Lo que no está en el centro del debate político

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que “estamos complicados en el tema de los homicidios, no lo podemos negar”, al ser consultado por los últimos datos presentados por el Ministerio del Interior.

A estas alturas del debate político, tampoco es posible negar un incremento en los enfrentamientos entre bandas de narcotráfico y las razones que incrementan este delito. Con el protagonismo de las bandas ya instalado, es necesario recordar que durante años, en el país se discutió sobre la pertinencia de regular la producción, el mercado y consumo de algunas drogas. Hasta que la Ley 19.172 resolvió sobre el uso de cannabis, con la educación y concientización sobre el uso problemático de sustancias.

No obstante, ha quedado bastante fuera de las discusiones el impacto del lavado de dinero y sus implicancias en estas redes, que lleva décadas de influencia financiera proveniente de la actividad criminal. A medida que el combate arrecia en los países, el corrimiento del delito hacia el sur del continente latinoamericano, genera la creación de nuevas y complejas estructuras.
Pero la ilegalidad, necesita de la legalidad para su funcionamiento y, mientras no haya una discusión amplia sobre el lavado, todo lo demás llegará al país por añadidura. Porque esa es la parte fundamental del asunto y no es considerada en su real dimensión. Los asesinatos en los barrios y las estadísticas oficiales –que demuestran un aumento del delito en el territorio–, sólo serán rehenes de la polémica fácil. Esa es la parte del debate político que se arroja a la ciudadanía que consume las noticias para mantener su atención.

Lo cierto es que ha sido difícil establecer controles más duros al respecto. Y, conforme pasan los años, la estructura delictiva demuestra que ha sido finamente montada para dar sus frutos.
Probablemente las inversiones inmobiliarias sea la vía preferidas en Uruguay, que por décadas amplió sus servicios para el ingreso de mayores capitales. En el mundo entero hay porosidades que permiten a los estrategas meterse en las estructuras financieras, pero en Uruguay aún existen flexibilidades que contribuyen al lavado.

A partir de esas alturas, se puede divisar que a nivel territorial la política está enfocada desde el Ministerio del Interior que respalda la labor que puede hacer la Policía orientada al microtráfico, con el trabajo de las fiscalías. Pero, en cualquier caso, es relevante la tarea que realice Inteligencia. De lo contrario, no se llega a las arterias que mueven todo lo demás. Y ahí está la cuestión que se basa en la confianza.

La última Rendición de Cuentas pone la mira en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que no cuenta con recursos o mayores potestades para realizar el seguimiento de una cadena que tiene diversidad de eslabones.
Porque lo que vemos en el territorio es la violencia ejercida a partir del microtráfico, donde se gana un lugar y prestigio meteórico a fuerza de hechos delictivos. Esa es la forma de escalar, y la dinámica va en franco crecimiento.

En forma paralela deberá mirarse con atención el entorno y quienes crecen en esa violencia, tendrán mayores chances de perpetuarla. La ambición está puesta en el mercado y allí crecen las disputas, con las consecuencias visibles.

Así como también se destaca un incremento en el consumo, tránsito interno, oferta y baja percepción de los daños. Es un combo explosivo, desarrollado desde hace décadas, porque es inocente pensar –salvo que se utilice como argumento político partidario– que el aumento de los homicidios y las disputas territoriales son el resultado de la inseguridad, a secas.
Para eso es “crimen organizado” y es posible que el segundo vocablo explique todo lo anterior, porque la organización requiere tiempo, estructuras, influencias, flexibilizaciones y menos potestades de los organismos de contralor.

Es así que el panorama es desalentador y si las explicaciones permanecen empantanadas en las disputas políticas, será difícil de comprender que Uruguay ya es una ruta de salida importante hacia América del Norte y Europa.
Las presiones internacionales que recibe el país para mejorar el combate, no son patrimonio uruguayo. Porque los ojos están puestos sobre todo el continente y a esto, también lo saben aquellos que solo ven un homicidio en el barrio Peñarol o en la zona de Manga y lo repiten como si fuera el kid de la cuestión.

Y cuando se mejoren los controles en el país, el delito se correrá hacia nuevos destinos porque el poder económico está enquistado en otro lado. Por el momento, a nivel continental se observa una disputa entre los estados y las bandas criminales que tienen el poderío económico, por ganar ese territorio. En esa etapa se encuentra ahora, incluso Uruguay.

Cabe recordar que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en una de sus comparecencias al Parlamento reconoció la existencia de “45 clanes familiares” en Montevideo y la zona metropolitana, “sin perjuicio de otras que están por encima”. De hecho, hay narcos buscados internacionalmente de origen uruguayo y los contenedores con droga salen desde Uruguay hasta llegar a los puertos europeos.

Ese delito que no baja es el resultado de los enfrentamientos que, según la estadística del gobierno, aumenta un 25 por ciento. Porque no solo se trata de asesinatos, sino de resolver sobre uno de los problemas más violentos de todos los crímenes y de centrar el debate político exclusivamente en eso.