La directora nacional de Inmujeres, Mónica Bottero, y el director departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Ignacio Ifer, instalaron un dispositivo especial de atención y asesoramiento a víctimas de trata de personas y trata laboral, a cargo de tres profesionales, que brindarán apoyo sicológico, social y jurídico. Es el cuarto dispositivo existente en el país, luego de Montevideo, Melo y Paso de los Toros.
“Paysandú sufre este flagelo y es un tema muy caro para el departamento y el Interior. Si bien el ministerio ya contaba y ha mejorado el dispositivo de atención a la violencia de género, faltaba este dispositivo que es necesario en nuestro departamento y se reclamaba desde la ciudadanía. Si bien ya se encuentra trabajando, es importante anunciar que es un equipo especializado en el tema de la trata de personas”, dijo Ifer.
Bottero agregó que “la descentralización de los servicios implica pensar cada política pública en clave de mirar hacia todos los departamentos del país y particularmente al norte del río Negro, que tradicionalmente han sido abandonados por la lejanía con la capital”.
En Montevideo, el servicio atiende anualmente a unas 120 mujeres. “Hasta ahora hay registros solo de la capital del país y Melo, donde se encuentra el dispositivo restante. La relación es de 80 a 20 por ciento. El dispositivo pequeño en Paso de los Toros se creó hace aproximadamente un año y hasta ahora se han atendido a unas 25 mujeres”.
Sexual y laboral
Inmujeres comenzó hace una década con un dispositivo de respuesta a la trata de mujeres, “tanto en los aspectos sexual como laboral”. El servicio cuenta con apoyo sicológico, social y jurídico a víctimas que que hayan presentado o no la denuncia correspondiente. “En estas situaciones, la denuncia es muy difícil porque detrás hay redes criminales. Después del narcotráfico y el tráfico de armas, el tráfico de personas es la industria ilegal que da más dinero en el mundo. Es particularmente dramático porque la mercancía de ese tráfico ilegal son seres humanos. El tráfico es la libertad y se logra quitándole esa libertad. Pueden ser mujeres –que son la mayoría– pero también hombres, niños y niñas”.
Explicó que las condiciones de esclavitud laboral “se da en las tareas rurales, en la industria textil y en otros países no tan lejanos como en Argentina. Aquí se ha descubierto la trata sexual, con explotación de mujeres y en algunos casos de adolescentes”.
Uruguay es un país de origen, destino y tránsito de personas. “De origen porque se han conocido casos de mujeres enviadas a otros países mediante engaños. En general, a España e Italia con falsos contratos de trabajo que las mantienen en condiciones de esclavitud y secuestro para trabajo sexual”.
Bottero agregó que “es un país de recepción porque en nuestro servicio, la mitad de las mujeres que atendemos son extranjeras. En su mayoría dominicanas, aunque también hay cubanas, colombianas y brasileñas”.
Fina línea
La directora identificó “un línea muy fina entre el trabajo sexual, que es legal en Uruguay, con la explotación sexual que es cuando una persona se beneficia económicamente del trabajo sexual de otra. Eso configura explotación. La trata es cuando la persona además de beneficiarse con la explotación, genera un secuestro o privación de libertad de la persona explotada, o un traslado de la persona explotada”.
En algunas instalaciones nocturnas, popularmente conocidas como “whiskerías”, “se encuentran mujeres explotadas con movimientos restringidos o que directamente no los tienen. Están amenazadas ellas, sus familias y sus hijos. En general, son trasladadas a localidades lejanas. Son personas con pocos recursos para volver a sus lugares, necesitan trabajar y por eso es que aceptan esa situación”.
Inmujeres preside el Consejo Nacional de Trata, que integra también el Ministerio de Defensa. “El subsecretario de Defensa es un gran colaborador del consejo porque, además, el ejército está en la zona de frontera y puede detectar situaciones. Por supuesto que el Ministerio del Interior, hacia donde hay que recurrir para denunciar, con una dirección especializada junto a Interpol y la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, la Cancillería e INAU. Algunas otras organizaciones como el Ministerio de Turismo, que nos pidió especialmente para integrar el consejo, porque sabemos que la hotelería se registran este tipo de situaciones”.
Ayuda técnica
El dispositivo de Paysandú cuenta con tres profesionales que asesorarán en aspectos jurídicos, sicológicos y sociales. “Las mujeres que están en estas situaciones se encuentran muy dañadas sicológicamente y nuestros dispositivos están preparados para eso. Para contactarse con el servicio recomendamos que se acerquen a las oficinas del Mides”. En Paysandú la demanda del servicio provenía de las instituciones públicas. “Conocemos casos como el de Guichón. Estas situaciones llevan mucho tiempo de investigación a cargo de Fiscalía y el Ministerio del Interior y es fundamental preservar la privacidad y el anonimato de las mujeres que recurren”.
Ante las consultas de mujeres extranjeras, el dispositivo les consulta si quieren ser repatriadas a su país y se hacen coordinaciones con las cancillerías o embajadas. En el caso que resuelva permanecer en Uruguay, se ponen en funcionamiento los dispositivos del Mides, Salud Pública y la Fiscalía.
