Desde tiempos inmemoriales en nuestro país las dificultades que se atraviesan prácticamente sin solución de continuidad han dado como resultado que los sucesivos gobiernos, por culpas propias y de los que los antecedieron, han debido atender urgencias que han demandado recursos y tiempo que debieron ser utilizados en apagar incendios, postergando la atención de los problemas importantes, los que requieren a menudo políticas de Estado y acciones que solo pueden encararse con éxito cuando se ha logrado incorporar la infraestructura necesaria para apoyar a los sectores productivos, los creadores de la riqueza, que luego se recicla en todo el tramado socioeconómico.
Sobre todo el Uruguay es un país en esencia agropedendiente, y este y otros sectores, desde el ámbito privado, son los que mueven la economía, y son por lo tanto los que aportan sistemáticamente para sostener el aparato estatal, las inversiones, el pago de salarios, la amortización de la deuda, el funcionamiento de los organismos que están en la primera línea en la contención social.
Así, se genera una masa de recursos que se redistribuyen –no siempre bien– en el tramado interno y en atender situaciones que solo puede hacer el Estado, el que administra los aportes que se vierten a través de impuestos y cargas sociales, los que generalmente son insuficientes para satisfacer todas las demandas, las que además se incrementan justo en tiempos de crisis, cuando merma la recaudación por concepto de una menor actividad.
En momentos en que se elabora el Presupuesto, como en las rendiciones de cuentas, cobran mayor vigor los planteos de algunas corporaciones que solo piden más y más recursos desde el Estado, como si todo lo demás no existiera y vivieran en un mundo abstracto, ignorantes exprofeso de la realidad socioeconómica que vivimos todos los uruguayos.
En buena medida siempre ha sido así, al fin de cuentas, solo que el advenimiento de la pandemia por ejemplo dejó al desnudo con mayor énfasis cómo se desenvuelve cada uno de los actores, tanto entidades como individuos, en la coexistencia del ámbito público y privado, porque el primero jamás podría subsistir si el segundo no crea la riqueza para que funcione el país, por más que haya todavía propuestas “delirantes” respecto a que todo se origina en la inversión estatal, como si los recursos se crearan por decreto del omnipotente Estado, para distribuirlos a criterio de los gobernantes de turno.
Bueno, el punto es que la cosa es exactamente a la inversa, es decir que las finanzas del Estado dependen del trabajo y la creación de riqueza por cada uno de los actores privados, y por lo tanto sin dudas las prioridades están trastrocadas en la percepción unilateral de las cosas que tienen quienes pretenden seguir como si tal cosa y estar prendidos en las maduras, pero nunca en las verdes.
Cabe recordar que en la pandemia y más que nada, las medidas adoptadas para tratar de contener su difusión, solo han sido un factor agravante del panorama que se venía arrastrando desde años antes, cuando el déficit fiscal estaba ya en más del cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
En medio de estas dificultades, se logró llevar el déficit a entre el 2,5 y el 3 por ciento, en un intento de equilibrar las cuentas, que dependen de la relación entre ingresos y egresos.
La menor actividad que se ha dado en los últimos meses, agravado ello por la sequía que hizo que se evaporara en menos de un año un monto no inferior a los dos mil millones de dólares por los problemas en el agro, ha hecho que este déficit fiscal resulte más difícil de abatir, y más aún cuando la invasión rusa a Ucrania trajo aparejada una fuerte inflación mundial, que recién ahora está aflojando.
Que afloje la inflación luego de los picos que ha tenido es una buena noticia, pero no es el único parámetro de la economía que debe tenerse en cuenta, sino que influye la situación del salario real, la relación cambiaria, con un dólar planchado –“atraso cambiario”– que impacta en la competitividad, y los precios internacionales, entre otros factores que no dependen muchas veces de las medidas que se adopten en lo interno.
Lamentablemente en el último trimestre de 2022 y en lo que va de este año, se viene dando un crecimiento menor al previsto, en parte por la sequía y en parte también porque los precios de nuestras principales materias primas de exportación han caído significativamente y estamos ante una desaceleración de actividad, con altos costos internos, desempleo difícil de abatir y situación comprometida de empresas.
De lo que se trata es de aprender de los errores –uno de los cuales es por cierto seguir pateando la pelota hacia adelante para no pagar costos políticos por medidas necesarias pero impopulares cuando se acercan los tiempos electorales– y establecer la regla de oro de llevar adelante políticas contracíclicas, por encima de la tentación de gastar lo que no se tiene, lo que significa destinar parte de los recursos adicionales a un fondo de contención y de respaldo para cuando el ciclo se revierta.
Esto es, en la conducción de un país, como también ocurre en la economía doméstica, la idea fuerza de aplicar el sentido común, el no gastarse todo lo que se tiene y aún más a cuenta, cuando se reciben ingresos adicionales, porque es fundamental tener un colchón para hacer frente a los avatares que inevitablemente sobrevienen en los ciclos de ida y vuelta de la economía.
