Día: 19 de septiembre de 2022

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Uruguay se encuentra en el séptimo lugar entre los países con cantidad de médicos por habitantes pero tiene una distribución desigual. La Sociedad de Medicina Rural estima que el 73 por ciento de los médicos residen en Montevideo y solo el 7 por ciento se encuentra al norte del río Negro.
El año pasado, por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó un adicional en la Rendición de Cuentas destinado a la radicación de médicos en el Interior profundo, a raíz de una iniciativa presentada por Alfredo Fratti, quien presidió la rama baja parlamentaria. La propuesta tuvo el apoyo del ministro de salud, Daniel Salinas y sostiene el objetivo de profundizar la capacitación a los especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria.

En forma paralela, a comienzos de este mes la Federación Médica del Interior (FEMI) advirtió por este déficit ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores, que estudia la presente Rendición de Cuentas y pidió más recursos para cubrir la demanda en ASSE fuera de la capital, ya que el 70% de los usuarios reside en el Interior.
El escenario expuesto ante la clase política es la realidad que viven a diario los pobladores del Interior, donde hay 24 médicos cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Montevideo se encuentran 74 cada 100.000.

La escasez se registra en las especialidades de Medicina Familiar, Ginecología y Pediatría. En este último caso, hay un especialista para atender 350 niños y adolescentes. En Montevideo, esa cifra baja a 107 pacientes de esa edad. Implica un 40 por ciento, de acuerdo a los datos presentados por la federación.
Y, en momentos en que se incrementan los casos de suicidios, también faltan especialistas en salud mental. Porque las tasas más altas de este flagelo están en el Interior, con Treinta y Tres y Rocha a la cabeza de una lista que ubica a Montevideo por debajo de la media nacional.

Los equipos multidisciplinarios son necesarios, no solamente en los hospitales, sino en los centros educativos para trabajar en el territorio con el cara a cara.
Y el aumento de la matrícula de estudiantes de Medicina en el Interior amplía esas posibilidades y genera esperanzas en la radicación de profesionales en el resto del país.
Porque no es muy difícil buscar la estadística y encontrarla. Además, la circunstancia es propicia para hablar de salud mental, justo a la salida de una pandemia que profundizó otras problemáticas ya existentes como la depresión. En Uruguay aumentaron exponencialmente las consultas con siquiatras y los profesionales deben repartirse para la atención en prestadores públicos y privados.
En la actualidad, las organizaciones de la sociedad civil e instituciones relacionadas a los jóvenes y adultos mayores apoyan las iniciativas que llevan adelante las autoridades sanitarias. Pero el flagelo ya estaba instalado y las cifras muestran un crecimiento sostenido en las últimas décadas.

Desde el año 2017, Uruguay tiene una ley de protección de la salud mental (Ley N°19.529) que no ha sido aplicada en su total dimensión. La legislación establece el cierre de colonias siquiátricas para el año 2025, pero ese plazo no se cumplirá. ASSE reconoció que “hay recursos pero no hay acceso” y falta la organización de los sistemas.
En el medio de esta situación, los casos más frecuentes de depresión y ansiedad aumentaron un 25 por ciento en el mundo a causa de la pandemia. Y Uruguay no estuvo ajeno a ese registro. Porque el consumo de sustancias y medicamentos relacionados a la depresión tampoco están por fuera de la realidad global. El estrés generado por la pandemia y otras consecuencias, como la pérdida de familiares, fuentes laborales o condiciones económicas, impulsaron a un avance de los trastornos.

Es así como el foco de atención a los problemas sanitarios en Uruguay ha cambiado y a las enfermedades cardiovasculares y oncológicas hay que sumar el espectro de la salud mental. La difusión en los medios de comunicación, la llegada a la ciudadanía con una política de cercanía y la promoción de hábitos saludables, implicarán un punto de inflexión.
La concepción integral de la salud permitirá quitar los estigmas que prevalecen desde tiempos históricos. Incluso ha sido presentado con un enfoque oscuro desde la literatura y las artes que ayudaron a alimentar fantasías que en tiempos modernos tienen que cambiar. La inserción social y el tratamiento oportuno facilitarán las relaciones interpersonales. De lo contrario, es volver atrás en la historia que tanto dificulta avanzar en este presente.

Por el momento, los números demuestran un fracaso en la atención a la salud mental a lo largo de las últimas administraciones. En estos días, el Ministerio de Salud Pública anunció que se instrumentará un registro obligatorio de los intentos de autoeliminación, que se calculan unos 50 por día o 18.200 por año.
El punto es quién hará el seguimiento de cada caso y el monitoreo del paciente para conocer su entorno o respuesta al tratamiento. Lo que ocurre es que las derivaciones de la salud mental no tienen el mismo impacto que la COVID-19 en las comunidades.

Sin embargo, hoy se plantea como un problema de mayor gravedad. Es importante contar con una respuesta que despeje las dudas, si alguien planteara dónde puede rehabilitarse de su depresión o consumo de sustancias.
Y si faltan equipos multidisciplinarios, un paciente de estas características no puede retornar a su casa sin un monitoreo. Porque no es muy difícil pensar que volverá a su intento de quitarse la vida, a las drogas, al alcohol o a la desesperanza.
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(Por Ernesto Kreimerman) Esto no tiene (solo) que ver con el gobierno y la oposición, ni con los partidos políticos con y sin representación parlamentaria, ni tan sólo con el poder judicial y la práctica del derecho, con la economía viva, la formal y la informal, ni tan sólo con las organizaciones sociales, sindicales, oenegés. No con cada una de todas las partes que forman el todo, complejo y compuesto, de la realidad uruguaya global y particularmente considerada.

Tiene que ver con el todo, con la cosa integrada. Especialmente, con la cuestión integrada y su falta de ensamblaje. Con que no nos salen las cuentas. Con que no asumimos nuestras cuotas partes, mientras que a los pocos que le va bien con ello son los que se benefician del resultado de esas realidades simuladas.
No se trata, porque sería más de lo mismo y, por tanto, estúpido y tiempo mal gastado, inofensivo para los malos y ofensivo para los buenos ciudadanos, que somos la mayoría, elevar el tono con ceño fruncido y rasgarnos las vestiduras, señalando al cielo con el dedo índice acusador.

Nada de eso ha dado resultado, obviamente. Ni cuando se hacía como una puesta en escena ni cuando ha sido la representación de la impotencia. Tampoco ha dado resultado la presunción del listillo que creyéndose un resucitado general romano, cual novato ignorante de la materia, proclamó frente a su espejo “vini, vidi, vinci”, y no llegó a ningún lado, no vio nada y no venció, sino que fracasó. La expresión “Vine, vi, vencí” es de Julio César tras la batalla de Zela, victorioso frente Farnaces II del Ponto en 47 a.c.; fueron dichas ante el Senado romano tras esa victoria militar. Pero los tiempos eran otros, y las guerras más crueles y directas.

Casi que podríamos decir que ya, como sociedad, lo hemos probado todo, o casi todo. Incluso en dimensiones serias, pero también éstas necesitan tiempo y recursos, económicos y humanos. Y la convicción, radical y absoluta, que las mejores intenciones y planes, con su intención o sin ella, encapsularon el problema, lo redujeron al acto delictivo en sí mismo, priorizando la acción directa, y por tanto, quedando el combate a la inseguridad encorsetado en la cuota parte visible del iceberg de las organizaciones mafiosas, algo así como el 90% de ese entramado, complejo y poderoso económicamente.

Esto tiene que ver con todos. Y lo primero es introducir condiciones objetivas y explícitas de conductas públicas, en todos los niveles que corresponda. Es hora que terminemos, de común acuerdo, a partir de un gran llamado nacional, con la opacidad y la informalidad. Llamémosle código que obligue a procedimientos y responsabilidades. Procedimientos claros y sin excepciones. Responsabilidades que si no se asumen, tengan sanción inmediata.

No se construye mirando hacia atrás. Hay que formular un nuevo funcionamiento del estado en sentido amplio, para alcanzas un ejercicio del poder transparente, obligado a procedimientos y sin opacidad. Que las agendas de los funcionarios de cierto rango, sea de carrera o de responsabilidad política, de los tres poderes del estado y de sus organismos de contralor, sean de acceso público: desde la solicitud de reunión con su exposición de motivos incluyendo quienes asistirán, la respuesta de la Administración, y posteriormente adjuntar una minuta de la propia reunión, concisa, completa y clara.

Existe amplia experiencia en el mundo acerca de esta primera cuestión. Sepamos que nadie tiene la sellada, la mejor, pero de todas ellas se puede aprender para no caer, una vez más, en normas meramente enunciativas, vacías de sentido y propósito. Burlas, sencillamente.
La academia aquí podrá jugar un rol muy importante, tanto expertos internacionales, para que hagan su aporte tanto conceptual como crítico. Es, obvio, que para ello se requieren recursos y deben estar disponibles desde el inicio.

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