La “legalización” y cómo se sigue

El pasado 9 de marzo se dio a conocer un nuevo informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), sobre el seguimiento de las experiencias de legalización de algunas sustancias, en el que se plantea un escenario poco alentador para quienes han promovido estas iniciativas. Ya el título es bastante contundente: “La legalización de la marihuana ‘parece’ aumentar su consumo y no ha terminado con los mercados ilegales”. Cabe aclarar que las comillas de “parece” son de origen de ONU Noticias, y de allí que empleemos la expresión “bastante contundente”. Pero sin dilaciones, vayamos al tema.

El informe concretamente afirma que “no se han logrado los objetivos de la medida”, y aunque reconoce que “carece de datos oficiales para afirmar que el consumo de mariguana (Sic.) haya crecido donde se ha despenalizado su uso lúdico”, sí advierte sobre los daños de salud de esta liberalización.
Sostiene que –como es fácilmente comprobable por los informes de incautación de la Policía– “la legalización del cannabis no ha logrado reducir el consumo de drogas y los mercados ilícitos de narcóticos persisten”. Esa es tal vez la principal conclusión del informe de JIFE, que corresponde al año 2022.

La Junta plantea su preocupación por “la expansión de la industria del cannabis, que comercializa los productos a base de esa sustancia de una forma que atrae a la juventud y le resta importancia a los daños que puede causar el consumo del cannabis de potencia elevada”. Citado en un artículo de Noticias ONU, el vicepresidente segundo de la JIFE, César Arce Ríos, advierte por la “trivialización” del uso no médico del cannabis y la tendencia a su legalización, “principalmente en Latinoamérica y parte de Europa” y recordó que esta legalización recreativa “contraviene el artículo cuarto de Convención Única de Estupefacientes de 1961”. En esa instancia se clasificó al cannabis como “una sustancia altamente adictiva” y se prohibió todo uso no médico o científico.

Uno de los aspectos en los que enfatiza Arce Ríos es la incongruencia de datos de los países que llevan adelante estas experiencias, entre los cuales está Uruguay, aunque no menciona ninguno en especial y planteó un reproche por la falta de datos oficiales. “Tenemos datos oficiosos de países donde hay legalización y la información no es congruente”, afirmó Arce. “Por ejemplo, tomamos los datos de un país que informa que se ha estancado o ha disminuido el consumo, pero por el otro lado hay mucha venta e importación de cannabis, es decir, no coinciden los datos”, agregó. También señaló que hay “informes de oenegés que indican que el consumo ha crecido. Por eso usamos la palabra ‘parece’. Hasta tanto no tengamos un informe oficial y congruente de los países, no queremos afirmar que el consumo ha aumentado”, explica. Pero los datos extraoficiales muestran que en las jurisdicciones donde se ha legalizado, el consumo de marihuana ha aumentado entre 9% y 15% con respecto a los lugares donde su uso lúdico sigue prohibido, según JIFE.

El informe destaca que los mercados ilegales siguen activos en las jurisdicciones donde se ha legalizado el consumo, pese a que la legalización apostaba a desarticularlos. Según los datos disponibles representan el 40% en Canadá, casi el 50% en Uruguay y el 75% en California. Según Arce señala estos mercados ilegales prevalecen debido a que en ellos se vende a precios más baratos marihuana con mayor contenido de THC –el componente psicoactivo del cannabis–. En otras palabras, la marihuana ilegal “pega más”. También apunta el estudio de JIFE que este incremento del consumo y de la potencia de algunos productos del cannabis está ocasionando efectos negativos para la salud y afirma que “entre 2000 y 2018 las admisiones relacionadas con la dependencia y la abstinencia esa droga se multiplicó por ocho a nivel mundial, mientras que las admisiones debidas a trastornos psicóticos relacionados con la marihuana se cuadruplicaron”. Y esto hay que relativizarlo bastante, porque esta estadística no se limita a los territorios donde se experimenta con la legalización, que son una muy pequeña porción del Mundo.

Se apura Arce a asegurar que se ha fracasado en el intento de, por la vía de la legalización, “disminuir o eliminar el crimen organizado que se dedica a la venta de cannabis”.
Pero también cabe hacer un análisis de la experiencia. Uruguay viene llevando adelante la experiencia de regulación desde diciembre de 2013, en realidad ese es el año de aprobación de la Ley Nº 19.172, aunque de hecho la venta en farmacias comenzó en 2017, recién tres años y medio más tarde, es decir, que no lleva aún seis años y en Uruguay ya captó el 50% del mercado, según los datos de la JIFE. Pero además lo hizo con una implementación mucho menos que a medias, porque el producto legal –puesto en el mercado por el Instituto de Regulación del Consumo del Cannabis, Ircca– no está disponible en todas las farmacias, de hecho ni siquiera se consigue en la mayoría de las ciudades y los consumidores registrados tienen que viajar a otros departamentos para comprarlo. Además, está limitado en la cantidad que puede comprar por mes. Mientras que el vendedor ilegal está en cualquier esquina, en cualquier plaza sin restricciones ni cuestionamientos de tipo alguno. Por otra parte, el consumo de marihuana en Uruguay –donde es legal—es mínimo comparado con el de Estados Unidos, por ejemplo, país principal impulsor de las políticas prohibicionistas.

Entonces si lo que queremos es hacernos trampas al solitario y defender la posición de que el experimento fracasó, alcemos las palabras de Arce. Pero si lo que realmente pretendemos es determinar si la legalización o la regulación puede ser una herramienta efectiva para solucionar un montón de problemas que rodean al comercio ilegal de estupefacientes, sincerémonos y demos a la estrategia estatal todo el apoyo necesario: permitamos que los usuarios accedan fácilmente a un producto legal y seguro. Si las farmacias no quieren venderlo, que se busque otro expendio efectivo. Pero solamente así, dando todas las herramientas, se podrá decir si se cumplen o no los objetivos.