupos que se victimizan, se autorreviste de supuesta representatividad de quienes dicen defender o reivindicar. Y acá está el fondo de la cuestión, porque no siempre es así –generalmente no lo es– y en cambio actúan por medio de su activismo en determinada dirección, pasando por encima de quienes integran también esos grupos de personas supuestamente discriminadas y que sin embargo pueden no compartir lo que se reivindica o directamente no aceptan los métodos que aquellos utilizan en aras de hacer justicia u obtener beneficios.
Entre estos grupos encontramos por ejemplo a determinados “feminismos” que han obtenido eco en gobiernos e instituciones permeables a estas presiones, so pena de quedar expuestos en “escraches” o en el banquillo de los acusados ante la opinión pública, a la vez que a través de eslóganes, gritos, carteles, manifestaciones y otros actos de activismo, tratan de torcer los hechos hacia su modo de ver las cosas.
Lamentablemente, han logrado por ejemplo influir sobre ciertos grupos con ideologías afines para redactar leyes que son indefendibles tan pronto se analizan con sentido común y las propias normas que nos rigen, como es el de establecer diferencias según quien sea la víctima de violencia, que pasa a tener características agravantes si es un “femicidio”, como si no fuera tan agravante un “viejicidio”, o un “enanicidio”, “idioticidio”, etcétera, como si no fueran todos igualmente condenables por arrebatarle la vida a un ser humano en inferioridad de condiciones o como sea.
Con este especial modo de ver las cosas según estos grupos intolerantes que entienden se embanderan con una buena causa pero generalmente se “bandean” porque no aceptan otra cosa que la que quieren ver, se han aprobado leyes que establecen diferencias de situación judicial según el sexo, al punto de que la senadora oficialista Graciela Bianchi ha manifestado que el sexo masculino en este régimen judicial está siempre en “libertad condicional” sin saberlo, porque en palabra contra palabra, se toma a priori como verdad la de la mujer, si es que estamos ante un caso de supuesta violencia o conflicto de género, obligando al hombre a probar su inocencia por la sola denuncia.
Respecto a esta problemática se manifiesta el diputado colorado Dr. Gustavo Zubía, exfiscal y quien tiene por qué saber sobre el tema, a propósito del tratamiento en cámara sobre el proyecto de ley de tenencia compartida, procedente de la coalición de gobierno y quien dijo estar de acuerdo con el proyecto en su totalidad.
Zubía indicó que el tema central es que la iniciativa hace “tolerar” las visitas de padres a sus hijos cuando tienen denuncias en su contra. Según el diputado hasta el momento esto era “ilevantable” porque cuando un padre tenía una denuncia en su contra automáticamente quedaba imposibilitado de continuar con las visitas a sus hijos, sin tener en cuenta la presunción de inocencia –mala palabra para las feministas radicales–, por cuanto se trata de una denuncia de contraparte sin que el caso haya sido objeto de un juicio.
Es decir que bastaba la denuncia –que podría ser justificada o no– para que el progenitor fuera discriminado en forma “automática”, por lo que el legislador indica tener la percepción de que “la sociedad uruguaya pretende volver a un equilibrio; machismo no, feminismo tampoco”.
Dijo que corresponde preguntarse si todas las denuncias de las madres contra padres están planteadas de acuerdo a la realidad y aseguró que “en función de mi experiencia, digo que esto no es así”.
En diálogo con El País, y siguiendo esta línea de razonamiento, el diputado se preguntó si las mujeres pueden mentir y contestó: “la respuesta es sí”, y de hecho, eso ocurre con bastante frecuencia.
Insistió además en que el Código de la Niñez y la Adolescencia no puede llevar a que apenas efectuada la denuncia se considere al progenitor como imputado, violando así el principio de presunción de inocencia. “Apuntemos a que el juez luego de escuchar al menor, tome las medidas acorde a la realidad”, lo que entiende necesario para que la justicia no se apoye “en una idealidad que favorece a las mujeres”.
Precisamente esto es lo que ocurre, porque en la realidad hay muchos casos en que estas denuncias son una forma de manipulación cuando hay conflictos de pareja que nada tienen que ver con la presunta violencia de género, y se puede utilizar a los menores como una forma de castigo o presión hacia la contraparte, haciendo uso de lo que la senadora Graciela Bianchi ha señalado como una situación permanente de “libertad condicional” para todos los hombres en general.
El punto a esta altura es si habrá voluntad política para revisar lo que se ha hecho mal en materia de legislación, bajo presión de estos lobbies y/o convergencias ideológicas, o si se seguirá siendo permeable a estos “escraches” públicos que sin duda seguirán haciendo aquellos grupos que han obtenido estas concesiones y pretenden mantenerlas indefinidamente, cuando no van por más.
