En los últimos dos años se presentaron tres proyectos en la Cámara de Senadores para abordar una solución a los deudores del Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que, según datos estimativos, involucra a unas 24.000 personas.
Una iniciativa corresponde al senador colorado, Germán Coutinho, otra a los senadores de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano y en mayo del año pasado ingresó el último proyecto de ley, a cargo de los nacionalistas Sergio Botana y Carlos Camy. En la comisión de vivienda de la cámara alta, los legisladores de la coalición acordaron unificar la iniciativa y apoyar el proyecto en cuestión, si “soluciona” el problema.
El proyecto
La iniciativa presentada por los nacionalistas plantea que las deudas en Unidades Reajustables (UR) para aquellos que pagaron más de 170 cuotas se podrán congelar en pesos. Dispone que el deudor, continúe pagando con el plan de cuotas que tenía vigente y se cancelará la deuda al momento en que finalice totalmente o cuando se paguen 120 cuotas sin atraso.
El artículo 3, de los cuatro que tiene la ley, limita la cuota al 30% del ingreso familiar. En caso de que cambie el ingreso, el deudor deberá comprobar que la cuota supera el tope y solicitar un cambio de plan de pago. El último artículo define qué se entiende por retraso o no, para que se mantengan los beneficios.
En su exposición de motivos, Camy y Botana enfatizan en el incremento de la UR por encima de la Unidad Indexada (UI). “Si tomamos como base el año 2007, cuando se creó la ANV, la diferencia es del 50%”.
Además, suman el inconveniente de los colgamentos generados entre los años 1984 y 1989. “En la reapertura democrática hubo una suba importante en los sueldos nominales, con lo que las cuotas en UR también aumentaron y se generaron los colgamentos para no agobiar tanto a las familias”. Agregan que “no está de más decir que el 75% de quienes forman el movimiento de deudores es gente mayor y que estos pagaron tres o cuatro veces su vivienda”.
Los legisladores sostienen que “no pretendemos que por solucionar este tema las nuevas generaciones se vean impedidas de acceder a la vivienda, ni que se desfinancie el Banco Hipotecario del Uruguay o la Agencia de Vivienda, por esto es que presentamos una solución que pretende ser justa y responsable con los deudores pasados, presentes y futuros del sistema”.
La diferencia con los proyectos ya presentados anteriormente es que no decreta la nulidad de la deuda. La propuesta de los nacionalistas la congela, pero no establece un perdón sino que facilita el pago. La iniciativa de Botana y Camy contaría con una mayor aceptación en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Avances
“Hemos avanzado y tengo expectativas de que en marzo, con la nueva legislatura, pueda haber una solución”, dijo Camy a EL TELEGRAFO. A fines de diciembre se reunieron con la ministra Azucena Arbeleche para considerar nuevamente la propuesta que se encuentra en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Senadores.
“Lo que nos señalaron el presidente de la República y la ministra de Economía, es que están de acuerdo con el espíritu de la propuesta. Seguramente evaluarán un camino administrativo, pero fundamentalmente analizarán algunos aspectos referidos a la estadística para saber el costo real de la propuesta. En función de eso, el alcance que tendrá el proyecto”, dijo el senador.
La cobertura del proyecto ley plantea una solución que alcanzará “aproximadamente a unos 24.000 personas que están comprometidas en esa situación. Pero, reitero, tengo moderado optimismo que puedan surgir novedades en los próximos meses. Es un tema muy angustiante para muchos uruguayos y fundamentalmente, no tengo ninguna duda que hay en juego un tema de equidad y justicia. Por eso impulsamos el proyecto de ley”.
Camy reconoció que “han pasado varios gobiernos. Todos sabemos lo mismo de esta situación y nunca se ha hecho nada. De manera que promovimos el proyecto y estamos comprometidos a resolverlo”.
En el Clearing
Cabildo Abierto presentó en setiembre de 2020 un proyecto de ley con el fin de reestructurar las deudas de las personas físicas. Aproximadamente un millón de personas se encuentran en el Clearing de Informes, de los cuales unas 630.000 son considerados “deudores irrecuperables”, según el Banco Central.
La iniciativa fue votada por unanimidad en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Sin embargo, al ingresar a sala tuvo los votos negativos del Partido Nacional y la propuesta del Frente Amplio para que retornara a la comisión. Esta última moción fue aprobada por el FA, algunos integrantes del Partido Nacional y un voto del Partido Colorado.
“El proyecto de Cabildo Abierto lo aprobamos en la comisión, que yo integro. Después, en el plenario, se decidió que volviera a la comisión. Yo no voté que volviera a la comisión. Creo que es un proyecto inspirado en un sentido de justicia y de dar cobertura a miles de uruguayos que están comprometidos en esta situación”, señaló Camy.
Según la propuesta, para comenzar el procedimiento conciliatorio administrativo en Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el deudor deberá estar dentro de los seis meses de haber incurrido en mora en el pago de la obligación.
En los 45 días restantes de haberse presentado ante el MEF, se llamará a una audiencia para conciliar al deudor con los acreedores. Los posibles acuerdos deberán reservar un ingreso mínimo para el deudor, que en ninguna circunstancia podrá ser inferior al 60% de sus ingresos. En caso de que no haya acuerdo, el tema pasará a los juzgados de primera instancia con competencia en lo civil. Allí un juez analizará la situación del deudor y presentará una propuesta de pago a los acreedores, “tomando en consideración muy especialmente la responsabilidad del acreedor en el otorgamiento del crédito”, dice la iniciativa.
Al retornar a la comisión, el senador cabildante Guillermo Domenech, aseguró que al tema se le da de esta forma “un entierro de lujo”.
Camy explicó que “hay algunas advertencias desde el punto de vista técnico que hacen que se tenga que estudiar más el proyecto. Por esa razón volvió a la comisión, pero por lo menos de mi parte le aseguro que no hay entierro de lujo. Veremos, como todo proyecto, en el ámbito de las discusiones, si se consiguen las mayorías para impulsar un proyecto de ley. De nuestra parte, es un causa justa”, concluyó.
